Redacción Grupo La Provincia
En medio del debate sobre la reciente ley de movilidad jubilatoria, el ex asesor del Presidente, Carlos Rodríguez, lanzó serias acusaciones contra Javier Milei. Rodríguez, quien fue asesor de Milei hasta noviembre de 2023, cuestionó la cifra del costo fiscal presentada por el mandatario para justificar su veto a la nueva ley, aprobada el pasado jueves en el Senado.
En una publicación en X, Rodríguez parafraseó a Milei y acusó al Presidente de inflar deliberadamente el costo fiscal de la ley. “El costo fiscal parece subir como ‘flatulencia de buzo’ a medida que avanza la discusión política”, ironizó Rodríguez. La crítica se centra en la disparidad de cifras que han surgido en torno al costo de la reforma jubilatoria.
Rodríguez detalló cómo el costo fiscal ha variado según las fuentes. La Comisión de Presupuesto del Congreso había estimado inicialmente un costo de aproximadamente 0.4% del PIB. Sin embargo, el comunicado de Presidencia elevó la cifra al 1.2% del PIB, y posteriormente, Milei estimó que el costo podría llegar al 60% del PIB en términos de valor presente. “Ese costo fiscal parece subir como una ‘flatulencia de buzo’ a medida que avanza la discusión política”, bromeó Rodríguez, agregando que la cifra mencionada por Milei se basa en supuestos incorrectos.
El ex asesor también criticó la falta de seriedad en el cálculo del costo fiscal por parte de los políticos y el Presidente. “Todo esto es muy poco serio. Los políticos deberían saber mejor cuánto cuesta lo que están votando y el Presidente debería calcular mejor el costo de lo que está vetando”, opinó Rodríguez.
En otra publicación, Rodríguez insinuó una posible complicidad entre Mauricio Macri y Milei, después de que el PRO apoyara el veto presidencial sin cuestionar las cifras. “Ese movimiento suena a intercambio de favores. Claramente demuestra la inconsistencia temporal de nuestros políticos”, concluyó.
El jueves por la noche, la Oficina del Presidente había emitido un comunicado en el que se afirmaba que la ley implicaría un gasto adicional del 1,2% del PIB, o 25% del PIB en términos dinámicos. El sábado, en un evento en Rosario, Milei criticó duramente la ley, calificándola de “bestialidad” y estimando que el costo sería de 62% del PIB.
La polémica en torno al veto presidencial y las acusaciones de Rodríguez subrayan la creciente tensión en la política económica argentina y la controversia en torno a la reforma jubilatoria.
