Septiembre caliente en la Provincia: judiciales, estatales y docentes elevan la presión salarial
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la reapertura de la paritaria 2026 y reclamar una nueva recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Los judiciales llegan a esta instancia después de haber aceptado el último ofrecimiento del Ejecutivo, que estableció un incremento acumulado del 7%: 5% correspondiente a julio y otro 2% para agosto. El entendimiento incluyó el compromiso de revisar los ingresos durante septiembre.
La discusión que comienza no quedará limitada al porcentaje de aumento. La AJB anticipó que también buscará destrabar los temas laborales acumulados, entre ellos la cobertura de vacantes, la carrera judicial, la situación de distintas dependencias y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo cotidiano.
El reclamo tiene como telón de fondo un problema estructural. La falta de personal genera sobrecarga en juzgados, fiscalías y defensorías, mientras que los problemas edilicios y de seguridad afectan a numerosas oficinas.
La agenda se conecta con otro debate que atraviesa al Poder Judicial. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof prepara el envío de casi 200 pliegos para cubrir cargos en juzgados, fiscalías y defensorías. Sin embargo, el paquete representa menos de la mitad de los aproximadamente 430 lugares que permanecen libres y deberá superar una negociación compleja en el Senado bonaerense.
El gremio advierte que cubrir magistraturas y cargos jerárquicos no alcanza si las dependencias continúan funcionando con dotaciones insuficientes. Por eso, pretende vincular la discusión salarial con una mesa técnica sobre carrera, ingresos, ascensos y organización del trabajo.
Una pérdida que viene de arrastre
El nuevo pedido no empieza de cero: las mejoras nominales concedidas durante el año permitieron amortiguar parte del avance de los precios, pero no compensaron completamente el deterioro acumulado durante períodos anteriores.
La estructura presupuestaria agrega otro límite. Más del 90% de los recursos destinados al Poder Judicial se concentra en salarios, pero la organización sindical sostiene que la participación del área dentro del presupuesto general se redujo durante las últimas décadas.
En paralelo, pidió elevar inicialmente al 5% la participación de la Justicia en las cuentas bonaerenses, con el objetivo posterior de recuperar el 7% histórico. El planteo se apoyó en el crecimiento de la litigiosidad, la apertura de dependencias y una dotación de personal que no avanzó al mismo ritmo que las causas.
Ese diagnóstico transforma la próxima mesa en algo más que una discusión porcentual: detrás del aumento aparecen el financiamiento del sistema, la cobertura de puestos y la capacidad de sostener el servicio de Justicia.
Los estatales también exigen una convocatoria urgente
La presentación de los judiciales llegó pocos días después de que ATE Buenos Aires reclamara formalmente al Ministerio de Trabajo la reapertura de la negociación correspondiente a los empleados comprendidos en la Ley 10.430.
El sindicato pidió que la convocatoria se realice durante septiembre y recordó que la revisión también estaba incluida en el entendimiento firmado en julio. Su objetivo es evitar que el Gobierno postergue la discusión mientras continúan los aumentos de tarifas, transporte, alquileres y alimentos.
“La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, sostuvo ATE.
El gremio incorporó al planteo un factor que ya forma parte de todas las mesas: el endeudamiento familiar. Según advirtió, una parte creciente de los trabajadores recurre a préstamos, tarjetas o refinanciaciones para pagar servicios y cubrir necesidades básicas, no para adquirir bienes durables o financiar proyectos.
El problema ya había quedado expuesto durante una negociación anterior. La Provincia presentó un programa de refinanciación destinado a empleados públicos con dificultades para afrontar préstamos personales y tarjetas. En aquella reunión también confirmó el pago del aguinaldo y una mejora de las asignaciones familiares, aunque inicialmente no formuló una propuesta salarial.
La incorporación de una salida para las deudas fue una señal del deterioro de los ingresos, pero los sindicatos advirtieron que ordenar vencimientos no reemplaza una mejora permanente sobre los básicos.
El tercer foco aparece en las escuelas. Sectores docentes disidentes llevan adelante un paro de 48 horas con reclamos por salarios, prestaciones del IOMA, condiciones laborales y descuentos aplicados a quienes participan de medidas de fuerza.
La protesta no fue convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a los principales sindicatos y aceptó el último incremento del 7%.
De acuerdo con el cálculo difundido por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (Ampba), la suba representa $6.536 sobre el salario básico, otros $2.652 mediante el código 455 —hasta dos cargos— y $574 correspondientes al Incentivo Docente. En total, la mejora sería de $9.762. “El 2% de aumento es una burla y un desprecio por el trabajo docente”, cuestionó la entidad al anunciar el paro.
En este sentido, reclamó la creación de un salario mínimo, vital y móvil docente de $2.800.000. La cifra representa el punto más fuerte de su pliego y marca una distancia considerable respecto de las escalas vigentes.
El secretario general de la organización, Claudio Vigne, aseguró que un profesor que recién comienza percibe cerca de $556.000, mientras una trabajadora de los niveles maternal, inicial o primario cobra alrededor de $860.000. También ubicó el salario básico después del último incremento en torno a los $341.000.
El ajuste nacional y el límite de las cuentas bonaerenses
El gobierno de Kicillof atribuye buena parte de sus restricciones financieras a la caída de las transferencias nacionales, la paralización de programas y obras y las deudas que reclama a la administración de Javier Milei.
ATE también incorporó ese argumento a su presentación. El sindicato sostuvo que el superávit fiscal nacional se apoya en un “recorte fenomenal” de los recursos enviados a las provincias y que esa decisión termina repercutiendo sobre los salarios y servicios públicos bonaerenses.
La explicación ofrece contexto, pero no desactiva las exigencias. Los gremios reconocen el impacto de la política nacional y, al mismo tiempo, reclaman que la administración provincial haga “los mayores esfuerzos posibles” para evitar una nueva pérdida frente al costo de vida.
Para Kicillof, el desafío será encontrar recursos sin romper el vínculo político con organizaciones que forman parte de su base de apoyo. Hasta ahora, la Provincia priorizó acuerdos cortos, aumentos escalonados y revisiones frecuentes, una estrategia destinada a no comprometer fondos por períodos extensos.