¿Dónde va la plata? La caja bonaerense, bajo la lupa de la oposición
La discusión por el acceso a la información pública sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense. El bloque de La Libertad Avanza en el Senado presentó un proyecto para crear un régimen de “transparencia activa” que obligue al Estado provincial a publicar y actualizar de oficio buena parte de sus datos administrativos, presupuestarios y financieros.
La propuesta fue impulsada por el senador Diego Valenzuela, con María Cecilia Martínez como coautora, y este miércoles tuvo su presentación política junto al resto de la bancada. Del encuentro participaron el presidente del bloque libertario, Carlos Curestis, y los senadores Gonzalo Cabezas, Matías De Urraza y Analía Balaudo, además del propio Valenzuela.
El eje del proyecto está en modificar la lógica actual. Hoy, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley 12.475, vigente desde 2000, que reconoce el acceso a documentos administrativos a personas físicas o jurídicas que acrediten un “interés legítimo”. La norma establece además que la solicitud debe ser fundada y presentada por escrito ante el organismo que posee la documentación. Si pasan 30 días hábiles sin respuesta, se considera denegada.
La iniciativa de Valenzuela propone avanzar hacia otro sistema: que determinada información sea publicada automáticamente, sin que el ciudadano tenga que iniciar previamente un pedido.
“La información pública es del público y tiene que estar publicada”, sostuvo el senador al presentar la propuesta. Según explicó, el objetivo es que un vecino, periodista, investigador o legislador pueda acceder a los datos directamente y no deba atravesar un trámite para obtenerlos.
Valenzuela describió el procedimiento actual como “tortuoso”, “difícil” y “burocrático” para quienes buscan determinada documentación, y señaló que la intención es generar un sistema donde esa información esté disponible de manera permanente.
Un solo portal para los tres poderes
El corazón de la propuesta es la creación de un Portal de Transparencia Activa y Datos Abiertos. Allí deberían centralizarse los datos de los tres poderes del Estado bonaerense, además de organismos constitucionales, empresas con participación estatal y entidades públicas o privadas que administren fondos o subsidios provinciales.
El texto parte del criterio de que la información estatal debe presumirse pública, con excepciones específicas y de interpretación restrictiva.
Los datos deberán publicarse en formatos digitales abiertos, interoperables y legibles por máquinas, con posibilidad de descarga y reutilización. El objetivo planteado es que la información no esté solamente disponible para ser leída en una página web, sino que también pueda ser procesada y comparada.
Uno de los capítulos más amplios es el referido a las cuentas públicas. El Ejecutivo debería publicar información actualizada sobre el presupuesto provincial y su ejecución, la composición de la deuda pública, las contrataciones, las obras, los subsidios y las transferencias enviadas a los municipios.
La iniciativa aparece pocas semanas después de que el Ministerio de Economía bonaerense difundiera la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre. Ese documento oficial mostró $20,74 billones de ingresos totales frente a $21,62 billones de gastos, con un superávit económico de $58.335 millones, un déficit primario de $149.297 millones y un déficit financiero de $876.057 millones.
Personal, salarios y declaraciones juradas
El portal también debería incluir datos sobre la estructura estatal. Entre los contenidos mínimos figuran la nómina de personal y las escalas salariales, además de información sobre autoridades y funcionarios.
Valenzuela cuestionó que actualmente no exista, según su planteo, un acceso sencillo y centralizado a esos datos. “Saber cómo se ejecuta un presupuesto, conocer qué ocurre con el personal de la Provincia, todo aquello que en definitiva sucede en el territorio de la Provincia es de los vecinos”, expresó.
También se prevé la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios, dentro de los límites establecidos por las normas de protección de datos personales.
Otro bloque está destinado a la contratación estatal. El proyecto obliga a difundir los procesos de compras, licitaciones, contratos y obras públicas, junto con la información necesaria para conocer los procedimientos, adjudicatarios y utilización de los fondos involucrados.
También deberán exhibirse los subsidios otorgados por el Estado y la información vinculada con empresas y entidades que administren recursos provinciales.
La propuesta alcanza además información vinculada con la actividad cotidiana de los funcionarios. Entre las obligaciones previstas aparecen las agendas institucionales y los costos de los viajes oficiales, además de otros gastos asociados al funcionamiento estatal.
El esquema contempla además una estructura específica para garantizar el cumplimiento. Cada organismo alcanzado por la ley deberá designar un “Responsable de Transparencia”, encargado de asegurar la publicación y actualización de la información correspondiente. Si un dato obligatorio no aparece, cualquier ciudadano podrá realizar un reclamo gratuito a través del propio portal.
El proyecto elimina además la exigencia de demostrar previamente un interés legítimo para acceder a ese mecanismo, uno de los requisitos que contempla la actual Ley 12.475 para los pedidos administrativos.
Cuando exista información protegida por razones de privacidad, el texto prevé que los organismos recurran a procedimientos de disociación o anonimización, de modo de publicar el resto del documento cuando sea posible.