Tarifazos, facturas impagables y Zona Fría bajo amenaza: crece la bronca en el interior bonaerense

El costo de la energía volvió a instalarse como un problema concreto en distintos puntos del interior bonaerense. En el Partido de La Costa, vecinos, comerciantes y prestadores turísticos se movilizaron frente a las oficinas de EDEA por facturas de electricidad que, según denunciaron, llegaron a cientos de miles de pesos y, en algunos casos, superaron el millón.

El reclamo se produjo mientras permanece abierta otra discusión de alto impacto para los hogares bonaerenses: el futuro del régimen nacional de Zona Fría, que otorga descuentos sobre las tarifas de gas y que el Gobierno de Javier Milei busca reducir.

En paralelo, la Legislatura bonaerense tomó una decisión en sentido contrario. La Cámara de Diputados, presidida por Alejandro Dichiara, dio media sanción a un proyecto que transforma en permanentes los beneficios impositivos para el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable. La iniciativa alcanza a municipios del extremo sur y busca darle previsibilidad a un esquema que hasta ahora dependía de renovaciones periódicas.

La protesta que encendió la alarma

El último capítulo del conflicto tarifario se registró en Santa Teresita y San Clemente del Tuyú. Los vecinos se concentraron frente a las sedes de EDEA para cuestionar el monto de las últimas liquidaciones y exigir explicaciones sobre los valores registrados.

Entre los reclamos aparecieron pedidos de revisión de las facturas, cuestionamientos por las lecturas de los medidores y críticas por la composición final de las boletas. Los usuarios exhibieron facturas de entre $500.000 y $800.000 y también denunciaron casos superiores al millón de pesos. Uno de los manifestantes relató haber recibido una boleta de $1,5 millones, después de haber pagado alrededor de $600.000 en el período anterior.

El impacto alcanza tanto a los hogares como a los comercios. En una región donde el acceso al gas natural no cubre a todos los sectores, la electricidad es utilizada para calefaccionar viviendas y para el funcionamiento de termotanques y otros equipos durante el invierno.

Los comerciantes, además, deben afrontar el consumo de heladeras, cámaras de frío, hornos, iluminación y maquinaria, en un momento del año en que la actividad turística se encuentra lejos de los niveles de la temporada de verano.

Los manifestantes anticiparon que continuarán con el reclamo y que buscarán llevar el planteo al Concejo Deliberante. También evalúan recurrir a la Justicia mediante un eventual amparo colectivo si no encuentran respuestas.

Gentileza: FM La Marea.

Una factura que se convirtió en un problema político

El reclamo de La Costa excede el caso puntual de una empresa distribuidora. La discusión vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tiene el esquema tarifario sobre familias y pequeños comercios del interior, especialmente en municipios donde las condiciones climáticas aumentan la dependencia de los servicios energéticos.

La situación también adquiere una dimensión política por el debate sobre los subsidios. La administración de Milei sostiene una política orientada a reducir el gasto estatal destinado a sostener tarifas y avanzar hacia esquemas más focalizados.

En ese marco aparece la discusión por Zona Fría. El régimen permite que millones de usuarios accedan a descuentos sobre el precio del gas y tiene una fuerte presencia en territorio bonaerense.

El Gobierno nacional busca revertir parte de la ampliación realizada en 2021, que incorporó a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires al esquema. La propuesta apunta a reducir el universo de beneficiarios y concentrar el beneficio en las regiones consideradas más frías.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, pero encontró dificultades para avanzar en el Senado. La falta de votos y la resistencia de legisladores vinculados a provincias con numerosos beneficiarios obligaron al oficialismo a postergar el tratamiento.

El intendente que habló de “crueldad”

Uno de los intendentes bonaerenses que salió a cuestionar con mayor dureza la posibilidad de modificar el régimen fue Walter Wischnivetzky, de Mar Chiquita.

El distrito forma parte del universo alcanzado por Zona Fría y, para el jefe comunal, eliminar o reducir el beneficio tendría un impacto directo sobre familias, comercios e instituciones.

“Sería muy difícil para las familias no contar con esa ayuda. Ya hoy, con la desregulación de tarifas eléctricas, de gas, de combustible, es muy difícil para la familia sostener hasta los servicios básicos”, sostuvo Wischnivetzky en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

El jefe comunal puso el foco en las condiciones climáticas de la región y remarcó que la calefacción constituye una necesidad durante buena parte del año.

“Nuestra zona hoy está con temperaturas bajo cero y la calefacción no es un lujo, es una necesidad”, afirmó. Según explicó, el problema no se limita a las viviendas, sino que también alcanza a instituciones de salud, comercios y otros espacios de uso cotidiano.

En ese contexto, lanzó una de las frases más fuertes contra la iniciativa del Gobierno nacional: “La lógica que tienen estos energúmenos de quitar la Zona Fría es una crueldad”.

El contraste que plantea la Legislatura bonaerense

Mientras el Gobierno nacional mantiene abierta la discusión sobre el futuro de Zona Fría, la Cámara de Diputados bonaerense avanzó con una política de signo diferente para el extremo sur de la provincia.

El cuerpo que preside Alejandro Dichiara otorgó media sanción a un proyecto de su autoría que busca transformar en permanentes los beneficios impositivos establecidos para el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable.

La iniciativa modifica las leyes provinciales 12.322 y 12.323 y elimina el mecanismo que obligaba a renovar los beneficios cada cinco años. De aprobarse definitivamente, las exenciones alcanzarán de manera permanente a actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios de Carmen de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y determinados cuarteles de Saavedra.

Según cada actividad y las condiciones previstas por la normativa, el régimen contempla exenciones de entre el 50% y el 100% en el Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Dichiara defendió la iniciativa a partir de las condiciones particulares del sur bonaerense y sostuvo que se trata de una región que necesita herramientas específicas para sostener su desarrollo.

“Se busca establecer la permanencia de los beneficios por entender que se trata de una zona naturalmente desventajosa y desigual en su base productiva respecto al resto, por lo que se deben generar herramientas que le permitan alcanzar un desarrollo productivo sostenible”, argumentó.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense también sostuvo que el tratamiento diferencial busca utilizar la política tributaria como una herramienta para compensar las desigualdades territoriales. “Este tratamiento diferenciado pone a la economía y al derecho tributario al servicio de la justicia social”, afirmó.

El proyecto no avanzó sin diferencias dentro de la Legislatura. Cuando fue analizado en la comisión de Legislación General, los representantes de La Libertad Avanza votaron en contra, mientras que el Frente de Izquierda optó por abstenerse.

Desde la Izquierda, Christian “Chipi” Castillo explicó que su bloque coincidía con la necesidad de darle estabilidad al régimen, pero cuestionó que los beneficios alcanzaran de igual manera a grandes productores y pequeños establecimientos.

“Estamos a favor de que sea permanente, pero no de beneficiar de la misma manera a los grandes productores”, sostuvo el legislador.