Puertos, trabajo y soberanía: la ofensiva de Milei que la Provincia busca frenar desde la Legislatura

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una profunda reforma de la Ley de Cabotaje abrió un nuevo frente político entre la administración de Javier Milei y la provincia de Buenos Aires. Mientras la Casa Rosada sostiene que la apertura del mercado permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad, desde la Legislatura bonaerense advierten que el proyecto compromete el futuro de la marina mercante, la industria naval, miles de puestos de trabajo y la soberanía sobre un sector considerado estratégico. 

En ese escenario, la diputada provincial de Fuerza Patria Silvina Nardini presentó un proyecto de declaración para expresar el rechazo de la Cámara de Diputados bonaerense a la iniciativa que el presidente Milei confirmó durante el acto de cierre de la Exposición Rural 2026 y que será enviada al Congreso nacional.

La legisladora sostiene que la reforma representa un cambio de paradigma en el transporte entre puertos argentinos y que sus consecuencias impactarán de lleno sobre la estructura productiva de la provincia. 

La batalla por el control del cabotaje

El proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional forma parte del paquete de desregulaciones diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y propone modificar el régimen vigente desde hace más de ocho décadas.

Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad de que buques de bandera extranjera realicen transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos mediante autorizaciones temporarias, una actividad que históricamente estuvo reservada a embarcaciones de bandera nacional. La propuesta también elimina los aranceles para importar barcos nuevos o usados de hasta 20 años de antigüedad y flexibiliza el régimen laboral de las tripulaciones.

Según el esquema planteado por el Gobierno, durante los primeros 90 días los buques extranjeros podrán operar sin obligación de contratar tripulación argentina. Entre los 91 y 180 días deberán incorporar un mínimo del 20% de personal nacional, porcentaje que ascenderá al 40% durante el primer año y llegará al 75% una vez cumplidos los doce meses de actividad.

Desde la Casa Rosada aseguran que estas modificaciones permitirán ampliar la oferta de embarcaciones, bajar costos logísticos y favorecer la competitividad de distintos sectores productivos. Como ejemplo, el Presidente mencionó la posibilidad de trasladar por vía fluvial parte de la arena utilizada por la industria de Vaca Muerta, reduciendo el transporte por camión y el costo de los fletes.

La respuesta de la Legislatura bonaerense

Para Nardini, sin embargo, la iniciativa omite analizar el impacto económico, laboral, industrial y estratégico que tendría sobre una actividad considerada esencial para el desarrollo del país.

En los fundamentos de su proyecto, la diputada sostiene que el transporte entre puertos nacionales constituye una herramienta de política pública destinada a garantizar la integración territorial, fortalecer la infraestructura logística, promover el desarrollo industrial y preservar una flota mercante propia para responder a necesidades económicas y de interés nacional.

"La apertura irrestricta del cabotaje generaría una competencia desigual, ya que muchas embarcaciones extranjeras operan bajo regímenes laborales, previsionales e impositivos considerablemente menos exigentes que los vigentes en la Argentina", advierte la legisladora.

La iniciativa también recuerda que el régimen actual tiene sustento en el Decreto-Ley Nº 19.492 de 1944 —posteriormente ratificado por la Ley Nº 12.980— y que esa política fue reafirmada años más tarde por las leyes de Marina Mercante y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, con el objetivo de proteger la flota argentina, incentivar la construcción naval y resguardar el empleo del sector.

Uno de los ejes del proyecto presentado en la Legislatura apunta al peso específico que tiene la provincia de Buenos Aires dentro del sistema portuario nacional.

Nardini sostiene que una eventual apertura del cabotaje afectaría directamente a puertos estratégicos como La Plata, Dock Sud, Bahía Blanca, Quequén, San Nicolás y Mar del Plata, nodos fundamentales para el comercio exterior, el abastecimiento interno, la producción agroexportadora, la actividad industrial y el desarrollo energético.

A ello se suma la concentración de buena parte de la industria naval argentina en territorio bonaerense, integrada por astilleros públicos y privados, empresas metalúrgicas, talleres especializados, proveedores de servicios e instituciones dedicadas a la formación técnica de profesionales vinculados a la actividad marítima.

Según la diputada, permitir que operadores extranjeros compitan bajo condiciones laborales y tributarias diferentes podría traducirse en una pérdida de actividad para toda esa cadena productiva.

El gremio habla de "un tiro de gracia"

Las advertencias no provienen únicamente del ámbito político. El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, cuestionó con dureza el proyecto oficial y aseguró que la reforma implicaría "el tiro de gracia a la Marina Mercante".

El dirigente explicó que la derogación del régimen vigente habilitaría a buques extranjeros con menores costos laborales e impositivos a competir directamente con la flota nacional.

"Deroga la Ley de Cabotaje Nacional, que reserva para buques de bandera argentina y titulaciones argentinas todo el comercio que se realiza entre puertos argentinos", sostuvo.

Moreno también vinculó la discusión con la soberanía logística del país y recordó que durante la pandemia el transporte marítimo y fluvial fue declarado actividad esencial.

"Si esta ley avanza, quedaremos a merced de buques de otras banderas que impondrán el valor del flete que consideren conveniente y no tendremos otra alternativa que aceptarlo", afirmó.

El dirigente agregó que el proyecto también elimina herramientas destinadas a la capacitación de trabajadores del sector y confirmó que la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) impulsa una iniciativa alternativa que propone crear un segundo registro para la bandera argentina, similar a los modelos implementados en países como Noruega y España, con incentivos fiscales pero manteniendo la reserva del cabotaje nacional.