El reclamo que toca la caja bonaerense: retenciones en áreas clave y amenaza de paro
El conflicto salarial en dos organismos centrales de la administración bonaerense entró esta semana en una etapa de medidas de fuerza. Trabajadores de la Contaduría General y la Tesorería General de la Provincia, nucleados en la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), iniciaron retenciones de tareas y evalúan avanzar con un paro total si no reciben una propuesta que acerque posiciones.
La protesta comenzó el martes 8 con una retención de dos horas, entre las 10 y las 12. Este miércoles se extenderá durante tres horas, de 10 a 13, y el jueves llegará a cuatro, entre las 10 y las 14. El viernes 11 habrá una nueva asamblea en la Contaduría para resolver la continuidad del plan de lucha.
Si no hay avances, entre las alternativas aparece un paro total para el lunes 14 de septiembre. La medida adquiere una dimensión particular porque Contaduría y Tesorería intervienen en diferentes etapas del control, autorización y ejecución de pagos de la administración provincial. Por ahora, las retenciones son parciales, por lo que cualquier impacto dependerá de su alcance y duración.
Una diferencia salarial que se arrastra desde 2023
El origen del conflicto se remonta al cambio de régimen horario acordado en 2023 para trabajadores comprendidos en la Ley 10.430. El esquema permitió pasar de una jornada de 30 horas semanales a otra de 40 y fue formalizado mediante el decreto 1531/23.
La modificación alcanzó a personal de Contaduría, Tesorería, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno y Junta Electoral. Para quienes ya integraban las plantas, el pase al nuevo régimen fue optativo, mientras que las nuevas designaciones quedaron encuadradas directamente en las 40 horas.
APOC sostiene que el incremento del tiempo de trabajo, equivalente al 33,3%, debía trasladarse de manera proporcional no sólo al salario básico sino también a dos bonificaciones remunerativas que forman parte de los ingresos del sector.
En 2023 se dispuso sobre esos adicionales una mejora del 9,9%. En diciembre de 2024, mediante el decreto 3259/24, se agregó otro incremento del 5% sobre determinadas bonificaciones. Para el gremio, esas medidas no terminaron de cerrar la diferencia generada por la extensión horaria.
La organización calcula que todavía quedan por recomponer alrededor de 28 puntos porcentuales en determinados componentes salariales. Ese número corresponde al planteo gremial y no constituye una deuda reconocida oficialmente en esos términos por la Provincia.
La controversia también llegó a los tribunales. En el expediente 92.731, iniciado en 2025 bajo la carátula “Legarreta Iris del Carmen c/ Contaduría General de la Provincia s/ pretensión anulatoria – empleo público”, declaró como testigo el secretario general bonaerense de APOC, Pedro Fernández.
Durante una audiencia realizada el 6 de julio de este año, Fernández afirmó que el incremento acordado por la extensión horaria había sido aceptado, pero “no se aplicó en su totalidad o como hubiere correspondido”. La causa continúa abierta y todavía no existe una resolución sobre el fondo de la disputa.
Una oferta del 8,5% que no destrabó el conflicto
La tensión volvió a crecer después de una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía bonaerense, conducido por Pablo López. La propuesta presentada contempló un incremento del 8,5% sobre determinadas bonificaciones sectoriales, distribuido en cuotas hasta diciembre.
Los trabajadores rechazaron el ofrecimiento por considerarlo insuficiente frente al reclamo acumulado. También permanece en discusión el pedido de incorporar una bonificación equivalente al 125% del salario básico, beneficio que perciben otros sectores de la administración provincial con regímenes horarios similares.
Durante la asamblea apareció, además, una versión particularmente sensible. Según testimonios atribuidos a participantes del encuentro, Fernández habría transmitido que funcionarios de Economía pusieron en duda la disponibilidad de recursos para afrontar el próximo aguinaldo de los estatales.
La administración bonaerense no comunicó oficialmente dificultades para pagar el sueldo anual complementario, por lo que esa afirmación permanece sin confirmación oficial y no puede ser presentada como una definición del Gobierno.
El conflicto aparece mientras otros sectores estatales también reclaman reabrir las negociaciones salariales. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pidió formalmente retomar la paritaria durante septiembre, mientras ATE Buenos Aires hizo lo mismo para los trabajadores encuadrados en la Ley 10.430. En las escuelas, sectores docentes disidentes realizaron medidas por salarios, IOMA y condiciones laborales.
El Ejecutivo bonaerense sostiene que sus cuentas se encuentran condicionadas por la reducción de transferencias nacionales, la paralización de programas y obras y las deudas que reclama al gobierno de Javier Milei. Los gremios incorporan ese escenario a su diagnóstico, pero mantienen el pedido de nuevas recomposiciones para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo.
En el caso de APOC, la próxima definición llegará el viernes 11, cuando los trabajadores vuelvan a reunirse en asamblea. Si no surge una propuesta superadora, quedará abierta la convocatoria al paro total anunciado como posibilidad para el lunes 14.