Estatales bonaerenses: salarios, estabilidad y los frentes que Kicillof debe ordenar antes de fin de año
El paro que ATE realizará el 7 de octubre es apenas una de las piezas de una discusión más amplia entre Axel Kicillof y los trabajadores del Estado bonaerense. Detrás de la medida de fuerza aparecen una negociación salarial todavía abierta, meses sin actualización, miles de pases a planta en distintas etapas, reclamos por categorías y carrera administrativa y una discusión que empieza a trasladarse al Presupuesto 2027.
La situación alcanza en primer término a los trabajadores encuadrados en la Ley 10.430, representados en la mesa provincial por ATE, UPCN y FEGEPPBA. Pero el escenario se extiende también hacia docentes y judiciales, que mantienen negociaciones propias y llegan al último trimestre con demandas similares sobre ingresos y condiciones laborales.
El dato inmediato es concreto: septiembre quedó sin un nuevo aumento para los estatales de la administración pública. El Gobierno convocó a los sindicatos el 24 de septiembre, cumplió con la reapertura comprometida en el acuerdo anterior, pero la primera audiencia finalizó sin una propuesta económica. Las partes pasaron a un cuarto intermedio y la expectativa gremial quedó puesta en una nueva convocatoria durante los primeros días de octubre.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la discusión tiene ahora una pregunta central: cuánto ofrecerá la Provincia para octubre y noviembre . Los gremios plantearon acuerdos cortos y revisiones frecuentes para evitar que una pauta de varios meses pierda vigencia frente a los precios.
La negociación de 2026 tuvo varias etapas. En enero, ATE aceptó una recomposición que incluía 1% retroactivo a diciembre de 2025 y 2% en enero, junto con el compromiso de abrir formalmente la discusión de 2026 en febrero. El sindicato calificó entonces los haberes como insuficientes, pero valoró la continuidad de la mesa de negociación.
El conflicto escaló semanas después. El 2 de marzo ATE realizó un paro y movilización al Puente Pueyrredón, al mismo tiempo que reclamaba una mejora de la propuesta provincial y responsabilizaba al Gobierno nacional por la pérdida de recursos bonaerenses.
La negociación terminó con un acuerdo del 9% para febrero, marzo y abril: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril. También incluyó una recategorización excepcional para el personal de la Ley 10.430, una suma adicional de $20.000 para auxiliares de la educación y medidas específicas para trabajadores del sistema sanitario.
Después llegó un período sin nuevos porcentajes hasta julio. La primera propuesta de aquel mes fue de 2,5% y ATE la rechazó. Días más tarde el Ejecutivo elevó el ofrecimiento a 7%, dividido en 5% para julio y 2% para agosto sobre los salarios de junio, y consiguió el acuerdo de las principales organizaciones.
UPCN aceptó formalmente el esquema. Su secretario gremial bonaerense, Juan Pablo Martín Oyarzábal, pidió entonces moderación al evaluar el entendimiento: sostuvo que el acuerdo no resolvía “todos los aspectos y los requerimientos” de la organización, aunque destacó la continuidad de las negociaciones.
ATE también valoró que la Provincia hubiera mejorado el ofrecimiento original. Claudio Arévalo sostuvo en julio que el Ejecutivo venía demostrando que podía continuar con la discusión salarial pese al recorte de recursos nacionales, pero dejó planteado el límite del acuerdo: “el trabajador estatal no llega a fin de mes”.
Salarios contra inflación: los números de la discusión
El último dato oficial disponible del INDEC marcó una inflación nacional de 1,7% en agosto. El organismo publicará la medición correspondiente a septiembre el 13 de octubre.
Un cálculo difundido por Letra P sobre los dos principales acuerdos salariales de este año —el 9% de febrero-abril y el 7% de julio-agosto— los ubica, encadenados, en torno al 16,6%, frente a una variación de precios del 21,4% para el período considerado en ese relevamiento. Los gremios sostienen además que la pérdida acumulada viene de años anteriores y reclaman que los próximos aumentos no se limiten a acompañar los índices mensuales.
Arévalo volvió sobre ese punto después de la audiencia del 24 de septiembre. “La situación se agrava cada vez más”, dijo, y enumeró como principales componentes del gasto de los trabajadores el transporte, los alquileres, los alimentos y los servicios.
Los tres sectores que participaron de esa reunión —ATE, UPCN y FEGEPPBA— coincidieron en reclamar una nueva recomposición, plazos cortos y continuidad de las mesas técnicas. La discusión salarial aparece así como el punto inmediato, pero no como el único tema pendiente.
Más de 8.000 pases acordados y 14.000 casos bajo reclamo de ATE
La estabilidad laboral constituye el segundo gran capítulo. En julio, Provincia y sindicatos acordaron avanzar con el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores de planta temporaria que ingresaron hasta diciembre de 2025. También se pautó continuar las discusiones sobre becas, carrera administrativa y distintos regímenes sectoriales.
ATE sostiene que el universo todavía pendiente es mayor. Arévalo habló entonces de 14.000 trabajadores alcanzados por distintas situaciones de precarización y planteó como objetivo que todos tengan estabilidad antes de que finalice el mandato de Kicillof.
