Sigue el debate por la VTV en la Provincia: seguridad vial, costos y reclamos de desregulación
La Verificación Técnica Vehicular comenzó a mostrar dos realidades completamente diferentes a uno y otro lado de la General Paz. El Gobierno porteño anunció la apertura de la inscripción para los establecimientos interesados en convertirse en estaciones de VTV. Podrán presentarse talleres calificados, concesionarias e importadores que cumplan con las exigencias técnicas, edilicias y profesionales establecidas por la normativa.
“Ampliamos la oferta del servicio: ahora también podrán realizar verificaciones talleres calificados y concesionarias”, comunicó el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.
La medida reglamenta el nuevo esquema aprobado por la Legislatura mediante la Ley 6.963, que modificó el régimen vigente y terminó con la exclusividad de las plantas tradicionales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó la decisión como el final de un monopolio. La apuesta de su administración es que la incorporación de más establecimientos reduzca las demoras, acerque el servicio a los distintos barrios y genere competencia entre los operadores.
Sin embargo, no cualquier taller podrá comenzar a entregar certificados. Los interesados deberán incorporarse al Registro Único, acreditar instalaciones y equipamiento adecuados y contar con un director técnico responsable. Además, quedarán sujetos a inspecciones y auditorías de la autoridad porteña.
La reforma modifica tres puntos centrales: los lugares habilitados, la periodicidad de las revisiones y el precio del servicio. Los automóviles particulares y motovehículos cero kilómetro tendrán un plazo de gracia de cinco años desde el patentamiento para realizar su primera verificación. Hasta cumplir diez años, el certificado tendrá una vigencia de 24 meses. Una vez superada esa antigüedad, la revisión volverá a ser anual.
A su vez, las verificaciones podrán ser realizadas por talleres, concesionarias e importadores que obtengan la habilitación correspondiente. Cada establecimiento deberá registrar digitalmente las inspecciones, sus resultados y las causas de rechazo.
Otro cambio significativo es la libertad tarifaria. El valor dejará de ser fijado de manera uniforme por el Estado y cada estación podrá determinarlo según las condiciones del mercado. La ley mantiene las exenciones previstas para determinados jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad.
Kicillof mantiene intacta la VTV bonaerense
El escenario cambia al cruzar la General Paz. La provincia de Buenos Aires decidió no adherir a la flexibilización y conservará su régimen de Verificación Técnica Vehicular. Esto significa que no se modificarán los plazos, los requisitos ni la red de plantas habilitadas. Tampoco se habilitará por ahora a concesionarias o talleres particulares para competir en la prestación.
El Ministerio de Transporte bonaerense defiende el sistema bajo el argumento de que permite aplicar criterios uniformes, garantizar la trazabilidad de cada control y fiscalizar de manera centralizada la emisión de certificados y obleas.
La administración de Kicillof sostiene que una apertura amplia podría generar diferencias entre los controles efectuados por cada establecimiento y debilitar los mecanismos de supervisión.
De esta manera, los cambios nacionales y porteños no alteran las obligaciones de los vehículos radicados en la Provincia. Sus propietarios deberán continuar concurriendo a las plantas oficiales y respetando el cronograma vigente publicado en el sitio oficial de la VTV bonaerense.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, rechazó la reforma y vinculó la continuidad de los controles con el deterioro de las rutas. “Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó el funcionario.
Marinucci cuestionó que se amplíen los intervalos entre verificaciones en un contexto marcado por la paralización de obras y la falta de mantenimiento de distintos corredores nacionales.
Según planteó, los pozos, las banquinas deterioradas y el estado general de las trazas aceleran el desgaste de neumáticos, suspensiones y trenes delanteros. “Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, sostuvo.
El ministro también rechazó que el esquema provincial pueda ser definido simplemente como un monopolio. Para la cartera de Transporte, la discusión central debe concentrarse en quién fiscaliza las revisiones y quién asume la responsabilidad si un vehículo recibe una aprobación sin encontrarse en condiciones seguras.
La oposición quiere ir más lejos
La decisión provincial también reactivó el debate dentro de la Legislatura. El diputado bonaerense Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, relanzó una campaña de adhesiones para respaldar su proyecto de eliminación de la VTV obligatoria para los vehículos particulares.
Sostiene que el sistema se convirtió en una carga económica para los automovilistas y que no existen evidencias suficientes para demostrar que su implementación haya producido una reducción directa de los siniestros viales.
El legislador buscó sintetizar su cuestionamiento mediante un video grabado sobre una ruta deteriorada. “¿Vos creés que esta ruta pasaría la verificación?”, planteó al mostrar los pozos y el mal estado de las banquinas.