Para la CTA Autónoma, la Ley Bases es “la actualización del colonialismo y la dependencia”

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) aseguró que la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei y votada el miércoles último por el Senado “no es una novedad sino que representa una forma actualizada del antiguo colonialismo al profundizar los mecanismos de la dependencia“, y afirmó que su aplicación “pulveriza los ingresos populares”.

Un documento de la CTAA firmado por su titular, el estatal Hugo Godoy, denunció que “ese proyecto político basado en la ideología que anima a la gestión de Milei se traduce en políticas que pulverizan los ingresos populares, provocan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, destruyen al aparato productivo, generan desempleo, eliminan conquistas que dotaron de más justicia a la relación capital-trabajo, entregan el patrimonio y los recursos“.

“El objetivo de la gestión libertaria es profundizar las políticas económicas, sociales y culturales aplicadas durante la última dictadura cívico-militar, en la década del 90 y en el gobierno neoliberal de Mauricio Macri para desarticular toda posibilidad de que el pueblo no ejerza sobre su destino ningún tipo de decisión soberana. La Ley Bases -contra todo interés nacional y soberano- es una herramienta jurídica para realizar un proyecto dependiente de los intereses trasnacionales financieros. Además, autoriza a Milei a sancionar normas por sí solo, lo que viola la Constitución Nacional y el principio republicacno de la división de poderes”, aseveró Godoy en el documento.

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El extitular nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) añadió que “la Ley Bases permite al Gobierno libertario decidir de forma unilateral y sin debate parlamentario el desguace del Estado, la privatización de empresas nacionales y ejecutar una reforma laboral que desarticula el sistema de derechos conquistados durante más de 70 años de luchas”.

“Es una reforma que alienta la flexibilización laboral e incorpora como causal de despido la protesta en el empleo. Además, con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se pretende entregar a capitales extranjeros y multinacionales la explotación de los bienes comunes y naturales estratégicos, en especial relacionados con la energía y los alimentos, profundizando el proceso de extranjerización y desindustrialización y sin control alguno del Estado, lo que daña el federalismo al quitar recaudación y control provincial“, denunció.

Godoy agregó que todo ello se producirá a partir de “un sistema de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios que, sumados a la desregulación absoluta de las actividades que comprende, posibilitará el ingreso de capitales sin garantías para que se radiquen en procesos de desarrollo industrial, agregado de valor y trabajo local, con el agravante que esa ausencia de controles y la abundancia de incentivos hará del país un paraíso fiscal para capitales dudosos”.

Para el sindicalista, el RIGI representa “la disolución del proyecto de Nación unificada y federal a través de la explotación de los recursos de cada provincia por separado, la absoluta primarización de la economía y la destrucción del protagonismo industrial o semiindustrial de un tejido de empresarios locales que garanticen la presencia de las comunidades en el territorio argentino“.

“La supuesta reforma previsional que propone la ley, al anular el acceso por moratoria en el contexto de la actual informalidad laboral, se profundizará con ese proyecto, que reducirá la cobertura previsional, disminuirá el haber mínimo de quienes no completen los años de aportes exigidos y aumentará la edad jubilatoria para mujeres, las más perjudicadas por la informalidad. Ese camino conduce a más licuación de los salarios y jubilaciones, como ya se sufre desde diciembre, y se profundizarán el mega-ajuste y la recesión planificada que debilitará la industria nacional y las pymes y, en muchos casos, habrá quiebras y aumento de la desocupación”, afirmó.

También indicó que el paquete impositivo motivado por la urgencia de recursos económicos que exhibe el programa libertario a fin de recibir un adelanto en la liquidación de Bienes Personales termina licuando un impuesto que grava los patrimonios de carácter progresivo.

“Se invierte, mediante el impuesto a los ingresos personales, la presión sobre trabajadores y la clase media. También respalda un blanqueo más que benigno para quienes fugaron enormes capitales, con tal laxitud en sus requerimientos que serán una incitación a fondos de dudosa legitimidad, facilitando el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado“, añadió Godoy.

Además, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 es “inconstitucional y violatorio de la división de poderes y representa otra de las herramientas para realizar un proyecto contrario al interés general y a las posibilidades de desarrollo nacional”, señaló Godoy, quien sostuvo que la Ley Bases es “un intento violento de avance de la entrega y el saqueo a través de mecanismos antidemocráticos y la disolución de la división de poderes, por lo que es imprescindible y urgente oponer una iniciativa emancipatoria y federal con soberanía, producción y justicia social”, concluyó.

ST