Celulares en las aulas: la oposición apura a Kicillof y un sector oficialista también exige respuestas
Con la regulación del uso de celulares en las escuelas bonaerenses ya promulgada, la discusión se trasladó de la Legislatura al gobierno de Axel Kicillof. La oposición exige que el Ejecutivo establezca los procedimientos para aplicar las restricciones, mientras desde un sector del oficialismo también reclaman que se cumpla la normativa destinada a las escuelas primarias, sancionada el año pasado.
El planteo cobra relevancia después de que la Provincia publicara el 10 de noviembre la Ley 15.678, que amplía las limitaciones a la educación secundaria. La disposición comenzará a regir el 19 de noviembre, pero su implementación ya genera demandas de legisladores, diferencias sobre el alcance de las restricciones y pedidos de autonomía de las instituciones educativas.
La oposición exige una reglamentación urgente
El diputado bonaerense Martín Rozas, de Unión y Libertad, autor de la iniciativa que extiende la regulación a las secundarias, reclamó que el Ejecutivo avance con los lineamientos necesarios para aplicar la ley en los establecimientos públicos y privados.
“Debe hacerse urgente”, sostuvo el legislador, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja. En declaraciones radiales, aseguró que todavía no había sido convocado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para participar en el proceso de reglamentación, aunque manifestó su disposición a colaborar.
Rozas defendió el criterio de regular el uso de dispositivos sin eliminar su utilidad educativa. La legislación establece que los alumnos de primaria y secundaria no podrán utilizar celulares y otras pantallas durante la jornada escolar, excepto cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente para cumplir objetivos pedagógicos.
La norma no prohíbe expresamente llevar teléfonos a la escuela ni dispone su confiscación. Su aplicación requiere definir cómo se organizará el uso permitido, qué medidas podrán adoptar los establecimientos y de qué manera se resolverán los incumplimientos.
Una ley nueva y un plazo reglamentario que ya había vencido
La Ley 15.678 modifica la Ley 15.534, sancionada el 18 de septiembre de 2025, que estableció restricciones para el nivel primario. La reforma incorporó a la secundaria y mantuvo el criterio de utilización exclusivamente pedagógica de los dispositivos, con intervención docente.
El texto original estableció en su artículo 5 que el Poder Ejecutivo debía reglamentar la legislación dentro de los 180 días posteriores a su sanción. Ese plazo transcurrió durante 2026 sin que se conociera una reglamentación general de aplicación, situación que ya había motivado cuestionamientos legislativos.
La ampliación recibió sanción definitiva el 20 de octubre, cuando Diputados aprobó las modificaciones introducidas previamente por el Senado. Su publicación oficial se concretó el 10 de noviembre.
La presión actual combina dos situaciones: una reglamentación pendiente desde la ley de primaria y la necesidad de establecer procedimientos para extender las restricciones a secundaria, donde la nueva disposición comenzará a regir el 19 de noviembre.
La medida alcanza a cerca de 1,4 millones de estudiantes de unas 4.040 escuelas secundarias bonaerenses, además del alumnado de primaria. La diversidad de establecimientos y recursos disponibles agrega complejidad a la definición de pautas comunes.
El oficialismo también reclama y cuestiona a Educación
El pedido opositor no es el único que apunta a la implementación. El senador de Fuerza Patria, Emmanuel González Santalla, impulsor de la ley para primaria junto con Lorena Mandagarán, del GEN, ya había exigido en septiembre que el Ejecutivo avanzara con su aplicación.
El reclamo volvió a cobrar fuerza en noviembre, cuando el legislador cuestionó públicamente declaraciones de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, sobre la utilización de celulares en las escuelas.
La funcionaria había sostenido que la normativa regula el uso de dispositivos, pero no supone una prohibición absoluta. También defendió la necesidad de enseñar a los estudiantes a utilizar responsablemente la tecnología y comprender sus riesgos, en lugar de limitarse a retirar los teléfonos de las aulas.
González Santalla respondió que la legislación establece claramente la no utilización durante la jornada escolar, salvo que un docente requiera los dispositivos para una actividad pedagógica. “Implemente la ley sancionada, ministra”, reclamó públicamente el 8 de noviembre, al cuestionar la interpretación de la titular de Educación.
El contrapunto revela diferencias sobre cómo interpretar y trasladar la restricción a las escuelas, incluso entre un legislador oficialista y una funcionaria del gobierno provincial.
Mientras Terigi enfatiza la enseñanza del uso responsable y el valor educativo de los dispositivos, González Santalla insiste en que la excepción pedagógica no habilita su utilización cotidiana sin control.
Los colegios privados también esperan definiciones
A las exigencias parlamentarias se suman los planteos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que reclama autonomía institucional y respaldo normativo para aplicar las restricciones sin generar conflictos con estudiantes y familias.
Su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostuvo que los establecimientos necesitan herramientas para definir cómo administrar los dispositivos según sus proyectos educativos y las características de cada comunidad escolar.
Numerosas instituciones ya implementaron mecanismos propios, como mantener los teléfonos apagados dentro de las mochilas, guardarlos en cajas al comenzar las clases o utilizar casilleros individuales.
Sin embargo, la ausencia de procedimientos generales puede generar controversias sobre las facultades de docentes y directivos, especialmente ante decisiones como la retención temporal de un dispositivo o la intervención frente a incumplimientos.
Rozas también planteó que la reglamentación debería contemplar márgenes de autonomía para cada institución. Esa coincidencia introduce otro desafío para Educación: establecer criterios provinciales comunes sin desconocer las particularidades de los establecimientos.
Tres leyes promulgadas y nuevas obligaciones para las escuelas
La discusión por los celulares forma parte de un paquete legislativo más amplio, promulgado el 10 de noviembre, que incluye otras dos normas relacionadas con la convivencia y la protección de los estudiantes.
La Ley 15.675, denominada Ley Ema, crea un programa provincial para prevenir y abordar situaciones de violencia digital en los establecimientos educativos, mientras que la Ley 15.676 incorpora contenidos vinculados con el bienestar socioemocional y afectivo en los niveles inicial, primario y secundario.
Rozas destacó que las tres iniciativas ofrecen herramientas complementarias para afrontar problemas asociados con las pantallas, la salud emocional y los riesgos digitales.
Sin embargo, la sanción legislativa representa solamente una parte del proceso. La aplicación de estas disposiciones exige decisiones administrativas, orientaciones institucionales y mecanismos que permitan a las escuelas actuar frente a situaciones concretas.
La implementación, bajo presión política
Con las nuevas restricciones próximas a entrar en vigencia, el debate ya no está centrado en conseguir los votos para aprobar la regulación, sino en las decisiones que deberá adoptar el Ejecutivo para hacerla efectiva.
El reclamo opositor por una reglamentación urgente, los cuestionamientos del senador oficialista a la conducción educativa y los pedidos de autonomía de las escuelas privadas trasladan la discusión hacia la administración provincial.
El 19 de noviembre será la próxima fecha relevante, cuando comience a regir la ampliación de la ley al nivel secundario. Mientras tanto, la Provincia enfrenta el desafío de establecer pautas que permitan aplicar las restricciones con criterios claros para docentes, directivos, estudiantes y familias.