Modernización del Estado bonaerense: qué proyectos buscan terminar con el papel y la burocracia
La Legislatura bonaerense comenzó a discutir una nueva etapa de su transformación digital. A diez años de la sanción del Plan Estratégico de Modernización provincial, el Senado todavía analiza cómo reemplazar expedientes en papel, validar electrónicamente los proyectos y agilizar circuitos administrativos que conservan procedimientos diseñados para otra época.
El debate se abrió en la Comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica, presidida por el senador del PRO Juan Manuel Rico Zini. Durante su última reunión, el cuerpo dejó en estudio tres proyectos de resolución destinados específicamente al funcionamiento de la Cámara alta y una iniciativa de mayor alcance para modificar el régimen administrativo bonaerense.
Las propuestas pertenecen a representantes del PRO, Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Hechos. Esa diversidad muestra que la digitalización atraviesa la grieta política, aunque el consenso general sobre la necesidad de modernizar todavía no se tradujo en dictámenes concretos.
“Trabajamos en proyectos concretos para avanzar hacia dinámicas menos burocráticas, que hagan más ágil la administración pública y la acerquen a los ciudadanos”, afirmó Rico Zini después del encuentro.
Tres proyectos para digitalizar el Senado
La comisión mantuvo en estudio tres iniciativas que intervienen sobre partes diferentes del circuito parlamentario. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, propuso habilitar la utilización de la firma electrónica o digital para presentar proyectos legislativos. La modificación requiere adecuar el Reglamento Interno del Senado para reconocer la validez de esos instrumentos durante las instancias preliminares del trámite.
Actualmente, la carga de un expediente en el sistema informático no necesariamente reemplaza todos los pasos formales asociados al soporte físico. La propuesta apunta a que la identidad del autor y la integridad del documento puedan verificarse digitalmente desde su ingreso.
La senadora de Fuerza Patria Malena Galmarini, acompañada por Valeria Arata y Marcos Pisano, presentó el proyecto F-379/26-27, que establece un Sistema de Gestión Parlamentaria Electrónica.
El SGPE busca concentrar la elaboración, presentación, circulación, firma, consulta y archivo de las actuaciones legislativas. El expediente electrónico dejaría de funcionar como una copia complementaria y pasaría a ocupar el centro del procedimiento.
La iniciativa ingresó el 14 de mayo y fue girada a las comisiones de Modernización del Estado y Legislación General. Según el registro oficial del Senado, permanece en estudio y todavía no cuenta con despacho.
El tercer proyecto fue presentado por Rico Zini y propone crear un Sistema Interno de Comunicaciones Electrónicas. La herramienta estaría destinada a reemplazar notas, memorandos y pases administrativos en papel por comunicaciones digitales con trazabilidad.
“Es necesario digitalizar la actividad legislativa e implementar sistemas que permitan que el trabajo se modernice y que el papel pase a ser parte de la historia administrativa del recinto”, sostuvo el senador del PRO.
Aunque las tres iniciativas pueden complementarse, no son idénticas. Una regula la presentación y firma de proyectos; otra organiza el expediente parlamentario completo; y la restante apunta a las comunicaciones internas de la Cámara.
El proyecto de Curestis menciona ambas herramientas, pero la legislación argentina establece una diferencia jurídica importante.
La firma digital utiliza un certificado emitido por un certificador autorizado y permite presumir tanto la autoría del documento como la integridad de su contenido. Si cumple los requisitos de la Ley 25.506, tiene una protección jurídica equiparable a la firma manuscrita.
La firma electrónica es una categoría más amplia. Puede incluir una contraseña, un código, un usuario validado u otro mecanismo que identifique a la persona, pero no reúne necesariamente todas las condiciones técnicas exigidas para la firma digital.
Cuando una firma electrónica es desconocida, quien pretende utilizarla debe demostrar su validez. En una firma digital debidamente aplicada, en cambio, existen presunciones legales sobre quién la realizó y si el documento fue modificado.
Una ley de 2016 que ya contemplaba la despapelización
La provincia de Buenos Aires cuenta desde hace una década con un marco legal para avanzar en ese sentido. La Ley 14.828, sancionada en julio de 2016, creó el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública.
La norma comprende a la administración central, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas públicas y organismos constitucionales. Sus objetivos incluyen simplificar trámites, reducir tiempos, ampliar la participación ciudadana, implementar expedientes electrónicos y promover la firma digital.
