Divorcio sin tribunales: proyecto promete simplificar la separación matrimonial
Presentan un proyecto de ley que propone la disolución del matrimonio por vía administrativa, evitando los costos y la duración de los procesos judiciales tradicionales. La medida busca agilizar los trámites y aliviar la carga del sistema judicial.
Legislativas14 de octubre de 2024
Andrés Montero
En el marco del paquete de leyes recientemente enviado al Congreso, que incluye la "Ley Hojarasca", el Poder Ejecutivo ha introducido un proyecto de ley que plantea la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial a través de un proceso administrativo. Esta nueva normativa se desprende de la Ley de Bases original y busca ofrecer una opción más rápida, menos costosa y menos burocrática que la vía judicial tradicional.
Un divorcio más ágil y económico
El proyecto propone que el divorcio administrativo sea una alternativa al proceso judicial, permitiendo a los cónyuges disolver su matrimonio de mutuo acuerdo por una vía más sencilla y con menos costos. Según el texto, los divorcios en sede judicial implican un proceso costoso y extenso, lo que no solo afecta económicamente a las partes involucradas, sino que también satura el sistema judicial. La propuesta destaca que esta nueva opción aliviaría la carga sobre los tribunales y reduciría los costos indirectos para los contribuyentes.
Mayor libertad para las partes
El proyecto también resalta la importancia de brindar a las parejas mayor libertad para modificar sus proyectos de vida. En sus fundamentos, se menciona que, así como el matrimonio se formaliza mediante un acuerdo voluntario ante un oficial público, la disolución del vínculo debería poder realizarse de la misma manera cuando ambas partes lo decidan de mutuo acuerdo.
Impacto en el sistema judicial
Además de los beneficios para las parejas, el objetivo de la normativa es mejorar y agilizar los trámites de divorcio, promoviendo un ahorro en costos y tiempos para las partes. El divorcio administrativo también aliviaría la carga del sistema judicial, liberando recursos para otros casos. Según los impulsores del proyecto, la ley responde a "necesidades históricas" de una sociedad que busca mayor celeridad y simplicidad en este tipo de trámites.

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