Puerto Quequén: la renovación del directorio desata una disputa por representación y concesiones
La renovación del directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén abrió un nuevo conflicto entre el gobierno de Axel Kicillof y sectores del campo bonaerense. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó las designaciones oficializadas el 17 de noviembre, denunció que fue excluida de la representación agropecuaria y reclamó revisar posibles conflictos de intereses. La controversia alcanza a una terminal clave para las exportaciones del sudeste provincial, que además enfrenta decisiones pendientes sobre concesiones, infraestructura e inversiones.
El enfrentamiento no se limita a la distribución de lugares en el organismo. La nueva conducción deberá participar en definiciones sobre la administración de instalaciones portuarias y permisos de operación, mientras continúa sin resolverse la licitación del histórico elevador de granos explotado por Terminal Quequén S.A.
Quiénes integran el nuevo directorio del Puerto Quequén
La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense formalizó siete designaciones sectoriales, con mandatos de tres años, dentro del directorio presidido por Ernesto Povilaitis Giovazzino, quien había sido nombrado por el Ejecutivo provincial en septiembre.
La renovación implicó seis reemplazos entre los ocho representantes que venían desempeñándose durante la transición. Solamente Juan Carlos Peralta y Mario Goicoechea continuaron integrando el organismo, aunque el primero cambió de representación institucional.
La nueva conformación incluye a Ramiro Saravia, por UATRE; Peralta, por URGARA; Egidio Alberto Mailland, por Coninagro; Manuel Rocca, por CIARA-CEC; Goicoechea, por el Centro de Navegación; Pablo Santirso, por la Cámara de Permisionarios y Concesionarios; y Matías Sierra, por la Cámara de Profesionales de Puerto Quequén.
Peralta, que anteriormente representaba a la Municipalidad de Necochea, pasó a ocupar una vocalía sindical. Por ese motivo, el intendente Arturo Rojas deberá designar a quien cubra la representación municipal pendiente.
CARBAP denuncia exclusión y apunta contra Coninagro
La entidad rural presidida por Pablo Ginestet expresó su rechazo mediante un comunicado difundido el 19 de noviembre. Su principal cuestionamiento apunta a que Coninagro conservará el lugar correspondiente a los productores primarios, pese a que, según CARBAP, existía un acuerdo de rotación institucional entre organizaciones agropecuarias.
La confederación sostiene que le correspondía asumir esa representación durante el nuevo período y que la decisión provincial desconoció el mecanismo utilizado anteriormente.
También denunció inconsistencias relacionadas con la postulación de Eugenio Cardenau, dirigente de la Sociedad Rural de Necochea. CARBAP afirma que lo propuso como representante propio, pero que en documentación del procedimiento apareció identificado como candidato de la Federación Agraria Argentina (FAA).
El nombre de Cardenau no figura entre los siete representantes sectoriales finalmente anunciados por el consorcio.
El segundo cuestionamiento involucra a Mailland y Santirso. Según CARBAP, ambos mantienen vínculos con una misma cooperativa integrante de Coninagro, aunque fueron designados para representar sectores diferentes.
La entidad considera que esa situación podría afectar la independencia de las decisiones porque la cooperativa tendría pendiente una licitación vinculada con un permiso de operación portuaria, cuya resolución correspondería al directorio durante 2027.
Los planteos constituyen denuncias institucionales de CARBAP y no irregularidades acreditadas mediante una resolución judicial o administrativa. La organización solicitó explicaciones al Gobierno provincial y una revisión de los nombramientos.
Una licitación millonaria pendiente desde 2022
La controversia se desarrolla mientras Puerto Quequén debe resolver el futuro de su histórico elevador de granos, una infraestructura central para el comercio exterior del sudeste bonaerense.
La concesión original de Terminal Quequén S.A., correspondiente a los sitios 4, 5 y 6, venció en noviembre de 2022 después de treinta años de explotación. Desde entonces, la compañía continuó operando mediante sucesivas prórrogas.
En mayo de 2026, el directorio aprobó una nueva extensión de 18 meses, hasta fines de 2027, para garantizar la continuidad operativa mientras se prepara una licitación pública internacional.
El entonces presidente interino, Mariano Carrillo, explicó que el proceso requiere definir el canon que recibirá el consorcio, las inversiones obligatorias y la ecuación económica de una concesión que podría extenderse durante otros treinta años.
Los pliegos técnicos avanzaron, pero todavía no se concretó el llamado formal. La futura adjudicación también deberá cumplir las mayorías especiales previstas para este tipo de decisiones.
El permiso de operación mencionado en la denuncia de CARBAP y la concesión de Terminal Quequén constituyen asuntos diferentes, aunque ambos reflejan la importancia de las decisiones comerciales que deberá afrontar la nueva conducción.
El derrumbe de un silo y las inversiones pendientes
La discusión sobre el futuro del elevador adquirió mayor importancia después del derrumbe parcial de un silo ocurrido el 27 de enero de 2026. El incidente afectó una estructura histórica del complejo de la ex Junta Nacional de Granos y reabrió cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento.
El episodio no dejó víctimas, pero motivó reclamos sobre controles, seguridad operativa y responsabilidades en las inversiones necesarias para conservar instalaciones de varias décadas de antigüedad.
La continuidad de la concesión quedó vinculada con un programa de obras, mientras las autoridades portuarias insistieron en la necesidad de avanzar hacia una adjudicación de largo plazo que permita establecer obligaciones concretas de inversión.
La nueva integración del directorio se produce, por lo tanto, en un momento en el que deberán definirse las condiciones de explotación de infraestructura estratégica y los mecanismos de control sobre los operadores privados.
Un puerto récord y una disputa que excede al campo
La importancia económica de Puerto Quequén ayuda a dimensionar el conflicto. Durante 2025 movilizó 9.009.768 toneladas de mercaderías y recibió 370 buques, alcanzando el mayor volumen operativo de su historia.
Por sus instalaciones se exportan principalmente soja, trigo, maíz, cebada y otros productos agroindustriales provenientes de una extensa región productiva.
Su funcionamiento involucra a productores, acopiadores, transportistas, trabajadores portuarios, cooperativas y grandes compañías exportadoras. Las decisiones sobre tarifas, permisos, infraestructura y concesiones repercuten sobre esa cadena logística.
La disputa también revela diferencias entre las propias entidades rurales. Apenas unos días antes, CARBAP y Coninagro habían cuestionado conjuntamente el aumento del 16% en las tarifas de referencia del transporte de granos dispuesto por la Provincia.
Ahora quedaron enfrentadas por la representación dentro del consorcio, mostrando que los acuerdos sectoriales sobre costos y transporte no necesariamente se trasladan a las decisiones institucionales.
El rol de Necochea y las decisiones que vienen
La renovación también coincide con una nueva agenda regional impulsada desde Necochea. El 18 de noviembre, Rojas participó en la conformación de la Mesa Técnica Regional del Sudeste Bonaerense, integrada por trece municipios para coordinar políticas de desarrollo productivo e infraestructura.
El acuerdo contempla mejorar los corredores viales, recuperar conexiones ferroviarias de cargas y fortalecer la integración con los puertos de Quequén y Mar del Plata.
El conflicto por el directorio aparece así en un escenario más amplio: un puerto con actividad récord, necesidades de inversión, una concesión histórica pendiente de resolución y entidades que disputan participación en las decisiones.
La respuesta provincial al reclamo de CARBAP, la designación municipal pendiente y el avance de las licitaciones marcarán los próximos movimientos de una conducción que deberá administrar intereses públicos y privados en uno de los principales centros exportadores bonaerenses.