Industria bonaerense bajo presión: el reclamo para reducir impuestos y el plan para sobrevivir a la crisis
El reclamo de los industriales bonaerenses para reducir la carga tributaria sumó un nuevo capítulo. El diputado provincial del PRO Martín Endere se reunió en Olavarría con el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile, y con autoridades empresarias locales para analizar la propuesta que busca excluir del pago de Ingresos Brutos a la mayoría de las pequeñas fábricas.
El encuentro se realizó en la sede de la Unión Industrial de Olavarría y contó con la participación de su titular, Jorge Sobarzo. Allí, los empresarios repasaron el deterioro de la actividad manufacturera y expusieron las dificultades que enfrentan por la caída de las ventas, el costo del financiamiento, la presión impositiva y la competencia de productos importados.
Endere respaldó la iniciativa de UIPBA y apuntó directamente contra la administración de Axel Kicillof. “La realidad indica que el gobierno de la Provincia asfixia impositivamente a los industriales bonaerenses y se necesitan políticas que alivien esa carga fiscal”, afirmó.
Sin embargo, el debate es más amplio que la confrontación entre el PRO y el Ejecutivo provincial. Las cámaras también reclaman cambios en los tributos nacionales y municipales, mientras intentan reconvertir parte del entramado fabril para aprovechar las inversiones proyectadas en energía y minería.
Qué propone UIPBA para Ingresos Brutos
El planteo empresario busca establecer una alícuota del 0% para micro y pequeñas industrias y elevar de $1.800 millones a $3.200 millones anuales el límite de facturación contemplado para acceder al beneficio.
Endere describió esa modificación como una actualización del mínimo no imponible que permitiría dejar afuera del tributo a “casi todas las industrias chicas”. En términos técnicos, la propuesta de UIPBA apunta a ampliar el universo de micro y pequeñas empresas alcanzadas por la exención.
El plan no termina allí. Para las firmas medianas, la entidad plantea reducir la alícuota en 0,5 puntos porcentuales por año durante tres años hasta llegar a cero. Para las grandes compañías, propone una baja de 0,3 puntos anuales durante cinco años, con una primera meta del 1,2%, similar a la referencia utilizada en Córdoba.
UIPBA también impulsa la eliminación de sobrealícuotas manufactureras, una mayor deducción por exportaciones y la posibilidad de descontar parte de los insumos intermedios en cadenas extensas como la automotriz, la hidrocarburífera y la metalmecánica.
El argumento empresario es que Ingresos Brutos se cobra en cada etapa del proceso y genera un “efecto cascada”. Como no permite deducir plenamente los insumos incorporados, la carga se acumula y termina trasladándose al precio final. Según el estudio presentado por la entidad, la presión teórica del tributo sobre el valor agregado industrial alcanza el 4,7% en Buenos Aires, frente al 3,6% de Santa Fe y el 3,5% de Córdoba.
El desafío de bajar el impuesto sin desfinanciar a la Provincia
La principal dificultad del programa es fiscal. Ingresos Brutos explica cerca del 80% de la recaudación propia bonaerense, por lo que cualquier disminución debe ir acompañada por un mecanismo que compense los recursos que dejarían de ingresar.
UIPBA asegura que su propuesta fue diseñada para alcanzar un resultado fiscal neutro. Para conseguirlo, plantea ampliar el padrón de contribuyentes, profundizar los controles sobre la evasión y sumar empresas medianas y grandes como agentes de retención y percepción.
La entidad calcula que la evasión industrial ronda el 25% y sostiene que en otras actividades, especialmente en el comercio, supera el 50%. Parte de la compensación surgiría de incorporar operaciones actualmente no declaradas.
El esquema también propone eliminar la alícuota reducida del 2,5% para pequeños comercios y fijarla en 3,5%, una modificación que trasladaría parte de la carga desde la producción hacia otras actividades. Ese punto anticipa resistencias y obliga a discutir quién asumiría el costo de la reforma.
Como detalló GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar la disputa por los impuestos y las causas de la crisis industrial, Kicillof admitió que la estructura tributaria es perfectible, pero rechazó que explique por sí sola el retroceso fabril.
