Municipales en conflicto: las claves de una protesta que escala en la Provincia
El conflicto de los trabajadores municipales bonaerenses escaló con una medida de fuerte impacto territorial. Sindicatos nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) cortaron la Ruta Provincial 51 y bloquearon el acceso al Puerto de Bahía Blanca, uno de los principales nodos productivos y logísticos del país.
La protesta fue encabezada por el secretario adjunto de la organización, Miguel Agüero, y representó la segunda intervención sobre corredores estratégicos en menos de dos semanas. Anteriormente, los municipales habían interrumpido la circulación en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas.
El reclamo reúne tres demandas centrales: una recomposición de los haberes, la regularización del personal contratado mediante becas o monotributo y la conformación efectiva del Consejo del Empleo Municipal, previsto en la Ley 14.656 pero demorado desde hace más de una década.
El traslado de la protesta hacia un acceso portuario refleja la decisión del gremio de aumentar la visibilidad y el peso económico de sus medidas. La Federación anticipó que su plan de lucha será “total, permanente y prolongado” y continuará en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires hasta conseguir respuestas.
Del corte en Cañuelas al Puerto de Bahía Blanca
La primera demostración se había desarrollado sobre dos corredores de intensa circulación. Los sindicatos de las regionales Centro y Conurbano Oeste bloquearon parcialmente las rutas 6 y 205 para denunciar que existen empleados municipales cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Ahora, la protesta se desplazó hacia el sudoeste bonaerense. El corte sobre la Ruta 51 impidió el ingreso al complejo portuario de Bahía Blanca y convirtió un planteo salarial en una medida capaz de afectar uno de los puntos neurálgicos para las actividades agroexportadora, industrial y energética.
La intervención había comenzado a prepararse durante una reunión de la Regional Sur de FESIMUBO realizada en esa ciudad. Allí participaron representantes gremiales de Bahía Blanca, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Patagones, Daireaux, Guaminí, Adolfo Alsina, Puan, Saavedra, General La Madrid, Tornquist, Pigüé y Laprida.
En aquel encuentro, el secretario general de la Federación, Hernán Doval, advirtió que la discusión no se limita a la conformación de un ámbito institucional. “El conflicto no es solo por la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, sino por los bajos salarios, la precarización creciente y la falta de respuestas”, sostuvo el dirigente.
Después de los primeros cortes, el Ministerio de Trabajo bonaerense anunció una reunión organizativa para avanzar con la conformación del Consejo del Empleo Municipal, un organismo que fue creado por la Ley 14.656, sancionada en 2014, y reglamentado dos años después. Sin embargo, esa señal no fue suficiente para suspender las medidas.
El Consejo tendría carácter consultivo, asesor y no vinculante. Estaría integrado por representantes del Ejecutivo provincial, las intendencias y las federaciones gremiales, con capacidad para elaborar recomendaciones sobre empleo, capacitación y condiciones laborales.
No reemplazaría las negociaciones paritarias de cada distrito ni podría fijar automáticamente un salario mínimo obligatorio para los 135 municipios. Para FESIMUBO, no obstante, permitiría instalar una discusión provincial frente a las grandes diferencias que existen entre comunas.
La cartera conducida por Walter Correa avanzó mediante la Resolución 183/2026 con el procedimiento para constituir el organismo. Allí surgió otro foco de tensión: FESIMUBO cuestionó los criterios previstos para distribuir los lugares entre las entidades sindicales y acusó al Ministerio de intentar incorporar organizaciones sin una representación territorial equivalente.“El Ministerio de Trabajo quiere hacer política con el Consejo del Empleo Municipal”, denunció Doval.
Una Provincia, 135 escalas salariales
El núcleo más complejo del conflicto se encuentra en los ingresos. Al depender de cada intendencia, las escalas presentan diferencias profundas entre distritos con poblaciones, recursos y capacidades de recaudación muy distintas.
FESIMUBO denunció la existencia de básicos cercanos a los $150.000, $200.000 o $250.000 en algunas comunas. Además, relevó atrasos en el pago de horas extras, inconvenientes con los aguinaldos y una creciente utilización de contratos sin estabilidad laboral.
En Merlo, Doval cuestionó el efecto real de aplicar incrementos porcentuales sobre puntos de partida extremadamente bajos. “No nos sirve un municipio donde cobramos 200 y monedas de básico y el intendente anuncia con bombos y platillos un 15% de aumento. ¿Cuánto es el 15% de $200.000? No hace ninguna diferencia en el bolsillo”, planteó.
Los casos expuestos por la Federación muestran que muchos empleados deben recurrir al pluriempleo o al endeudamiento para afrontar alimentos, alquileres y servicios. Por eso, el gremio busca discutir un piso de referencia que reduzca las desigualdades, aunque las paritarias continúen bajo la responsabilidad de cada gobierno local.
La protesta coloca así presión en dos niveles: sobre los intendentes, encargados de negociar y pagar los salarios, y sobre la administración de Axel Kicillof, responsable de poner en funcionamiento el Consejo y mediar en una disputa que se extiende por toda la provincia.
La remunicipalización de servicios entra en la discusión
En paralelo, Doval comenzó a impulsar la remunicipalización de la recolección de residuos. El dirigente considera que los contratos con empresas privadas absorben una parte considerable de los presupuestos locales y reducen el margen disponible para mejorar las remuneraciones.
“La mayor parte de la plata de los municipios se va en las empresas privadas de recolección”, afirmó durante un encuentro sindical realizado en Balcarce.
Según el planteo de FESIMUBO, una prestación gestionada directamente por las comunas podría costar cerca de un tercio de lo que actualmente pagan algunas intendencias a contratistas. La propuesta contempla preservar a los trabajadores y respetar sus derechos adquiridos durante una eventual transferencia del servicio.
Para el gremio, la discusión presupuestaria no puede agotarse en la caída de la coparticipación o de la recaudación municipal. También debe incluir una revisión del dinero destinado a prestaciones tercerizadas y de los márgenes de ganancia de las empresas.
Una protesta que amenaza con extenderse
FESIMUBO dejó a sus regionales en libertad de acción para definir nuevas movilizaciones, cortes y bloqueos. La decisión abre la posibilidad de que la protesta alcance otros corredores productivos y accesos estratégicos del territorio bonaerense.
La organización aclara que su planteo no supone una ruptura política definitiva con el gobierno de Kicillof, pero endureció los cuestionamientos hacia el Ministerio de Trabajo y exige que los anuncios se traduzcan en una convocatoria con fecha, participantes y temario definidos.
El bloqueo en Bahía Blanca confirmó que la disputa ya desbordó las oficinas municipales. Con haberes deteriorados, contrataciones precarias y un organismo provincial que continúa sin funcionar plenamente, los trabajadores buscan convertir un conjunto de conflictos locales en una negociación política de alcance bonaerense.