El campo abre otro frente contra Sturzenegger por el alquiler de tierras
La Federación Agraria Argentina rechazó la propuesta impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales y advirtió que eliminar el marco específico que regula el alquiler de campos significaría “retroceder, por lo menos, 100 años”.
La modificación aparece incluida en un anteproyecto elaborado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger, que todavía no fue enviado formalmente al Congreso. El artículo 39 del borrador propone derogar la Ley 13.246, sancionada en 1948, y la Ley 14.432, que introdujo modificaciones en 1955.
De concretarse el cambio, los contratos de arrendamiento y aparcería dejarían de contar con una regulación agraria específica y pasarían a quedar alcanzados por las disposiciones generales del Código Civil y Comercial.
Federación Agraria pide reformar la ley, pero no eliminarla
La presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, sostuvo que la legislación vigente constituye una herramienta central para el sector agropecuario porque contempla las particularidades de la producción, los ciclos biológicos y las condiciones propias de la agricultura y la ganadería.
La dirigente consideró que la norma otorga carácter agrario a una relación comercial que presenta diferencias sustanciales respecto de los alquileres urbanos. También remarcó que brinda previsibilidad, seguridad jurídica y reglas para los acuerdos entre propietarios, arrendatarios y aparceros.
“Es retroceder, por lo menos, 100 años”, afirmó Sarnari, al recordar que Federación Agraria surgió en medio de los reclamos de los productores arrendatarios y que la regulación de esos vínculos formó parte de las demandas históricas de la entidad.
La organización rural reconoció, sin embargo, que la ley necesita ser revisada para adaptarse a los cambios registrados en el campo. La posición de la entidad es avanzar con una actualización de algunos artículos, pero mantener una legislación particular para los contratos agropecuarios.
Sarnari señaló que la normativa fue concebida bajo la premisa de que el arrendatario era habitualmente la parte más débil de la relación contractual, una situación que no siempre se reproduce en la actualidad. En determinadas operaciones, explicó, quien alquila grandes extensiones puede tener una capacidad económica superior a la del propietario.
Qué contratos podrían verse afectados
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el futuro de los contratos accidentales por cosecha y de los acuerdos de pastoreo, figuras diseñadas para acompañar los tiempos específicos de la actividad agropecuaria.
Según la advertencia de Federación Agraria, la eliminación del régimen podría dificultar la continuidad de esas modalidades y llevar las operaciones a los plazos generales previstos por el Código Civil y Comercial.
La entidad también planteó interrogantes sobre las obligaciones vinculadas con el mantenimiento de los establecimientos, el cuidado del suelo, el control de malezas y la conservación de molinos, galpones y alambrados.
Otro punto sensible son las aparcerías pecuarias, mediante las cuales una de las partes aporta el campo y la otra los animales, mientras ambas establecen cómo se distribuirán los resultados de la producción.
Para Federación Agraria, esas relaciones necesitan conservar un encuadre legal que contemple la dinámica del sector y no pueden quedar sujetas exclusivamente a normas generales que no fueron diseñadas para la actividad rural.
Un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y el agro
La propuesta forma parte de un anteproyecto de más de cien artículos que plantea cambios en diferentes sectores productivos, comerciales y profesionales. Dentro del capítulo agropecuario también se incluyeron modificaciones en el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Como informamos en GrupoLaProvincia.com, las entidades rurales y la industria frigorífica ya habían rechazado la propuesta para eliminar la obligatoriedad de los aportes al IPCVA.
La discusión sobre los arrendamientos incorpora así un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y las organizaciones agropecuarias. Aunque Federación Agraria no se opone a revisar la norma, reclama que cualquier modificación preserve las características propias de los contratos rurales y la protección de los productores de menor escala.
El anteproyecto aún deberá atravesar la discusión interna del Poder Ejecutivo antes de su eventual envío al Congreso. Hasta que el texto sea presentado formalmente, la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales continuará vigente sin modificaciones.