ENTREVISTA: Del Caño apuntó contra las “políticas punitivistas” del Gobierno en la toma de tierras

En este segundo tramo de la entrevista con GLP, el diputado nacional del Frente de Izquierda se refirió a la situación habitacional que originó la toma de tierras, y a la reforma judicial que considera más bien una “reorganización”.

Legislativas07 de septiembre de 2020 Redaccion GLP
En el segundo tramo de una entrevista con Grupo La Provincia, el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, se refirió a la situación habitacional que originó la toma de tierras, y a la reforma judicial que considera más bien una “reorganización”. También comparó el impuesto a las grandes ganancias que propone el oficialismo, con el que presentó su espacio meses atrás.

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¿Cuáles son las grandes diferencias entre el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que presentó el FIT con el del oficialismo?

Nuestro proyecto pretende recaudar cinco veces más, entre 15 y 18 mil millones de dólares, mientras que el oficialismo pretende recaudar 3 mil millones, una cifra inferior a lo que este año se pagó de deuda, tanto a los especuladores privados como a los organismos de créditos internacionales como el FMI.

El proyecto apunta a los patrimonios individuales de las personas más ricas del país, y también a la ganancia extraordinaria de los bancos que tuvieron un 300 por ciento de aumento en 2019.

ENTREVISTA: Del Caño apuntó contra las “políticas punitivistas” del Gobierno en la toma de tierras

La otra diferencia sustancial es que en nuestro proyecto, gran parte de la recaudación está destinada al IFE de 30 mil pesos para las personas más necesitadas que se quedaron sin ingresos, cuando eso no está estipulado en el proyecto del oficialismo y hay una asignación en concepto de aporte a la emergencia sanitaria y directa, tanto en el proyecto oficial como el nuestro.

Nosotros vamos a ir a dar el debate y a plantear que se apunte no sólo a los patrimonios sino también a las ganancias.

Respecto a la reforma judicial, ¿qué postura tiene?

Hemos sido muy claros, siempre hemos planteado que para ir a fondo con un cambio profundo habría que avanzar en la elección directa de los jueces y que no sean más puestos a dedo por las componendas de los partidos mayoritarios.

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Hemos plateado que sean revocables, no vitalicios como son en la actualidad, también que se apliquen los juicios por jurados para que haya una mirada popular de la Justicia, que los jueces cobren lo mismo que una directora de escuela y no las fortunas que cobran hoy.

Una serie de medidas que apuntan realmente a la transformación, a un cambio profundo, cosa que no es el proyecto de oficialismo, y lo ha dicho tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández, esto no es una reforma judicial sino que es una reorganización de la Justicia federal, agregando juzgados.

Nosotros queremos barrer con esta casta privilegiada, que hoy es la que maneja y domina a la Justicia. En función de eso haremos nuestro planteo.

Otro tema que está en el centro de la polémica es la toma de tierras, sobre todo en la provincia de Buenos Aires…

El derecho a la vivienda es un derecho constitucional que ha sido negado por todos los gobiernos durante años, y por eso tenemos tres millones de familias con serios problemas habitacionales. Es una de las graves crisis estructurales que tiene el país.

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No se puede pretender resolver con represión, con desalojos como hemos escuchado al ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. No se puede resolver con castigos quitándoles las ayudas que brinda el Estado, como puede ser el IFE o la AUH a aquellas familias que están desesperadas.

Uno ve mamás con niños muy chiquitos que están pidiendo justamente un pedazo de tierra y una vivienda que no tienen. Ese ha sido uno de los grandes problemas de la pandemia, como en Villa Azul (Río Negro) y en la Villa 31, de la Ciudad de Buenos Aires.

Es uno de los graves problemas que tiene la Argentina y la única forma de resolverlos –y nuestro proyecto del impuesto a las grandes fortunas tenía una asignación específica para un primer tramo de construcción de 100 mil viviendas– es romper con el FMI, dejar de pagar la deuda ilegítima.

También, se necesita un conjunto de medidas que apunten a reorganizar la economía en función de los intereses de las grandes mayorías del pueblo. Sino, el discurso y las políticas punitivistas de represión y desalojo que permanentemente se impulsan, no harán más que agravar la situación.
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