El gobernador sostuvo que las mismas normas provinciales regían durante períodos de crecimiento y señaló como factores decisivos la caída del consumo, la apertura importadora y la política económica nacional. “La macro de Milei es lo que los está fundiendo”, afirmó ante empresarios.
La respuesta de ARBA y las condiciones oficiales
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, también reconoció la necesidad de avanzar hacia un sistema con menos distorsiones, mayor peso de los impuestos directos y menores cargas indirectas.
Sin embargo, fijó una condición: cualquier reforma profunda debería implementarse dentro de un proceso de crecimiento consolidado que permita mantener los recursos necesarios para financiar las políticas provinciales.
Girard propuso utilizar la lucha contra la evasión como puente hacia una reducción gradual de alícuotas. La idea consiste en trasladar parte de la recaudación recuperada hacia quienes cumplen regularmente sus obligaciones.
“A todo lo que sean propuestas y mejoras, nosotros vamos a estar abiertos”, aseguró el funcionario. No obstante, advirtió que “los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque”.
ARBA también defiende los cambios aplicados sobre los saldos a favor. Según la agencia, la revisión de retenciones y percepciones, junto con herramientas como Riesgo 0 y SAF 0, permitió llevar el stock acumulado a mínimos históricos sin reducir la recaudación. Para las empresas, ese punto es clave porque un saldo a favor elevado inmoviliza capital que podría utilizarse para comprar insumos, pagar salarios o financiar producción.
Cierres y empleo: los números detrás del planteo
La discusión tributaria aparece en un escenario fabril deteriorado. El Centro de Estudios Económicos Bonaerense de UIPBA calculó que entre mayo de 2023 y mayo de 2026 dejaron de operar 1.306 unidades productivas industriales en territorio provincial.
En el mismo período se perdieron 41.975 puestos fabriles, equivalentes al 44,8% de la caída nacional registrada por el informe. Las cinco cadenas con mayor sobrecarga de Ingresos Brutos redujeron su empleo 11,6%, frente a una contracción del 7,8% en el resto del país.
La entidad aclara que esa relación constituye un indicio y no demuestra que el tributo sea la única causa. El desempeño también se encuentra atravesado por el consumo, las importaciones, las tasas de interés, el costo energético y los problemas propios de cada actividad.
El peso bonaerense multiplica el impacto. El sector aporta el 20,8% del Producto Bruto Geográfico, concentra el 50,3% de la producción manufacturera nacional y reúne el 59,2% de los puestos fabriles registrados del país.
También genera empleos de mayor calidad relativa. La registración alcanza al 69% de los asalariados industriales bonaerenses, ocho puntos por encima del promedio provincial, y la remuneración media supera en 8,5% al salario general.
Del pedido de alivio a la reconversión
Mientras reclama una reducción de costos, UIPBA puso en marcha otra estrategia: conectar a las empresas bonaerenses con los grandes proyectos energéticos y mineros alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La entidad creó un programa para detectar qué insumos y servicios demandarán las compañías, identificar proveedores capaces de producirlos y acompañar las adaptaciones necesarias. Ya participan más de 60 firmas, principalmente de los sectores eléctrico, metalmecánico y plástico.
El proceso incluye certificaciones y asistencia del INTI y del IRAM. Algunas compañías necesitan ajustes menores para ingresar a las cadenas: fabricantes de cables, bandejas portacables, indumentaria o componentes pueden modificar sus productos para cumplir los estándares del petróleo, el gas y la minería.
La oportunidad potencial es significativa. Los proyectos aprobados podrían generar una demanda de insumos y servicios locales cercana a los USD 5.000 millones en el mediano plazo, con picos de inversión previstos hasta 2028.
Pero el camino presenta una contradicción. Buenos Aires concentra casi la mitad de la capacidad industrial argentina, aunque buena parte de las grandes inversiones mineras y energéticas se localizará en otras provincias. Para capturar ese movimiento, sus empresas deberán competir a distancia y garantizar costos, certificaciones y tiempos de entrega.
El RIGI nacional solamente exige que el 20% de la inversión destinada a proveedores sea local, sin reservar una participación específica para compañías bonaerenses. Por eso, UIPBA articula con cámaras de Neuquén y San Juan y busca que las firmas provinciales sean incorporadas a esas cadenas.