Tres leyes, dos modelos de intervención: PBA amplía su agenda social en tiempos de Milei
La provincia de Buenos Aires puso en vigencia tres leyes vinculadas con discapacidad y personas en situación de calle que, además de incorporar nuevas herramientas al esquema provincial, recuperan discusiones legislativas que llevaban años sin resolución.
Dos normas adhieren a regímenes nacionales sobre empleo protegido y prestaciones integrales para personas con discapacidad; la tercera reemplaza la legislación bonaerense que desde 2009 regulaba la asistencia a quienes viven sin techo.
El paquete llega además en un momento particular de la relación entre las políticas sociales de Nación y Provincia. Javier Milei intentó vetar en 2025 la emergencia nacional en discapacidad, decisión posteriormente revertida por el Congreso, mientras que su administración modificó la normativa nacional sobre personas en situación de calle para establecer que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son las responsables inmediatas de brindar atención directa.
El contrapunto, sin embargo, no puede reducirse a una oposición absoluta. Los dos primeros instrumentos bonaerenses adhieren justamente a leyes nacionales, y el Gobierno de Milei terminó reglamentando en febrero de este año la emergencia en discapacidad después de que el Congreso rechazara el veto. La diferencia aparece principalmente en el alcance que cada jurisdicción asigna a la intervención estatal y en quién asume la ejecución directa de las prestaciones.
Discapacidad: dos adhesiones que demoraron años
La Ley bonaerense 15.622 incorporó a la Provincia al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, establecido por la Ley Nacional 26.816. El sistema contempla talleres protegidos especiales, talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos, además de un régimen específico de seguridad social destinado a facilitar la inserción laboral.
El proyecto que finalmente llegó a la ley fue presentado en mayo de 2025 por la senadora Nerina Neumann. El Senado lo aprobó en octubre de ese año y Diputados completó la sanción el 27 de agosto de 2026.
Pero el tema estaba lejos de ser nuevo. María Alejandra Martínez había presentado una iniciativa prácticamente con el mismo objeto en 2013, poco después de la sanción de la norma nacional. Hubo nuevos intentos en legislaturas posteriores y en 2021 Natalia Sánchez Jáuregui volvió a impulsar formalmente la adhesión.
La discusión llevaba así más de una década. Incluso en 2020, durante un debate en Diputados, legisladores advertían que Buenos Aires seguía entre las pocas jurisdicciones que todavía no habían adherido al régimen federal y reclamaban una solución para los talleres protegidos existentes en territorio provincial.
La segunda norma es la Ley 15.624, que incorpora a Buenos Aires al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de la Ley Nacional 24.901. La legislación nacional, vigente desde 1997, garantiza prestaciones de prevención, rehabilitación, educación y asistencia para personas con discapacidad y establece cobertura para quienes no poseen obra social.
El proyecto sancionado fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla en mayo de 2025. La iniciativa pasó por las comisiones de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad y Legislación General, fue aprobada por el Senado en noviembre y finalmente consiguió la sanción definitiva en Diputados.
Tampoco era el primer intento. En 2016, por ejemplo, la diputada María José Tedeschi ya había presentado un proyecto de adhesión que obtuvo despacho favorable con modificaciones en comisión.
La nueva legislación habilita además la creación de un Comité Provincial de Seguimiento y establece que las prestaciones para las personas sin cobertura de obra social deberán garantizarse mediante efectores públicos bonaerenses. También permite celebrar convenios y realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
El antecedente del veto de Milei
La puesta en vigencia de esas normas se produce después de uno de los conflictos políticos más fuertes que atravesó la política nacional de discapacidad durante la gestión libertaria.
En agosto de 2025, Milei vetó íntegramente la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad junto con otras dos normas, mediante el Decreto 534/2025.
El Congreso insistió posteriormente con mayorías de dos tercios y la Ley 27.793 quedó vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga anual. La norma dispuso, entre otros puntos, mecanismos de actualización de los aranceles del sistema de prestaciones contemplado en la Ley 24.901.
El Ejecutivo finalmente reglamentó la emergencia en febrero de 2026. En agosto, la Secretaría Nacional de Discapacidad también dispuso un incremento del 2,1% en los aranceles, calculado según la variación del IPC de julio.
Por eso, el contraste con Buenos Aires no pasa hoy por la existencia o inexistencia del régimen nacional, sino por una secuencia política distinta: mientras Nación intentó inicialmente bloquear la emergencia por sus implicancias fiscales, la Legislatura bonaerense terminó este año dos adhesiones largamente postergadas y amplió las obligaciones provinciales dentro de esos sistemas.
Personas en situación de calle: otra discusión sobre responsabilidades
La tercera norma, la Ley 15.625, establece un nuevo régimen bonaerense para personas en situación de calle o en riesgo de atravesar esa situación. Reconoce derechos vinculados con salud, identidad, trabajo, vivienda y acceso a servicios públicos, crea una Red Provincial de Centros de Integración Social y prevé un sistema telefónico permanente y un Servicio Móvil de Atención Social.
El proyecto fue impulsado por el senador Federico Fagioli. El Senado ya registraba su tratamiento en noviembre de 2024 y volvió a debatirlo en comisión durante 2025. Su objetivo declarado era garantizar integralmente los derechos de quienes habitan en la calle y de quienes enfrentan riesgo inmediato de quedar sin vivienda.
Fagioli tenía antecedentes directos en la materia. Como diputado nacional había sido el primer firmante, en 2020, de un proyecto para garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle, una discusión que luego desembocó en la Ley Nacional 27.654.
En Buenos Aires, la nueva ley reemplaza a la 13.956, sancionada en 2009, que había creado un Programa de Asistencia Integral, un servicio telefónico y un dispositivo móvil de atención.
También aquí aparece una diferencia reciente con Nación. En junio de 2025, el Gobierno de Milei modificó mediante el Decreto 373 la Ley Nacional 27.654. El nuevo texto mantiene una responsabilidad concurrente entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires, pero define a estas últimas como responsables inmediatas de la atención directa. Nación conserva un papel rector y puede intervenir de manera subsidiaria o complementaria cuando las jurisdicciones carezcan de recursos.
La nueva ley bonaerense avanza justamente sobre esa responsabilidad: organiza dispositivos propios, amplía el régimen provincial y establece coordinación entre distintas áreas del Ejecutivo. Fagioli, además, presentó en 2025 una declaración de repudio al decreto nacional que modificó la distribución de responsabilidades.
Así, las tres normas ponen en vigencia herramientas que tienen historias distintas pero un punto común: trasladan al ámbito bonaerense obligaciones concretas de ejecución. En discapacidad, después de años de proyectos fallidos, la Provincia finalmente adhiere a dos sistemas federales. En situación de calle, reemplaza una ley de 2009 por un esquema más amplio justo cuando Nación redefine su intervención como principalmente rectora y subsidiaria.