Siley: ¨Nos preguntamos que intereses defiende el magistrado¨

La diputada del Frente de Todos (FdT) se preguntó hoy "qué intereses defiende" el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, al mencionar las firmas para las que trabajó antes de su actual cargo, y resaltó que su pedido de juicio político se presentó hace dos semanas, es decir "antes de que resolvieran" el "per saltum" de los tres jueces con traslados suspendidos.
En diálogo con El Destape Radio, la también integrante del Consejo de la Magistratura rechazó la interpretación que la oposición dio a su pedido de juicio político al calificarlo como un intento de "presión" sobre los jueces de la Corte Suprema.
"Se ha dicho que esto es para presionar" al titular de la Corte Suprema a raíz de su fallo que favorece el pedido de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para continuar en los puestos en los que fueron nombrados durante la gestión macrista, pero "la oposición puede decir lo que quiera", porque la realidad, agregó la legisladora oficialista, es otra.
"El 25 de septiembre hicimos esta presentación a través de un pedido de resolución. Tiene fundamentos que vienen a combinarse y ampliar tres pedidos de juicio político que hicieron tres bloques diferentes en 2017, todos relacionados con la actuación" de la Corte en el marco del "2x1 a genocidas de la última dictadura militar", continuó.
Y remarcó que "cuando se habla de delitos de lesa humanidad y de genocidio se entiende que estas penas no pueden ser objeto de amnistía ni conmutación" y agregó que el titular de la Corte "continúa aplicando a sus fallos" el criterio cuestionado.
Por otro lado, opinó que "el retardo de justicia hace que muchas veces desde el Poder Judicial se imparta injusticia" y, en este sentido, abordó la causa Ledesma.
"Es una de la causas emblemáticas en la que se demuestra la participación civil en la última dictadura militar", argumentó la diputada, y agregó que "la causa Ledesma no se movió desde que Rosenkrantz la tiene en su vocalía".
El caso hace referencia a la llamada "Noche del Apagón", el 20 de julio de 1976, cuando se apagaron las luces de las localidades jujeñas del Libertador General San Martín y Calilegua, zonas de influencia del ingenio Ledesma.
Desde entonces, durante siete días, las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 400 personas, de las cuales continúan desaparecidas unas 55.
Carlos Blaquier, el presidente del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, gerente administrativo en ese momento, están acusados de haber facilitado los vehículos y las instalaciones del Ingenio para trasladar a los secuestrados.
Además, Siley insistió en que el magistrado tiene "vinculaciones" con la familia de Carlos Blaquier, ya que ambas "comparten la Fundación Cimientos".
Agregó que el propio juez "ha asistido a eventos de esta fundación en presencia de Blaquier y otros miembros" de su entorno.
Por otro lado, mencionó a empresas y entidades como la Sociedad Rural Argentina, JP Morgan, Celulosa Argentina, Coca Cola, Techint, entre otras, como clientes del titular del tribunal supremo y se preguntó "qué intereses defiende el magistrado en cuestión". (Télam)