Deudas, embargos y viviendas en riesgo: la agenda que divide a la Legislatura bonaerense
El endeudamiento dejó de ser una herramienta utilizada solamente para comprar un electrodoméstico, cambiar el auto o financiar una mejora en la vivienda. En miles de hogares bonaerenses, las cuotas comenzaron a cubrir alimentos, medicamentos, tarifas y otros gastos que antes se pagaban con los ingresos del mes.
Esa transformación ya impactó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. El oficialismo activó una agenda con proyectos diferentes, pero atravesados por una misma preocupación: evitar que la acumulación de obligaciones financieras termine absorbiendo el salario, sometiendo a las familias a cobranzas abusivas o provocando la pérdida de la vivienda única.
Una de las iniciativas consiguió dictamen favorable en una comisión de la Cámara de Diputados y busca introducir una instancia especial dentro de las ejecuciones hipotecarias. Otra, presentada en el Senado por Sergio Berni, propone limitar al 30% los descuentos voluntarios aplicados sobre los haberes de los trabajadores estatales.
A esas propuestas se suman los proyectos impulsados por la diputada Ana Luz Balor para crear un procedimiento de asistencia a familias sobreendeudadas, suspender temporalmente determinadas ejecuciones mientras se negocia una salida y establecer límites contra el hostigamiento extrajudicial.
Una protección antes de perder la vivienda
La Comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Ana Luz Balor, celebró su primera reunión ordinaria del año y aprobó por mayoría un proyecto presentado por Margarita Recalde, diputada de Fuerza Patria vinculada con La Cámpora.
La iniciativa busca reforzar la protección de la vivienda única familiar dentro de los juicios de ejecución hipotecaria. Para hacerlo, propone incorporar al Código Procesal Civil y Comercial bonaerense un incidente de liquidación de deuda.
La herramienta permitiría que la persona demandada acredite que el inmueble ejecutado constituye su única vivienda y presente una propuesta para cancelar la obligación. El planteo quedaría sometido a la evaluación del juez y permitiría la intervención del acreedor antes de que el procedimiento avance hacia el remate.
El proyecto no borra la deuda, no obliga al acreedor a aceptar cualquier oferta y tampoco establece una inmunidad general sobre las viviendas hipotecadas. Abre una instancia dentro del proceso judicial para analizar la capacidad de pago y explorar una alternativa antes de la pérdida del inmueble.
Recalde sostuvo que la medida apunta especialmente a las familias que, por no reunir las condiciones exigidas por los bancos, recurren a prestamistas privados con tasas, garantías y condiciones contractuales más gravosas.
La oposición advierte por el mercado hipotecario
El dictamen favorable no fue unánime. El presidente del bloque PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich, presentó un despacho de rechazo y pidió que la propuesta sea analizada junto con representantes del Poder Judicial.
“Va a frenar el mercado de las hipotecas y encarecerá el crédito”, sostuvo durante la reunión. Para el legislador, alterar el procedimiento de ejecución puede aumentar el riesgo asumido por quienes prestan dinero y trasladarse posteriormente a las tasas, los requisitos y las garantías.
El diputado Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires, expresó una preocupación similar. Aunque calificó de “loable” el objetivo, advirtió que el crédito destinado a la primera vivienda podría reducirse todavía más si los acreedores consideran que tendrán mayores dificultades para recuperar los fondos.
Descuentos salariales
En el Senado, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, presentó el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos.
El proyecto apunta a los descuentos voluntarios realizados directamente sobre los haberes de los trabajadores de la administración pública bonaerense. Allí pueden acumularse cuotas de préstamos, compras financiadas, mutuales, cooperativas y otras obligaciones autorizadas por el propio empleado.
La propuesta establece que esas deducciones no podrán superar el 30% de la denominada remuneración neta protegida. De esa manera, al menos el 70% del ingreso debería quedar disponible después de la liquidación.
