Juan Manuel Villarreal
Este año, el mercado de juguetes experimentó una leve mejora en las ventas para Reyes, con un aumento del 3,5% respecto al 2024. Sin embargo, esta recuperación no alcanza a compensar las caídas de años anteriores, que fueron de un 12% en 2022 y un 3% en 2023. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) destacó que, aunque el crecimiento es un indicio de mejora, la situación sigue siendo compleja para el sector.
La Cámara reportó que, aunque 2025 muestra un pequeño repunte, el sector continúa con dificultades debido a la contracción de los últimos años. En 2024, las ventas sufrieron una baja del 10,4%, producto de un primer semestre muy negativo y una caída del 16% en las ventas por el Día del Niño, que representa el 60% de la facturación anual del sector. La baja en las ventas se atribuye también a una alta carga impositiva y a los elevados costos operativos y logísticos.
En cuanto a los tipos de productos más demandados, se destacaron los juegos y juguetes más económicos, con un ticket promedio de $15.500 por unidad. Sin embargo, en las cadenas de jugueterías, la cifra se elevó a $35.000, dado que la mayoría de los juguetes vendidos en estos puntos de venta son importados. Un dato relevante es que el 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito y promociones bancarias.
Aunque el panorama parece ligeramente más optimista para 2025, el sector enfrenta retos importantes. Según las proyecciones, el aumento en la demanda no es suficiente para revertir los problemas estructurales, como la saturación del mercado con productos importados de calidad dudosa. Además, la nueva regulación que entrará en vigencia en febrero podría intensificar la problemática, ya que la Aduana dejará de controlar los certificados de seguridad de los juguetes. Ahora será la Secretaría de Industria y Comercio la encargada de fiscalizar los productos, una vez distribuidos.
Con el nuevo marco de desregulación, la industria del juguete se enfrenta a un desafío adicional. Las nuevas medidas implementadas a partir de febrero de 2025, que modifican el control de los certificados de seguridad, han generado incertidumbre en la cadena de distribución. Esto podría derivar en un incremento de juguetes que no cumplen con las normativas de seguridad, lo que aumenta el riesgo para los consumidores y la competitividad de las empresas locales.
