El dinero está, las obras faltan: radiografía del Fondo Hídrico que enfrenta a Milei con Buenos Aires
Con El Niño ya activo y un escenario de lluvias por encima de lo normal sobre buena parte de la provincia de Buenos Aires, la discusión por la prevención hídrica entra en una etapa clave. Municipios del interior aceleran la limpieza de canales, revisan caminos rurales y ajustan sus sistemas de emergencia, mientras el Gobierno bonaerense profundiza un operativo que alcanza a los 135 distritos.
Pero detrás de la preparación territorial aparece otra discusión: qué ocurre con los recursos nacionales destinados específicamente a infraestructura hídrica. Con obras estructurales todavía pendientes y el riesgo de nuevos excesos de agua sobre la mesa, la Provincia volvió a poner el foco sobre el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y sobre los fondos que, según documentación oficial, permanecen sin transformarse en obras.
La discusión cambió de escala a comienzos de septiembre. Una respuesta oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información presentado por la diputada provincial Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, mostró que el fondo acumulaba $354.197 millones que no estaban aplicados a obras, sino distribuidos entre distintos activos y cuentas: $303.370 millones en Letras del Tesoro Nacional, $50.779 millones en una cuenta a la vista y $47,2 millones en un plazo fijo utilizado como reserva de liquidez. “La plata para prevenir inundaciones está en la timba financiera”, sintetizó la legisladora.
Qué dice la ley sobre el Fondo Hídrico
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue creado por el Decreto 1381/2001 y luego respaldado por la Ley 26.181. La normativa vigente establece que una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles se dirige específicamente al fideicomiso; la Ley 23.966 fija actualmente esa participación en 4,31% de la distribución del tributo.
El destino está definido en la propia normativa: financiar obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y protección de infraestructura vial y ferroviaria, con prioridad para las regiones que atraviesen emergencias hídricas.
Hay, sin embargo, otra precisión necesaria. El decreto que regula el fideicomiso permite que sus recursos líquidos sean invertidos transitoriamente en depósitos a plazo fijo en bancos oficiales nacionales, con vencimientos de hasta un año, y contempla operaciones financieras sobre ingresos futuros. Por eso, la controversia no puede reducirse a afirmar que toda colocación financiera está prohibida: el debate está concentrado en cuánto se ejecuta efectivamente en infraestructura y durante cuánto tiempo permanecen acumulados los recursos mientras existen proyectos pendientes.
Los números oficiales muestran esa distancia entre ingresos y gastos de capital. En 2024, el Fondo registró $98.538,5 millones de ingresos corrientes y $12.709 millones de gastos de capital, con un resultado financiero positivo de $85.219 millones. En 2025, los ingresos subieron a $235.945,1 millones, los gastos de capital alcanzaron $43.069,9 millones y el resultado financiero volvió a ser superavitario, en $189.402 millones.
El Río Salado: el punto donde el reclamo toma forma
Para Buenos Aires, el conflicto por el Fondo Hídrico tiene un nombre concreto: el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.
La escala explica su importancia. La cuenca abarca 170.000 kilómetros cuadrados, el 55% del territorio provincial, 17 millones de hectáreas productivas, 59 municipios y más de 1,5 millones de habitantes. El proyecto completo comprende 531 kilómetros de intervención sobre el río y busca aumentar su capacidad para evacuar excedentes, mitigar inundaciones y recuperar superficie productiva.
El principal foco de disputa se encuentra en la Etapa 2 del Tramo IV, compuesta por tres subtramos que suman 33,4 kilómetros. Según el Gobierno bonaerense, esas obras comenzaron en mayo de 2023 y quedaron neutralizadas por falta de financiamiento nacional después del cambio de administración. El propio Ejecutivo provincial remarca que ese segmento era responsabilidad de Nación y se financiaba mediante el Fondo Hídrico.
El problema hidráulico es que una obra de ese tipo funciona como sistema. Un sector con una sección menor puede convertirse en un cuello de botella para el escurrimiento, aun cuando aguas arriba o aguas abajo existan tramos ya ampliados.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la paralización del segmento nacional reapareció en cada una de las reuniones que la Provincia mantuvo con intendentes y productores durante la preparación frente a El Niño.
En paralelo, Buenos Aires decidió avanzar con las etapas 1 y 2 del Tramo V, desde Bragado hasta aguas abajo de la laguna Rocha. Son 60,26 kilómetros que atraviesan Alberti, Bragado y Chacabuco y contemplan además la reconstrucción de cinco puentes viales y dos ferroviarios. La inversión prevista asciende a US$138 millones, de los cuales US$110 millones corresponden a financiamiento del Banco Europeo de Inversiones y el resto al Tesoro provincial.