También dispone que ningún descuento voluntario podrá provocar que la suma efectivamente percibida quede por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
El límite no alcanzaría a retenciones obligatorias establecidas por ley o por orden judicial. El objetivo se concentra en las obligaciones financieras que el trabajador autorizó a descontar por planilla y que, al acumularse, pueden consumir una porción sustancial del sueldo antes de que el dinero llegue a su cuenta.
“Hay que proteger el salario” es el argumento con el que el oficialismo defiende la iniciativa. El diagnóstico es que la facilidad del descuento automático puede generar una falsa sensación de capacidad de pago: cada cuota parece manejable por separado, pero la suma deja al empleado sin recursos suficientes para afrontar el resto del mes.
Una salida para quienes ya no pueden pagar
El proyecto de Berni no se limita a prevenir nuevas situaciones. También contempla un mecanismo de adhesión voluntaria para agentes públicos que ya se encuentren sobreendeudados. El procedimiento permitiría consolidar distintas obligaciones, extender los plazos, reducir tasas y reemplazar varias cuotas por un compromiso unificado, ajustado a la capacidad económica del trabajador.
La adhesión no significaría una condonación automática ni una quita obligatoria de capital. Las condiciones deberían formar parte de un proceso de reordenamiento con las entidades acreedoras. La propuesta busca evitar que el empleado tome un nuevo crédito para cancelar el anterior y quede atrapado en una cadena de refinanciaciones con costos cada vez mayores.
La experiencia del Banco Provincia muestra la magnitud del problema. Durante 2026, más de 100.000 clientes refinanciaron obligaciones por encima de los $390.000 millones. El 96% de esas operaciones correspondió a personas y apenas el 4% a empresas.
La cantidad y el monto de los acuerdos superaron ampliamente los registros de 2025. La entidad implementó tasas atenuadas desde el 31% y plazos de hasta seis años, según el nivel de atraso y la situación económica de cada cliente.
Balor lleva la discusión al terreno del consumo
Ana Luz Balor, diputada de Fuerza Patria alineada con el Movimiento Derecho al Futuro, impulsa una Ley de Protección de Familias Sobreendeudadas que cuenta con respaldo político del gobernador Axel Kicillof. La iniciativa propone incorporar la figura del sobreendeudamiento a la Ley 13.133 de Defensa del Consumidor bonaerense y crear un procedimiento administrativo gratuito para buscar una reestructuración.
El mecanismo incluiría una mediación entre deudores y acreedores y habilitaría la renegociación de intereses, capital y plazos. Durante esa instancia, las actuaciones judiciales podrían suspenderse por 90 días.
Como explicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la suspensión sería temporal y estaría ligada al desarrollo de la conciliación. No implica eliminar las obligaciones ni impedir definitivamente un embargo. “No es un subsidio ni un rescate estatal, es garantizar una instancia gratuita de negociación”, señaló la diputada al defender la propuesta.
La implementación quedaría en manos de las oficinas municipales de Defensa del Consumidor y de los Juzgados de Faltas. Esa descentralización permitiría acercar el procedimiento a los afectados, aunque también exigiría recursos y capacitación en los 135 municipios.
Balor volvió a instalar el tema a partir de la situación que observa en Tres de Febrero, distrito al que representa políticamente. “El sobreendeudamiento es una realidad que golpea a miles de familias en Tres de Febrero, quienes hoy toman créditos con tasas de usura para cubrir necesidades básicas como comida o medicamentos”, afirmó en sus redes sociales.
La legisladora indicó que presentó iniciativas tanto en el Concejo Deliberante local como en la Cámara de Diputados bonaerense. Entre los objetivos mencionó la suspensión de embargos durante tres meses, mayor transparencia en las condiciones crediticias y la implementación de programas municipales de educación financiera. “Proteger el bolsillo y el futuro de nuestros vecinos requiere acciones concretas ahora”, sostuvo.