También reconoce que los documentos electrónicos, las notificaciones digitales y los expedientes tramitados mediante sistemas informáticos pueden tener la misma eficacia jurídica que sus equivalentes en papel. El plan preveía además una ventanilla única, una guía provincial de trámites, mecanismos de seguimiento, apertura de datos y sistemas de gestión orientados a resultados.
La existencia de esa ley muestra que las herramientas discutidas actualmente no parten de cero. El desafío consiste en trasladar un esquema ya incorporado al Poder Ejecutivo hacia el funcionamiento integral del Senado y cerrar las brechas que todavía subsisten entre organismos.
Por qué el Senado necesita un sistema propio
El Poder Ejecutivo provincial utiliza GDEBA, la plataforma de Gestión Documental Electrónica que permite generar documentos, firmarlos y tramitar expedientes dentro de la administración. Su expansión también alcanzó a gobiernos locales. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Necochea impulsó su adhesión a GDEBA para digitalizar expedientes y comunicaciones municipales, una decisión orientada a conectar sus procedimientos con la estructura provincial.
Sin embargo, el Senado es otro poder del Estado y se rige por su propio Reglamento Interno. La Cámara necesita definir procedimientos que respeten la autonomía legislativa, las responsabilidades de sus autoridades y la publicidad de los proyectos.
El SGPE propuesto por Galmarini busca cubrir precisamente ese vacío. El objetivo es que el expediente electrónico no dependa de soluciones parciales ni de la duplicación entre una versión digital y otra impresa.
Mantener los dos circuitos en simultáneo puede producir el efecto contrario al buscado: más pasos, verificaciones repetidas y documentación que debe coincidir en dos soportes diferentes.
La eliminación progresiva del papel también plantea desafíos. El sistema debe garantizar el acceso a largo plazo, impedir alteraciones, registrar cada movimiento y permitir recuperar los documentos aun cuando cambien las plataformas o los formatos tecnológicos.
La reforma del procedimiento administrativo
La iniciativa de mayor alcance discutida por la comisión pertenece al senador Marcelo “Chuby” Leguizamón Brown, del bloque Hechos. El proyecto propone modificar el Decreto Ley 7647/70, que regula el procedimiento administrativo provincial desde hace más de medio siglo.
A diferencia de los tres proyectos de resolución, esta propuesta no se limita al funcionamiento interno de la Cámara alta. Sus efectos alcanzarían la relación entre los ciudadanos y la administración bonaerense.
El texto busca simplificar trámites, reducir demoras e incorporar nuevas herramientas digitales. También apunta a evitar que la falta de respuesta estatal termine afectando derechos o paralizando actividades económicas.
Uno de los problemas centrales del procedimiento administrativo es el silencio del Estado. Cuando una dependencia no responde dentro de los plazos, la persona puede quedar atrapada entre la imposibilidad de obtener una decisión y la necesidad de continuar con un reclamo.
El Decreto Ley 7647/70 establece mecanismos para considerar configurado el silencio administrativo y habilitar instancias posteriores. Sin embargo, esos instrumentos no siempre producen una respuesta material ni impiden que los expedientes permanezcan demorados.
La reforma deberá definir con precisión si introduce nuevos plazos, qué consecuencias tendrá su incumplimiento y en qué casos el silencio podrá interpretarse a favor o en contra de la petición.
Una modificación general sin excepciones podría generar riesgos en procedimientos complejos, especialmente cuando están involucradas cuestiones ambientales, sanitarias, patrimoniales o de seguridad. Por eso, el debate deberá distinguir entre trámites simples y decisiones que necesitan controles técnicos previos.
Del Senado a la Justicia bonaerense
Otros poderes provinciales ya incorporaron herramientas semejantes. En 2020, la Suprema Corte bonaerense habilitó la firma digital para sentencias y resoluciones, además de establecer un régimen de acuerdos a distancia.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la decisión permitió que los ministros de la Corte rubricaran actos judiciales mediante mecanismos digitales, inicialmente en el contexto de las restricciones impuestas por la pandemia.
La experiencia judicial demostró que la digitalización puede sostener actividades institucionales que tradicionalmente dependían de la presencia física y la firma manuscrita.
También dejó enseñanzas sobre los problemas que deben prevenirse: dificultades de conectividad, incompatibilidades técnicas, necesidad de capacitación y riesgos de exclusión para quienes no manejan las plataformas.
El Senado deberá contemplar un procedimiento alternativo frente a fallas del sistema, sin convertir esa excepción en una puerta para mantener indefinidamente el doble circuito.