El jefe comunal, Juan Luis Mancini, denunció a su antecesor por la venta irregular de terrenos en la Zona Industrial. La justicia investiga la posible comisión de varios delitos y graves irregularidades administrativas.
Municipales17 de octubre de 2024
Mariana Portilla
El intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, presentó una denuncia ante la Justicia de Mercedes contra el exalcalde Alejandro Federico, de la Alianza Cambiemos. La acusación señala graves irregularidades en la cesión de terrenos en la Zona Industrial, donde se habrían violado diversas normativas. En el escrito se denuncia la inexistencia de obras que figuran como realizadas y la sobreventa de terrenos a precios sospechosamente bajos: 11 lotes habrían sido vendidos a 24 compradores distintos.
En julio de 2023, el gobierno de Federico había impulsado un proyecto de ordenanza que proponía la venta de terrenos en la zona industrial mixta de Suipacha. Según los documentos, los lotes estaban dotados de servicios de energía eléctrica y contaban con planos visados por Catastro Municipal y firmados por la entonces secretaria de Obras Públicas. Los mismos fueron vendidos a 24 compradores, sin respaldo legal para dicha multiplicación.
Los boletos de compraventa emitidos por la Municipalidad ofrecían la provisión de energía eléctrica, pero en la práctica, dicho servicio no existía, no estaba presupuestado ni contaba con respaldo financiero. A pesar de ello, los planos aprobados por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) no incluían restricciones, lo que daba la apariencia de que los servicios estaban disponibles.
Además, los terrenos fueron vendidos a un precio significativamente reducido, equivalente al 10% de una tasación que fue realizada por un valuador privado, en lugar de un organismo oficial como el Banco Provincia, tal como lo exige la Ley Orgánica de las Municipalidades. La venta, además, se ofreció en cuotas, lo que incrementa las sospechas sobre la transparencia de la operación.
Tras las elecciones primarias (PASO) de agosto de 2023, en las que Mancini se impuso y quedó como virtual sucesor en el municipio, se multiplicaron los compradores de esos terrenos. La denuncia presentada detalla que no existen fundamentos jurídicos ni técnicos que expliquen por qué en algunos casos se vendieron porcentajes de parcelas y en otros, unidades funcionales. Esta inconsistencia genera diferencias en los derechos y obligaciones de los compradores, además de posibles conflictos de zonificación que podrían impedir el desarrollo de proyectos productivos.
Alejandro Federico, ex intendente de Suipacha.
Otro aspecto que llama la atención es la evidente contradicción entre las normativas municipales. Mientras la Secretaría de Obras Públicas emitía una nueva ordenanza de zonificación en 2022 que establecía un tamaño mínimo de 2.000 m² por lote en la zona, la Secretaría de Producción ofrecía terrenos de apenas 1.100 m², e incluso de 700 m² tras las PASO de 2023. Esta falta de coherencia entre áreas municipales refuerza la sospecha de que las acciones fueron realizadas con pleno conocimiento y en respuesta a la presión electoral.
Desde el actual ejecutivo municipal, expresaron sus críticas: “Es escandaloso lo mal que hicieron las cosas. En la campaña del 2015 el ex intendente tenía como propuesta el desarrollo de ese sector industrial. Tardó 7 años en empezarlo y con un resultado pésimo, negligente y que compromete seriamente al Estado Municipal. Hacerlo bien era más fácil, no se entienden desde la buena fe y el bien común lo que hicieron. Desde que asumimos la gestión lidiamos con diferentes juicios de vecinos contra la municipalidad por sucesos entre el 2016 y 2019, que representan un perjuicio al Estado local, y como es sabido recibimos una municipalidad a la que no le sobra nada. Este despropósito, intencional o por ineptitud, representa erogaciones imposibles de afrontar y/o nuevas demandas contra la municipalidad” sostienen desde el actual ejecutivo local.
La denuncia presentada ante la Justicia de Mercedes detalla la posible comisión de varios delitos, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265), peculado (art. 260/261) y exacciones ilegales (art. 266).
Actualmente, la causa está en manos de la Unidad Fiscal N° 1 y ya se ha comenzado a investigar qué sucedió realmente con esta venta irregular de terrenos en la Zona Industrial. Hasta el momento, ninguno de los 24 compradores ha podido escriturar, y se siguen descubriendo más vicios administrativos relacionados con el caso.
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