¿Está preparada Buenos Aires para enfrentar el "Súper Niño"? El plan de prevención, las obras y la tensión con Nación
Las previsiones meteorológicas para el próximo semestre comenzaron a modificar la agenda del Gobierno bonaerense, de los municipios y también de la Legislatura. La posibilidad de que se consolide un fenómeno de "El Niño" de intensidad entre moderada y fuerte, con características que algunos especialistas ya califican como un posible "Súper Niño", aceleró reuniones técnicas, planes de contingencia y pedidos de informes para conocer cómo se prepara la provincia de Buenos Aires frente a un escenario de lluvias extraordinarias.
El desafío no es menor. Los antecedentes de los últimos años, con inundaciones que afectaron amplias zonas productivas y urbanas, dejaron en evidencia el impacto que pueden tener los excesos hídricos sobre la infraestructura, la actividad agropecuaria y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Ahora, con pronósticos que anticipan precipitaciones por encima de los valores habituales y temperaturas más elevadas, la discusión ya no gira únicamente en torno al clima: también pone el foco sobre la capacidad de respuesta del Estado.
En ese contexto, la administración de Axel Kicillof puso en marcha un trabajo conjunto entre distintos organismos provinciales para identificar las zonas más vulnerables, definir prioridades de intervención y coordinar acciones con los municipios. Sin embargo, la falta de precisiones públicas sobre el alcance del programa abrió un nuevo frente político en la Legislatura, donde tanto el radicalismo como La Libertad Avanza exigen conocer en detalle cuál será la estrategia oficial.
Un fenómeno excepcional que preocupa a los especialistas
El Niño corresponde a la fase cálida del fenómeno climático conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Se produce por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y modifica los patrones de circulación atmosférica en distintas regiones del planeta.
En la provincia de Buenos Aires suele traducirse en un aumento de las precipitaciones, tormentas más frecuentes y una mayor probabilidad de inundaciones, especialmente durante la primavera y el verano.
Los informes técnicos que analiza el Gobierno bonaerense indican que existe entre un 40% y un 60% de probabilidades de que el evento alcance una intensidad "muy fuerte", ubicándose entre los más importantes registrados desde que comenzaron las mediciones sistemáticas en la década de 1950.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario también estiman una probabilidad cercana al 90% de atravesar una fase cálida de intensidad moderada o fuerte durante los próximos meses, con un semestre más lluvioso que el promedio histórico.
Frente a ese escenario, el Gobierno provincial comenzó a coordinar un esquema preventivo que involucra al Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Comisión de Emergencia Agropecuaria y los municipios.
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, explicó que las tareas apuntan a reducir el impacto de un evento climático que consideran prácticamente inevitable. Entre las prioridades aparecen la limpieza y adecuación de canales, alcantarillas, cunetas y puentes, el mantenimiento de caminos rurales y el fortalecimiento de los equipos que deberán intervenir ante eventuales emergencias.
Las autoridades provinciales también trabajan con información aportada por los municipios para detectar las zonas más expuestas y priorizar las intervenciones antes del comienzo del período de mayores precipitaciones.
La coordinación alcanza además al Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), donde participan la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Dirección de Vialidad, la Autoridad del Agua (ADA), Aguas Bonaerenses (ABSA), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA), Buenos Aires Energía (BAESA) y otras áreas técnicas del Ejecutivo.
Los informes que maneja la Provincia muestran un panorama complejo. Entre el 60% y el 65% del territorio bonaerense presenta actualmente condiciones de riesgo hídrico alto o crítico, especialmente en el centro y este provincial. Al mismo tiempo, entre el 35% y el 40% de la superficie registra suelos saturados, una condición que reduce la capacidad de absorción frente a nuevas lluvias intensas.
En varias zonas de la Cuenca del Salado, además, la humedad acumulada durante los últimos meses mantiene en alerta a los equipos técnicos. Distritos del centro y noroeste bonaerense aparecen entre los más comprometidos si las precipitaciones superan los promedios históricos.
Para el Gobierno provincial, ese diagnóstico obliga a acelerar tareas preventivas antes del inicio de la primavera.
Las obras que buscan reducir el impacto
Mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento más inmediatos, la Provincia también sostiene un conjunto de obras hidráulicas de mayor escala destinadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos extremos.
Según datos oficiales, actualmente se ejecutan 135 intervenciones hidráulicas, además de estudios de drenaje urbano y defensas costeras, con inversiones cercanas a los 285 mil millones de pesos. Paralelamente avanzan otras obras regionales destinadas a fortalecer la infraestructura que protege al sector agropecuario, con partidas superiores a los 245 mil millones de pesos.
Entre los proyectos estratégicos figuran la refuncionalización del Canal Maldonado en Bahía Blanca, la adecuación del río Areco en San Antonio de Areco y San Andrés de Giles, nuevas obras pluviales en La Matanza y la modernización del sistema Presa Roggero, que beneficiará a varios municipios del conurbano.
También fueron finalizadas intervenciones sobre el río Luján, defensas costeras en General Pueyrredón y mejoras en los sistemas de bombeo de Lomas de Zamora y Almirante Brown.
