La plata de las rutas: más de $1 billón fuera del asfalto y una ofensiva contra Caputo
El reclamo por el deterioro de las rutas nacionales y el destino del impuesto a los combustibles llegó el 18 de agosto a la Cámara de Diputados. En la Comisión de Obras Públicas, presidida por el diputado nacional Martín Aveiro (UxP), intendentes, legisladores opositores, funcionarios bonaerenses, gremios y organizaciones de víctimas expusieron cifras sobre la parálisis vial bajo la administración de Javier Milei. Los representantes de La Libertad Avanza no asistieron.
Más impuesto, menos asfalto
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Axel Kicillof, sostuvo que se cobran unos $400 de impuesto por litro de nafta. El tributo aumentó 1.265% en términos nominales desde diciembre de 2023, frente a una inflación del 320%, y pasó de representar el 8,9% del precio de la súper en noviembre de 2023 al 19,2% en julio de 2026. El 28,58% de lo recaudado debe alimentar el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y la mitad de esa porción corresponde al SisVial.
Un corte hasta mayo registró $1.503.252 millones ingresados y $394.406 millones aplicados a obras: una subejecución del 73,8%. Al cierre de ese mes, $1.001.018 millones permanecían en instrumentos financieros y $37.761 millones en una cuenta corriente. “La realidad es que hoy no solo las rutas están en mal estado, sino que además nos están obligando a todos a pagar dos veces”, planteó Katopodis, al sumar el impuesto y los peajes.
Patricia Mazzitelli, de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), presentó un corte posterior: de $1.601.364 millones, dijo, solo habrían ingresado $530.156 millones, con $1.071.208 millones pendientes. También denunció el recorte presupuestario de mayo, de $396.000 millones a $296.000 millones, y una caída real del 85% en las partidas viales frente a 2017. Además, cuestionó 3.300 desvinculaciones. Sobre $3,84 billones recaudados por el tributo, estimó una ejecución vial del 2,59%.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, recordó el amparo colectivo presentado en la Justicia Federal de La Plata para reclamar informes al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; y a Vialidad Nacional. Según expuso, los recursos retenidos permitirían intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros.
Accidentes, rutas rotas y reclamo federal
El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, describió a la Ruta Nacional 5 como “la ruta de la muerte”: aseguró que en el primer semestre de 2026 hubo más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales. La preocupación alcanzó también a las rutas 3, 8, 33, 40, 151 y 152. Mazzitelli sostuvo que el 65% de los siniestros fatales ocurre en tramos con desperfectos severos.
Silvia González, de Estrellas Amarillas, denunció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial cortó asistencia para la logística y el traslado de víctimas, habló de un “apagón estadístico” desde 2022 y señaló el estado de la Ruta 152. Viviana Noemí Romero de Cardozo, del Consejo de Víctimas bonaerense, advirtió que “la mayoría de las personas cree que las consecuencias de un siniestro vial están lejos”.
Katopodis afirmó que el gasto vial nacional es el más bajo desde 2002: la ejecución mensual promedio habría caído de $240.989 millones entre enero de 2022 y noviembre de 2023 a $63.666 millones desde diciembre de 2023, un retroceso real del 73,6%. Contrastó esos datos con las 4.434 obras finalizadas durante su gestión nacional —1.151 viales— y las 2.302 que quedaron en ejecución. En 2024, indicó, la Nación inició 18 obras y en 2025 ninguna.
También expusieron Daniela Salzotto, intendenta de Catriel; Emiliana McNamara, de Sevina; Fabián Catanzaro, de Fepevina; la senadora santafesina Leticia Di Gregorio; la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti; la concejala de Villa La Angostura Eugenia Meza; y José Matilla, de CONADUV.
Se sumaron los intendentes Pablo Garate, de Tres Arroyos; Oscar Gatica Avecilla, de Algarrobo del Águila; Waldemar Giordano, de Colón; Lucas Fanelli, de Chabás; Jorge Salomón, de General Ocampo; Marcelo Limarieri, de Gualjaina; Héctor Ingram, de Trevelin; y Mario Rebolledo, de Puelén.
Del SisVial al Río Salado
La diputada nacional Marcela Pagano amplió su denuncia penal por presunta malversación y habló de un “sistema integral de desvío de recursos públicos” que alcanzaría al agua, los trenes, los colectivos y fondos fiduciarios disueltos. Incluyó al SIFER, SISTAU, RCC, CCP, PROCREAR, Manejo del Fuego y FFFIR, y afirmó que la SIGEN no habría auditado esas partidas.
Sobre el Fondo Hídrico regulado por la Ley 26.181, Pagano informó $375.000 millones recaudados desde 2024, una ejecución del 31% y un 88% prestado al Tesoro. Según su presentación, 28 de 49 proyectos están paralizados, entre ellos el Plan Maestro del Río Salado desde febrero de 2025, mientras los fondos específicos sin asignación rondarían los USD 4.000 millones. La legisladora atribuyó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la definición de esos fideicomisos como un “mecanismo para generar caja”.
El senador bonaerense de Fuerza Patria Fernando Coronel pidió explicar los criterios y las fechas de $33.000 millones girados a determinadas provincias durante negociaciones legislativas y sostuvo que “las rutas no pueden ser moneda de cambio para conseguir votos en el Congreso”.
Katopodis advirtió que el deterioro compromete Vaca Muerta, la producción agropecuaria y las obras contra inundaciones, y acusó al Gobierno nacional de usar los recursos para “financiar la timba pública”. Pagano cerró: “Cuando cargues nafta, mirá el ticket: ahí va tu obra, tu ruta y tu tren. No voy a parar hasta seguir cada peso, porque la soberanía también es que la guita del pueblo sea verificable”.