La obra permitirá triplicar en algunos sectores la sección del río, de 30 a 90 metros, y tiene como objetivo recuperar aproximadamente 400.000 hectáreas productivas. La Provincia recibió siete ofertas y proyectó avanzar con la adjudicación durante el último tramo de 2026.
“Lo necesitamos”
Cuando presentó su programa preventivo, Kicillof convirtió el Fondo Hídrico en uno de los ejes centrales de su reclamo a la Casa Rosada. El gobernador sostuvo que el dinero proviene de recursos que los contribuyentes ya pagan al cargar combustible y cuestionó que una parte permanezca sin traducirse en infraestructura. Al reclamar la porción que considera correspondiente a Buenos Aires, resumió la urgencia con una frase: “¿Cuándo? Ya, mañana, lo necesitamos”.
Durante una posterior actividad con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, volvió sobre el mismo argumento y señaló que los recursos estaban colocados en cuentas e instrumentos financieros en vez de convertirse en obras. Ambas provincias acordaron además mecanismos de coordinación vinculados con el Río V, cuyo comportamiento tiene impacto sobre el noroeste bonaerense.
El reclamo de los municipios
El conflicto nacional se vuelve más concreto al llegar a los municipios. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, explicó que el distrito lleva limpiados más de 2.200 kilómetros de canales dentro de su plan hídrico rural y recordó que durante un episodio anterior llegaron a caer alrededor de 500 milímetros en una semana.
Al hablar de las obras estructurales que requieren financiamiento de otra escala, fue directo: “Hoy tenemos un Estado nacional ausente en esto”. Golía mencionó especialmente las demoras del Plan Maestro del Salado y señaló que el municipio trabaja mientras tanto sobre medidas de contingencia y prevención local.
El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, planteó un diagnóstico similar al ser consultado por este medio. El distrito tiene a Huanguelén como uno de sus puntos sensibles y viene realizando intervenciones con maquinaria municipal y provincial. Sobre el retiro de financiamiento nacional, Moccero afirmó que distintas obras quedaron detenidas con el cambio de Gobierno y sostuvo que la Provincia debe cubrir parte de esa demanda con recursos propios.
“Sin fondos es muy difícil”, sintetizó. En Coronel Suárez, la Provincia ejecuta actualmente la limpieza y mejora de 24 kilómetros del arroyo Sauce Corto, mientras que en otros municipios de la Subregión C se desarrollan trabajos sobre terraplenes, estaciones de bombeo, canales y sistemas de lagunas.
No todas las voces territoriales colocan el eje exclusivamente sobre Nación. El senador bonaerense del PRO y exintendente de Junín Pablo Petrecca viene reclamando que Provincia y municipios aceleren la coordinación y las medidas preventivas. Durante una reunión del Comité de Cuenca del Salado en General Arenales dejó una definición: “No podemos esperar a que llegue el problema para empezar a actuar”.
El presidente de CARBAP, Pablo Ginestet, también advirtió por las demoras históricas del Plan Maestro y señaló que varios sectores del interior llegan a esta etapa con caminos afectados, napas altas y dificultades de transitabilidad.
La Legislatura busca darle más margen a los intendentes
La preocupación ya llegó formalmente al Senado bonaerense. El expediente E-421/2026-2027, presentado por Sergio Vargas y acompañado por Silvana Ventura, propone autorizar temporalmente a los municipios a reasignar recursos del Impuesto Inmobiliario Rural que actualmente se utilizan para la red vial hacia obras de infraestructura hídrica. La Comisión de Obras y Servicios Públicos lo aprobó por unanimidad el 23 de septiembre.
La propuesta permitiría durante 180 días utilizar hasta el 100% de esa partida para tareas como drenajes, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, defensas y equipamiento hídrico. Vargas explicó que no se trata de crear una nueva fuente de financiamiento, sino de flexibilizar temporalmente el destino de dinero que ya reciben los distritos.
El senador lo resumió como una herramienta para “anticiparse al desastre” y permitir una ejecución más rápida desde el territorio.
La paradoja financiera atraviesa así los dos niveles: mientras en La Plata se analiza permitir que los intendentes muevan recursos existentes para intervenir canales y drenajes, el debate con Nación gira alrededor de un fondo específico que mantiene cientos de miles de millones de pesos sin transformar en nuevas obras.