La prevención también llegó a los municipios
El posible impacto del fenómeno ya comenzó a movilizar a distintos gobiernos locales. En Olavarría, el intendente Maximiliano Wesner encabezó reuniones con Defensa Civil y las distintas áreas del Ejecutivo municipal para analizar los escenarios previstos y avanzar en la actualización del Comité Operativo de Emergencias.
En Tigre, uno de los distritos históricamente más expuestos por su ubicación en el Delta, el intendente Julio Zamora confirmó que continúan las tareas de limpieza de arroyos y desagües, el mantenimiento de estaciones de bombeo y la actualización de protocolos para responder ante una eventual combinación de lluvias intensas, crecidas del río Paraná y sudestadas.
También en otros municipios comenzaron a revisarse planes de contingencia con el objetivo de anticiparse a un escenario que podría repetirse con mayor intensidad que en temporadas anteriores.
En paralelo, mientras el Gobierno provincial asegura que el trabajo preventivo ya está en marcha, la falta de información pública sobre el detalle de las intervenciones derivó en una ofensiva legislativa para exigir precisiones.
El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados presentó un pedido de informes impulsado por la diputada Sofía Pomponio, dirigido al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y al ministro de Seguridad, Javier Alonso. La iniciativa reclama conocer cuáles son los protocolos previstos para enfrentar posibles inundaciones, qué áreas fueron identificadas como prioritarias, cuáles serán los recursos presupuestarios destinados al plan y qué mecanismos de coordinación se aplicarán durante una eventual emergencia.
En paralelo, la senadora provincial Natalia Quintana, del bloque Hechos UCR Identidad, presentó una iniciativa similar en el Senado bonaerense para acceder a los detalles del programa que prepara el Ejecutivo.
La legisladora sostuvo que la provincia reúne condiciones que la vuelven especialmente vulnerable frente a un fenómeno de estas características por la extensión de sus cuencas hídricas, la presencia de amplias llanuras con escasa pendiente, numerosas zonas naturalmente deprimidas y el peso que tiene la producción agropecuaria dentro de la economía bonaerense.
En ese sentido, solicitó conocer el cronograma de ejecución de las intervenciones, los organismos responsables, las partidas presupuestarias asignadas, el grado de avance de cada obra y las tareas específicas previstas en cada región.
Además, pidió que el Ejecutivo informe cuáles son las áreas geográficas consideradas de mayor riesgo frente a posibles inundaciones, anegamientos, desbordes de cursos de agua y ascenso de napas, así como los criterios técnicos utilizados para priorizar las intervenciones.
"La gestión del riesgo climático no puede limitarse a respuestas posteriores a la emergencia; constituye una política pública permanente que exige planificación, inversión sostenida, coordinación interjurisdiccional, información científica actualizada y transparencia en la utilización de los recursos públicos", argumentó Quintana al fundamentar el pedido.
La discusión también pasa por los fondos
La preparación frente al posible "Súper Niño" abrió otro debate que excede las tareas preventivas y se instala en el terreno político: el financiamiento de las grandes obras hidráulicas.
Desde el Gobierno bonaerense sostienen que varias intervenciones estratégicas permanecen condicionadas porque la administración nacional todavía no otorgó los avales necesarios para acceder a créditos internacionales destinados a infraestructura hídrica.
Entre ellos aparece el financiamiento para avanzar con el Tramo V del dragado del río Salado, considerado una de las obras estructurales más importantes para reducir el riesgo de inundaciones en amplias zonas productivas de la provincia. Según datos oficiales, la Nación aún no autorizó desembolsos por casi 1.973 millones de dólares, pese a que los organismos internacionales ya dieron su aprobación.
Desde la administración provincial advierten que esos recursos permitirían ampliar la capacidad hidráulica del río Salado, avanzar con conductos aliviadores y ejecutar obras que beneficiarían tanto a municipios del interior como del conurbano bonaerense.
En ese contexto, el ministro Javier Rodríguez cuestionó la posición del presidente Javier Milei respecto del cambio climático y advirtió que desconocer ese fenómeno dificulta la planificación de políticas públicas.
El funcionario aseguró que el cambio climático dejó de ser una discusión teórica y recordó que los productores agropecuarios vienen padeciendo en los últimos años sequías prolongadas, inundaciones y tormentas cada vez más intensas.
Rodríguez también expresó su preocupación por los despidos registrados en el Servicio Meteorológico Nacional y sostuvo que la reducción de personal implica perder información clave para elaborar pronósticos y diseñar estrategias de prevención.
Un desafío que pone a prueba la capacidad de respuesta
Más allá de las diferencias políticas, existe un punto de coincidencia entre especialistas, organismos técnicos y gobiernos locales: el margen para improvisar será reducido si los pronósticos finalmente se cumplen.
Las experiencias recientes dejaron en evidencia que los excesos hídricos afectan simultáneamente a las ciudades, la producción agropecuaria, la infraestructura vial y los servicios básicos. Por eso, las próximas semanas serán determinantes para avanzar con tareas de limpieza, mantenimiento y coordinación entre Provincia y municipios.
Con la primavera cada vez más cerca, el monitoreo sobre la evolución del Pacífico continuará siendo permanente. Al mismo tiempo, el debate político seguirá centrado en otra pregunta: si el plan diseñado por la Provincia alcanzará para reducir el impacto de un fenómeno que podría ubicarse entre los más intensos registrados en las últimas décadas.