Ese reclamo volvió a aparecer en la paritaria de septiembre. El sindicato pidió continuar los pases a planta, regularizar becas de capacitación y abrir las mesas necesarias para abordar las situaciones específicas de distintos organismos.
La convocatoria del 7 de octubre traslada ahora ese punto a la Legislatura. ATE quiere que el Presupuesto 2027 cree los cargos necesarios para regularizar las distintas modalidades contractuales que denuncia como precarias, incluyendo becarios.
Educación: descuentos, categorías y acuerdos pendientes
Una parte de las demandas ya había llegado a un conflicto específico dentro de la administración provincial. Durante septiembre, ATE presentó reclamos ante la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo por descuentos salariales, categorías pendientes y demoras en los pases a planta.
El sindicato sostuvo que categorías acordadas en negociaciones anteriores no habían sido reflejadas en determinados haberes y reclamó avanzar con la regularización de trabajadores temporarios. La organización expresó en aquella presentación: “No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento”.
La estructura del empleo público es otro de los asuntos que permanece abierto. El acuerdo de marzo dispuso una recategorización excepcional de una categoría para trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 y contempló la titularización de determinadas jefaturas y subdirecciones interinas que reunieran los requisitos de antigüedad establecidos.
En julio, las partes pactaron además convocar una mesa técnica de carrera administrativa y comenzar a discutir un futuro Convenio Colectivo de Trabajo. También quedaron previstas mesas para auxiliares de la educación, salud, mantenimiento, producción de equipamiento y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
La reapertura de septiembre volvió a incluir esa agenda. ATE pidió mesas para Cultura, Comunicación Pública, OPISU, Patronato de Liberados, Transporte, Infraestructura, Trabajo y Jefatura de Asesores, entre otras áreas.
De esta manera, la discusión con la Provincia combina cuestiones que se resuelven directamente mediante porcentajes de aumento con otras que necesitan modificaciones administrativas, creación de cargos, cambios escalafonarios o previsiones presupuestarias.
Qué plantea el Gobierno
Desde el Ejecutivo, Pablo López viene vinculando las decisiones salariales con la situación de las cuentas bonaerenses. Al anunciar el acuerdo de julio, el ministro de Economía sostuvo que la Provincia realizaba un “enorme esfuerzo en materia salarial” y destacó que los trabajadores públicos sostienen los servicios de seguridad, educación, salud y otras prestaciones estatales.
Días después, al extender el mismo incremento a las fuerzas de seguridad, López volvió sobre el cuadro fiscal: mencionó la caída de la recaudación, la baja de la actividad y el consumo y el incremento del endeudamiento de las familias.
El Gobierno también atribuye parte de sus restricciones a los recursos que reclama a la administración de Javier Milei. Esa explicación fue presentada nuevamente ante ATE, UPCN y FEGEPPBA en la reunión del 24 de septiembre, donde los funcionarios expusieron la situación financiera pero no llevaron todavía un porcentaje de aumento.
La respuesta gremial combina ese diagnóstico con reclamos propios. ATE comparte la denuncia contra los recortes nacionales y ha participado de movilizaciones junto con espacios políticos y sindicales que acompañan a Kicillof, pero al mismo tiempo sostiene que esa situación no elimina la responsabilidad de la Provincia en la negociación salarial y laboral.
El Presupuesto 2027 entra en la discusión
La agenda salarial empezó además a cruzarse con la próxima ley de gastos y recursos. ATE trabaja desde agosto junto con el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) en una propuesta para que el Presupuesto 2027 contemple estabilidad, cargos y financiamiento. Arévalo adelantó entonces: “Vamos a llevar una propuesta a la Legislatura provincial para que garanticen la estabilidad de todos los trabajadores”.
El sindicato plantea también aumentar la progresividad tributaria y dirigir parte de esos recursos hacia salarios y empleo estatal. Entre los sectores mencionados por su conducción aparecen el agro y los barrios cerrados.
Otro reclamo apunta al Consejo del Salario Municipal, con el objetivo de incorporar recursos para su funcionamiento y abordar la situación de los empleados de los 135 distritos. ATE sumó además el pedido de boleto gratuito para trabajadores de Salud y Educación y nuevas incorporaciones en áreas que considera críticas.
Octubre concentra las definiciones
El próximo capítulo vuelve a ser salarial. ATE aseguró que el Ejecutivo se comprometió a convocar nuevamente a los gremios a la brevedad y pidió que el encuentro se realice antes del 9 de octubre, fecha vinculada con el cierre de la liquidación de los jubilados del Instituto de Previsión Social.
Para entonces, el gremio ya habrá realizado el paro y la movilización del 7. Pero la negociación que se abre va más allá de esa protesta: el Gobierno debe definir una nueva pauta para los últimos meses del año mientras continúan los procesos de regularización, las mesas técnicas y la preparación del Presupuesto 2027.
El escenario con el que Kicillof llega a octubre reúne así una paritaria sin nueva oferta, septiembre sin actualización, más de 8.000 pases a planta acordados, 14.000 situaciones de precarización contabilizadas por ATE y reclamos simultáneos de docentes y judiciales. Sobre esos puntos se concentrará la próxima ronda entre la Provincia y sus trabajadores.