Mora récord y bolsillos agotados: la Provincia endurece sus críticas contra el modelo de Milei
El avance del endeudamiento abrió un nuevo frente entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Con casi seis millones de personas que ya no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones, Axel Kicillof convirtió la situación financiera de las familias en otra impugnación directa a la política económica de Javier Milei.
El gobernador sostiene que la expansión de los atrasos no responde a una suma de decisiones individuales equivocadas. La vincula con salarios que perdieron poder adquisitivo, puestos de trabajo destruidos y gastos esenciales que ocupan una proporción cada vez mayor de los ingresos.
“Lo que pasó es la política económica de Milei, pura y simplemente”, afirmó Kicillof. También rechazó la posición de la Casa Rosada, que presenta las obligaciones crediticias como acuerdos particulares en los que el Estado no debería intervenir.
La disputa excede una discusión sobre bancos y aplicaciones financieras. Enfrenta dos diagnósticos sobre por qué millones de personas necesitan pedir dinero para atravesar el mes y qué responsabilidad tiene el poder público cuando ya no pueden devolverlo.
La Provincia convierte la deuda en una discusión política
Kicillof aseguró que el 60% de los adultos tiene compromisos financieros y que una de cada cinco personas se encuentra en situación de mora. “El endeudamiento de las familias argentinas es una situación grave y no puede explicarse como una cuestión entre privados”, sostuvo.
El mandatario cuestionó la idea de que quienes accedieron a un préstamo aceptaron voluntariamente sus condiciones y deben resolver las consecuencias exclusivamente con la entidad acreedora.
“Cuando hay millones de familias en mora, no es algo que se explique por decisiones individuales erradas”, planteó. Para el Gobierno bonaerense, el crédito dejó de utilizarse principalmente para adelantar consumos importantes y comenzó a cubrir alimentos, medicamentos, servicios y obligaciones anteriores.
El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, había sintetizado esa interpretación semanas atrás. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el funcionario advirtió: “La gente se está endeudando para comer, para pagar los servicios y llegar a fin de mes”.
Bianco relacionó el fenómeno con la destrucción de empleo registrado, la caída de la actividad industrial y el aumento de las tarifas. Su planteo es que el crecimiento de la deuda no constituye una señal de recuperación del consumo, sino una respuesta defensiva frente a ingresos insuficientes.
Casi seis millones de personas no pueden pagar
La discusión política se apoya en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de información del Banco Central y de la Central de Deudores.
En junio de 2026 había 20,96 millones de personas con obligaciones ante bancos, billeteras virtuales y otros proveedores no financieros. De ese universo, 5,91 millones registraban algún grado de irregularidad.
La cifra implica que más de una cuarta parte de quienes mantienen una deuda atraviesa dificultades para cumplir con sus pagos. Frente a febrero de 2024, el número de morosos aumentó en aproximadamente 2,6 millones, mientras que la cantidad total de personas financiadas creció alrededor de 1,6 millones.
El deterioro se encuentra distribuido entre diferentes tipos de entidades. Unas 2,90 millones de personas registraban atrasos exclusivamente con proveedores no bancarios; 1,66 millones solamente con bancos y otras 1,36 millones con ambos sistemas.
El informe “Endeudamiento y mora en familias” señala que la irregularidad bancaria de los hogares llegó al 12,8% en junio, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.
El cambio más pronunciado se observa entre los proveedores no financieros, categoría que incluye billeteras digitales, emisoras de tarjetas, fintech y compañías de crédito al consumo. Allí, el indicador pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1%. El porcentaje superó el máximo alcanzado durante la pandemia, cuando había llegado al 27,1% en mayo de 2020.
Al considerar conjuntamente las obligaciones bancarias y no bancarias, CEPA estimó una irregularidad familiar cercana al 15,5% de los saldos financiados.
Ese porcentaje no representa la cantidad de personas con atrasos, sino la proporción del dinero prestado que se encuentra en situación irregular. La diferencia resulta relevante para evitar confundir el número de deudores afectados con el volumen financiero comprometido.
La plata se destina a cubrir gastos cotidianos
El Gobierno bonaerense sostiene que el destino del crédito permite comprender la dimensión social del problema. Los préstamos personales y las tarjetas concentran la mayor parte de los incumplimientos y son, al mismo tiempo, las herramientas más utilizadas para completar consumos corrientes.
En abril de 2026, el pago mensual de las obligaciones de las familias representó el 24,1% de la masa salarial. Cerca del 80% de esa carga correspondía a préstamos personales y tarjetas.
Esto significa que casi una cuarta parte de los ingresos laborales quedaba comprometida en la cancelación de financiamientos previamente asumidos. La deuda comienza así a retroalimentarse. Cuando el salario no alcanza para pagar simultáneamente alimentos, servicios y vencimientos, algunas familias refinancian la tarjeta, solicitan otro préstamo o recurren a una aplicación para cancelar obligaciones anteriores.
La disponibilidad inmediata de dinero evita momentáneamente el incumplimiento, pero incorpora intereses y reduce todavía más los recursos del mes siguiente.
Salarios que pierden contra los gastos
CEPA vinculó el crecimiento de la morosidad con la pérdida del poder adquisitivo. Según su cálculo, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída del 8,7% desde la llegada de Milei al Gobierno.
La contracción alcanzaría el 18,7% si se utilizara una medición alternativa basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, cuya distribución del consumo es más reciente. El contraste metodológico muestra la importancia que adquirieron los gastos fijos dentro de los presupuestos domésticos. Los servicios, alquileres, transporte y alimentos consumen una proporción mayor del dinero disponible.
El diputado provincial de Fuerza Patria Mayra Mendoza calificó como “insensible” la posición presidencial y afirmó que los argentinos corren “desesperados hacia la deuda” por la caída de los salarios, la pérdida de puestos laborales y los incrementos tarifarios.
Para la Provincia, esos factores forman parte de una misma secuencia: primero se deterioran los ingresos, luego aparece el financiamiento para sostener el consumo y finalmente aumentan los atrasos.
La respuesta bonaerense
La Provincia no limitó su reacción al enfrentamiento discursivo. La Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias durante el primer semestre de 2026 contra compañías que brindan financiamiento digital.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, informó que las presentaciones alcanzan a Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.
Los reclamos incluyen presunta falta de información sobre las condiciones de los préstamos, dificultades para conocer el costo financiero total, ausencia de mecanismos visibles para cancelar operaciones y situaciones de acoso u hostigamiento durante el cobro.
Defensa del Consumidor solicitará a las compañías información sobre los criterios utilizados para establecer sus tasas y la composición completa del costo financiero total.
“Es imposible determinar cuáles son los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de créditos enfrente estas condiciones crediticias”, cuestionó Costa.
El costo financiero total incluye la tasa nominal, comisiones, seguros, impuestos y cualquier cargo asociado. La normativa obliga a comunicarlo de manera clara para que los consumidores conozcan cuánto terminarán pagando.