Atención, intendentes: dos fallos de la Corte ponen límites al cobro de las tasas municipales

Dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación encendieron una señal de alerta para los intendentes bonaerenses. El máximo tribunal estableció que los municipios no pueden sostener el cobro de una tasa con una enumeración genérica de prestaciones: deben identificar el servicio, acreditar que fue efectivamente brindado o puesto a disposición y demostrar que el monto exigido guarda una relación razonable con su costo.

Las decisiones surgieron de expedientes iniciados contra las municipalidades de Córdoba y Pergamino. Aunque se pronunciaron sobre controversias particulares y no anulan automáticamente ordenanzas de otros distritos, consolidan una doctrina que podría ser utilizada por empresas, comercios y entidades para cuestionar gravámenes locales en toda la provincia de Buenos Aires.

Los pronunciamientos fijaron tres condiciones centrales para evaluar la legitimidad de esta clase de recursos: una definición clara del servicio que origina la obligación, la prestación efectiva o puesta a disposición de esa actividad municipal, y una proporción razonable entre su costo y el dinero recaudado.

La Corte no eliminó la potestad tributaria de los municipios ni declaró inválidas todas las tasas calculadas sobre la facturación. Lo que hizo fue colocar límites más precisos para evitar que esos instrumentos funcionen, en los hechos, como impuestos destinados a financiar gastos generales.

Esa distinción resulta determinante. Una tasa supone una contraprestación vinculada con el contribuyente, mientras que un impuesto no requiere la prestación individualizada de un servicio. Por eso, cuando una comuna utiliza fórmulas demasiado amplias o cobra montos desvinculados de su actividad, corre el riesgo de que la Justicia considere desnaturalizado el tributo.

“El juicio de razonabilidad exige una proporción entre el costo del servicio y el monto de lo recaudado”, sostuvo el tribunal en una de las definiciones con mayor proyección sobre los esquemas locales.

Pergamino, el antecedente que interpela a toda la Provincia

La causa bonaerense fue iniciada por la Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de La Fraternidad, Sección Pergamino FC Mitre, que cuestionó la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene cobrada por el municipio.

La entidad sostuvo que durante los períodos reclamados no había recibido las inspecciones que justificaban el gravamen. También objetó la diferencia entre el monto determinado —calculado sobre sus ingresos— y el costo de las tareas municipales supuestamente financiadas.

El gobierno local presentó actuaciones para demostrar la actividad de fiscalización, pero varias habían sido realizadas después de que comenzara el juicio. Para la Corte, esas intervenciones posteriores no podían utilizarse para reconstruir retroactivamente una prestación que debía existir al momento de exigir el pago.

“Si la puesta a disposición y prestación del servicio es un presupuesto de hecho que justifica el cobro del tributo, no resulta suficiente si el servicio no se ha prestado o se lo ha llevado a cabo mediante actividades realizadas con posterioridad a su cuestionamiento judicial”, señaló el fallo.

La Corte avanzó además sobre uno de los aspectos más sensibles para las cajas municipales: la cuantificación. El tribunal sostuvo que debe existir una relación razonable entre el costo global del servicio y la recaudación total generada por la tasa. Si los ingresos superan ampliamente lo necesario para financiar esa actividad, el excedente puede provocar que el tributo pierda su naturaleza retributiva.

El análisis también debe realizarse sobre cada contribuyente. Aun cuando el volumen total recaudado resulte razonable, la obligación individual no debería adquirir una magnitud desproporcionada frente a la prestación recibida o puesta a disposición.

Córdoba y una advertencia contra las fórmulas abiertas

El otro expediente enfrentó al Banco Galicia con la Municipalidad de Córdoba por una contribución aplicada a las actividades comerciales, industriales y de servicios. La norma local mencionaba tareas de contralor, higiene, salubridad y asistencia social, pero agregaba una fórmula residual que permitía incluir prácticamente cualquier prestación orientada al bienestar general.

La Corte consideró que esa descripción era excesivamente amplia. Para el tribunal, no basta con enumerar funciones generales de una administración local: la tasa debe encontrarse asociada a un servicio concreto, efectivo e individualizado.

Otro aspecto importante fue la carga de la prueba. La Justicia cordobesa había entendido que el banco debía demostrar que no recibió la prestación. La Corte revirtió ese criterio y determinó que, frente al desconocimiento del contribuyente, es el municipio el que se encuentra en mejores condiciones para exhibir actas, inspecciones y registros.

“No es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servicio, la carga de probar que ha sido efectivamente prestado”, expresó el tribunal. La sentencia fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Qué puede ocurrir en los municipios bonaerenses

Los criterios fijados por la Corte ofrecen nuevas herramientas para iniciar reclamos administrativos y judiciales. Los esquemas más expuestos serían aquellos que describen las prestaciones de forma genérica o residual; no cuentan con registros suficientes para acreditar controles e inspecciones; pretenden justificar períodos anteriores mediante actuaciones posteriores; recaudan montos difíciles de relacionar con el costo de la actividad; y utilizan la facturación como base sin explicar la proporcionalidad del resultado.

La discusión llega en un momento especialmente delicado para los municipios. La caída de la actividad, la reducción de transferencias y las mayores demandas en seguridad, salud, asistencia social e infraestructura hicieron que las tasas adquirieran un peso cada vez mayor dentro de los presupuestos locales.

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, los jefes comunales sostienen que reciben más responsabilidades sin una transferencia equivalente de recursos. Esa tensión financiera ayuda a explicar por qué cualquier límite sobre la recaudación propia impacta directamente sobre la capacidad de gestión.

Los nuevos precedentes agregan un capítulo complejo a una disputa que ya enfrentó a los municipios con el Gobierno nacional. En febrero, la Justicia Federal de San Nicolás declaró inconstitucional la resolución nacional que impedía incluir tasas locales en las facturas de servicios públicos. La sentencia favoreció precisamente a Pergamino y reconoció que la Nación no podía invadir competencias financieras propias de las comunas.

Aquella resolución defendió la autonomía municipal para organizar el mecanismo de percepción de la tasa de alumbrado público. Los nuevos fallos de la Corte discuten una cuestión diferente: los requisitos que debe cumplir el tributo para ser constitucional.