El conflicto entre el Gobierno y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) ha escalado a un nuevo nivel, con denuncias de usurpación y bloqueos por parte de la administración.
Política 03 de septiembre de 2024
Redacción Grupo La Provincia
La situación se volvió tensa cuando la Policía Federal intervino para impedir el ingreso de trabajadores y estudiantes al edificio de la institución, lo que generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del campus.
La crisis en la UNMa tiene sus raíces en la decisión del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, de revisar las últimas universidades creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta medida implicó la suspensión de recursos y el desconocimiento de autoridades, lo que desencadenó una serie de acciones legales por parte de la universidad, fundada por Hebe de Bonafini.
En agosto de 2024, la Justicia rechazó la medida cautelar presentada por la universidad para frenar la intervención y la revisión de su creación. Esta decisión judicial permitió al gobierno continuar con su plan de intervención, lo que llevó al nombramiento de un nuevo rector, Eduardo Maurizzio, en reemplazo de Cristina Caamaño, quien había sido designada durante la gestión anterior.
La situación se intensificó cuando Maurizzio decidió cerrar las puertas de la universidad por razones de seguridad, citando la falta de elementos básicos como matafuegos y seguros de vida para los empleados. Este cierre provocó la indignación de los trabajadores y estudiantes, quienes intentaron ingresar al edificio, resultando en un enfrentamiento con la Policía Federal.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo y otros grupos de derechos humanos denunciaron que esta medida viola la autonomía universitaria y es parte de un plan del gobierno de Javier Milei para desmantelar la universidad. En un comunicado, acusaron al gobierno de criminalizar a los trabajadores y de intentar cerrar la institución por la fuerza.
Por su parte, el Gobierno desestimó estas acusaciones, argumentando que la intervención es una medida preventiva para garantizar la seguridad de los estudiantes y empleados. Según Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, "no se cerrará ninguna universidad creada por ley", pero se revisarán los contenidos y la calidad educativa.
Sin embargo, las tensiones no se calmaron. La universidad ha convocado a una movilización para protestar contra lo que consideran un ataque directo a la autonomía universitaria y a los derechos humanos. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando, con ambos lados firmemente atrincherados en sus posiciones.
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