Comedores, SAE y MESA: la Provincia suma fondos y reasigna recursos ante la caída de transferencias nacionales
El gobierno de Axel Kicillof activó dos decisiones para sostener la asistencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires: abrió una línea de $200 millones para mejorar comedores y espacios comunitarios y habilitó el uso de excedentes del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para cancelar deudas pendientes del programa MESA.
No son fondos equivalentes ni persiguen el mismo objetivo, pero forman parte de una respuesta ante el crecimiento de la demanda y la caída de transferencias nacionales denunciada por la administración bonaerense.
El movimiento llega mientras municipios, organizaciones sociales e instituciones religiosas reportan más pedidos de alimentos, medicamentos y ayuda económica. El fenómeno dejó de concentrarse en el Conurbano: según el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, las solicitudes alimentarias en el interior se multiplicaron por cinco.
Un fondo para el entramado barrial
La Resolución 1564/2026 creó el Programa de Fortalecimiento Institucional a Espacios Comunitarios, con una inversión inicial de $200 millones durante 2026. La herramienta dependerá de la Dirección Provincial de Atención Inmediata, dentro de la Subsecretaría de Organización Comunitaria que conduce Santiago Fidanza.
Podrán acceder municipios, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y entidades religiosas que asistan a personas en situación de vulnerabilidad. Cada solicitante deberá presentar un proyecto y su presupuesto.
Los subsidios no fueron concebidos como una partida directa para comprar alimentos: estarán destinados a equipamiento, tecnología, mejoras edilicias y refacciones menores que amplíen la capacidad de comedores, merenderos y ollas populares.
La normativa también unifica los convenios, la ejecución y la rendición de los recursos. Para el Ministerio que conduce Larroque, esos espacios son “esenciales para el desarrollo y sostenimiento del entramado social territorial de la Provincia”.
La medida se conoció después de que el senador provincial e intendente de José C. Paz, Mario Ishii, pidiera declarar la emergencia alimentaria. La iniciativa legislativa tuvo poco avance y desde Gobernación respondieron que “difícilmente se solucione un problema de esta magnitud con una ley”.
Excedentes del SAE para cerrar pagos del MESA
Por otra vía, la Resolución 1573 autorizó a municipios y consejos escolares a utilizar saldos no ejecutados del SAE para pagar facturas del MESA correspondientes a marzo y abril. La decisión no incorpora una partida nueva: permite reasignar exclusivamente excedentes del rubro Alimentos, nunca recursos destinados a equipamiento.
El MESA, creado en 2022 para entregar módulos a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad, fue suspendido durante 90 días desde el 1° de mayo. La Provincia fundamentó esa pausa en la emergencia económica y la reducción de los envíos nacionales.
La autorización tampoco será automática. Los entes ejecutores tendrán diez días hábiles para declarar el dinero disponible y su origen; la Dirección del Sistema Alimentario Escolar evaluará cada caso. Luego deberán transferir los montos a la cuenta específica del MESA, presentar comprobantes y esperar la imputación contable del Ministerio.
La medida convive con un aumento del 15% para el SAE desde agosto, anunciado por Larroque junto con los ministros Carlos Bianco, de Gobierno, y Pablo López, de Economía. La inversión mensual pasará de $54.000 millones a $70.400 millones para sostener prestaciones destinadas a más de 2,5 millones de estudiantes.
La demanda ya salió del Conurbano
El refuerzo responde a una fotografía social que se agravó durante 2026. Larroque señaló que creció la presencia de varones adultos y personas mayores en los comedores y que aparecieron problemas habitacionales y situaciones de calle en distritos donde antes casi no se solicitaba ayuda.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, los intendentes Ricardo Curutchet, de Marcos Paz, y Sergio Barenghi, de Bragado, describieron más requerimientos de alimentos, remedios, prótesis y asistencia sanitaria. La subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, afirmó que las diócesis también observan una demanda que alcanza a familias vinculadas con escuelas parroquiales.
La Provincia sostiene que Nación mantiene una deuda de $220.800 millones por el SAE y que su participación en el financiamiento cayó de un promedio histórico cercano al 33% al 14,5%. Los reclamos fueron presentados ante el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
Larroque advirtió que el 90% del presupuesto de su cartera ya se destina a políticas alimentarias y vinculó este escenario con el programa económico nacional: “El rumbo económico de Milei tiene un impacto cada vez más fuerte en la economía de las familias”.