“Estupor” por la adhesión de Milei a un documento sobre libertad de expresión

Académicos y profesionales generaron un crítico contradocumento denunciando la violencia del gobierno contra toda expresión que no lo favorezca.

Política 13 de mayo de 2024
Javier Milei 13-05-2024 16.17
Javier Milei.
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Periodistas, investigadores y especialistas en comunicación manifestaron su “estupor” por la adhesión del Gobierno argentino a una declaración en favor de la libertad de expresión formulada por la Unesco, al cuestionar que en el país los trabajadores de prensa realizan sus tareas en un “contexto de agresión y violencia contra cualquier posicionamiento crítico, o incluso apenas interrogatorio”.

El Gobierno argentino participó de la la 31° Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa entre el 2 y 4 de mayo pasado con motivo de una convocatoria organizada en Chile por la Unesco, el organismo de la ONU para la cultura, la ciencia y la educación. 

Como asistente a esa reunión, la gestión del presidente Javier Milei suscribió una declaración sobre libertad de expresión junto a otros países.

La adhesión argentina motivó a periodistas, investigadores, docentes y especialistas en comunicación a realizar un contradocumento bajo el título “Libertad de expresión en Argentina. Un engaño mundial”. 

Entre los 13 puntos contenidos en ese documento, se pondera la “importancia” de la existencia de medios de comunicación “libres, independientes, plurales y diversos”; se propone “mantener la confianza de la sociedad en el periodismo y salvaguardar su credibilidad”; y se insta a la “promoción y la protección de la seguridad de los periodistas”. 

La adhesión argentina motivó a periodistas, investigadores, docentes y especialistas en comunicación a realizar un contradocumento bajo el título “Libertad de expresión en Argentina. Un engaño mundial”. 

Con “estupor”, los integrantes de este colectivo denunciaron que “ninguna” de las premisas suscritas por el Gobierno argentino en Chile “representa” el espíritu que guía al oficialismo en relación al manejo de la comunicación y la libertad de expresión.

Entre los impulsores de esta contra iniciativa –que se encuentra disponible para que la ciudadanía sume sus apoyos– se encuentran la presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID), Cynthia Ottaviano; el director del Centro de Investigación ICEP de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra; la periodista y Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin.

También figura la presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Sandra Chaher; la periodista, Silvia Bacher; la editora del medio Marcha y coordinadora de la agenda socioambiental del Latfem, Camila Parodi, entre otros.

“Vivimos un momento inédito en la Argentina, con altos grados de retroceso en muy poco tiempo, con reacciones insuficientes para generar la avanzada sobre los derechos humanos y la democracia”, expresó Ottaviano en diálogo con Somos Télam.

En el documento generado por los especialistas en comunicación sobre la adhesión del Gobierno nacional a la declaración de la Unesco, se denuncia que el “periodismo argentino es agredido constantemente por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones” y afirmaron que “la tarea periodística se realiza en un contexto de agresión y violencia contra cualquier posicionamiento crítico, o incluso apenas interrogativo”.

Se caracteriza esa “violencia” como “ejercida particularmente en el ámbito digital y

focalizada especialmente en las mujeres” y criticaron que bajo la gestión del Gobierno libertario “fue habilitado que los medios públicos se transformen en sociedades anónimas”.

Sobre ese punto, profundizaron que “se intervino el sistema de medios públicos (RTA) y las señales educativas” y denunciaron que “dejó de funcionar la agencia de noticias Télam y se ‘dispensó’ a sus trabajadoras/es”.

También rechazaron la eliminación de las “direcciones de las 49 emisoras de Radio Nacional en diferentes puntos del país” así como las “áreas de programación y de trabajo en la Televisión Pública”.

En otros puntos, se señaló que “se desfinanciaron a las universidades” públicas que “abarcan a los medios públicos” que dependen de esas instituciones educativas.

En ese sentido, se denunció que “fueron suspendidos los aportes del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca).

También se consignó la supresión de “la publicidad oficial otorgada por el Poder Ejecutivo” y el “desmantelamiento” del Instituo Nacional de Cine (INCAA).

Los firmantes también se manifestaron contra el cierre de delegaciones del Enacom y alertaron porque “no hay garantías de continuidad de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

En contraposición, Ottaviano marcó que el “mundo occidental ha acordado la relevancia de un periodismo libre e independiente como actor fundamental de las democracias, con metodologías y deontologías periodistas” y resaltó “la alta relevancia de la diversidad, pluralidad, decolonialidad y despatriarcalización de la comunicación como garante también de las democracias”.

“La comunicación es un derecho humano y no un mero negocio, las reglas son las de las democracias y no las del mercado. Cuando esa realidad se pierde, el Estado está incumpliendo su mandato de garante, las democracias se extinguen y las vidas son signadas por las violencias, entre ellas mediáticas, simbólicas, digitales y físicas, hundiéndonos en el medioevo y robándonos el futuro”, completó Ottaviano.

ST

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