$150.000 millones en juego: cómo busca la Provincia recuperar fondos para los hospitales públicos
La provincia de Buenos Aires extendió hasta el 31 de octubre el plazo para que las obras sociales nacionales ingresen al régimen especial destinado a regularizar deudas por prestaciones realizadas en hospitales y otros efectores públicos. El objetivo es ampliar la adhesión a un esquema con el que el Gobierno bonaerense busca recuperar alrededor de $150.000 millones ya desembolsados por el sistema sanitario para atender a personas que cuentan con cobertura.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 136-SAMO-2026 del Consejo Provincial del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por Nicolás Kreplak como presidente del organismo.
El plazo original vencía el 26 de septiembre, luego de los 45 días previstos cuando el régimen fue puesto en marcha en agosto. La nueva resolución amplía exclusivamente el período para solicitar la adhesión: no cambia quiénes pueden ingresar, qué obligaciones están alcanzadas ni las condiciones financieras establecidas inicialmente.
El Ministerio de Salud busca así dar más margen para que las entidades presenten la documentación, acrediten sus obligaciones y completen los procesos de verificación y conciliación de los montos pendientes antes de formalizar los acuerdos.
Hasta 24 cuotas para recuperar prestaciones ya realizadas
El régimen comprende deudas de obras sociales nacionales originadas en prestaciones efectuadas dentro del SAMO. El sistema permite que los establecimientos públicos recuperen el costo de la atención brindada a pacientes que tienen cobertura y cuyo financiador, por lo tanto, debe afrontar esas prestaciones.
Las entidades que ingresen podrán cancelar sus obligaciones al contado, acceder a un plan de hasta 18 cuotas mensuales sin interés de financiación o extenderlo hasta 24 cuotas con una tasa anual del 4% sobre saldos.
En esta última modalidad, al menos el 70% de la deuda deberá quedar cancelado durante los primeros doce meses. Mientras el acuerdo se encuentre vigente y sea cumplido, quedan suspendidos los intereses moratorios, recargos y otros accesorios previstos sobre las obligaciones incorporadas.
El beneficio no es automático ni permanente. La falta de pago de tres cuotas, consecutivas o alternadas, puede provocar la caducidad del régimen una vez cumplidos los plazos previstos. En ese caso, la Provincia queda habilitada para avanzar con el cobro de la deuda reconocida. También puede perderse el beneficio si aparecen nuevas obligaciones impagas y no son regularizadas después de una intimación.
Con la nueva resolución, las solicitudes presentadas hasta el 31 de octubre podrán seguir tramitándose hasta su conclusión, aun después de esa fecha, bajo las condiciones establecidas originalmente.
La extensión responde también a una dificultad administrativa: antes de cerrar cada acuerdo deben verificarse las facturas, reunir documentación y conciliar las obligaciones entre el sistema provincial y cada obra social. La Dirección de Recuperación de Costos propuso ampliar el plazo justamente para completar ese proceso y sumar entidades que todavía no formalizaron su ingreso.
Más pacientes con cobertura recurren al hospital público
La decisión se inserta en un problema que excede el cobro de facturas. Los hospitales bonaerenses vienen absorbiendo una demanda creciente de personas que perdieron su cobertura, pero también de pacientes que conservan una obra social o prepaga y terminan utilizando el sistema estatal.
La presión ya tuvo una expresión concreta en la Región Sanitaria VIII. Tras la saturación registrada en el Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende de Mar del Plata, la Provincia convocó un Consejo Regional de Salud extraordinario con municipios, hospitales, obras sociales, PAMI y prestadores privados.
Allí se acordó reforzar la gestión y disponibilidad de camas, los circuitos de derivación y las herramientas de teleconsulta, además de analizar específicamente el impacto que tienen las obras sociales sobre una demanda que termina recayendo en el sistema público.
Ese aumento de la demanda también se reflejó en la UPA 13, donde las admisiones pasaron de 17.934 entre enero y julio de 2024 a 34.190 en el mismo período de 2026. El salto fue del 90,6% en apenas dos años y muestra la presión creciente sobre los efectores públicos de la región.
Entre 2023 y 2025, las internaciones en hospitales públicos provinciales aumentaron 35%. Dentro de ese universo, el 53% corresponde actualmente a personas con obra social o prepaga, una proporción que anteriormente se ubicaba por debajo del 40%.
Al mismo tiempo, entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la población argentina que depende exclusivamente del sistema público creció en 742.000 personas, al pasar de 9,55 millones a 10,29 millones.
Ese doble movimiento —más personas sin cobertura y más afiliados que recurren al hospital pese a seguir aportando a un financiador— puso el recupero de costos en un lugar central para la administración sanitaria bonaerense.
Cuando lanzó el régimen en agosto, la Provincia planteó además que las obras sociales nacionales concentraban una parte significativa de las obligaciones acumuladas con los efectores públicos. El diseño del plan procuró combinar el cobro con condiciones que no generaran una ejecución inmediata capaz de agravar la situación financiera de las entidades y afectar las prestaciones de sus afiliados.
La resolución original también vinculó las dificultades para recuperar esos recursos con cambios introducidos en el sistema nacional durante 2024. La administración bonaerense sostuvo que la modificación de los circuitos utilizados hasta entonces para gestionar los cobros dejó prestaciones realizadas sin un mecanismo suficientemente eficaz para recuperar su costo.
Qué pasa con el dinero que logre recuperar la Provincia
El punto central del régimen no termina en la cancelación de las facturas. Los recursos que ingresan mediante el SAMO regresan al sistema sanitario y a los establecimientos que realizaron las prestaciones, de acuerdo con los mecanismos de distribución vigentes.
La mitad del recupero tiene como destino a los trabajadores del sistema, mientras los recursos también cumplen una función de financiamiento para los establecimientos, el Fondo Provincial de Salud y la infraestructura sanitaria.
Por eso, una mayor adhesión de las obras sociales tiene impacto tanto sobre las cuentas de los hospitales como sobre los recursos vinculados con el personal que sostiene la atención.
El Gobierno bonaerense busca, además, reducir la judicialización. En lugar de avanzar directamente por la vía de ejecución sobre todas las obligaciones impagas, el esquema habilita una instancia de reconocimiento, conciliación y financiación de la deuda.
La Resolución 136 no amplió los beneficios ni abrió una nueva moratoria: extendió el plazo para ingresar al régimen existente. Tampoco alteró las tasas, requisitos, consecuencias por incumplimiento ni obligaciones comprendidas.
Las obras sociales nacionales tendrán ahora hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su adhesión. A partir de allí, cada solicitud continuará el proceso de verificación y conciliación destinado a transformar prestaciones que ya fueron financiadas por el sistema público bonaerense en recursos efectivamente recuperados por la Provincia.