Despidos y cierre de oficinas en ARCA: Incertidumbre y reclamos en la Provincia

En medio de un clima de tensión y fuertes críticas hacia la gestión nacional, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, avanza con un recorte que, según se estima, impactaría en al menos 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI) y provocaría el cierre de múltiples oficinas en la provincia de Buenos Aires. Esta medida, respaldada por la disposición 36/2025 y amparada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Nº 27.742), ya generó asambleas, advertencias gremiales y reclamos de varios municipios bonaerenses.

La confirmación de estas acciones llegó luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara un recorte del 27% en la estructura de la DGI. Sin embargo, en aquel momento no se habían precisado las sedes afectadas. Con el paso de los días, se supo que la decisión impactaría en delegaciones clave como Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Además, en el interior bonaerense, las oficinas de Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy cerrarán sus puertas en un plazo de 45 días, generando la necesidad de que miles de contribuyentes se trasladen a ciudades vecinas para cumplir con sus trámites impositivos.

Un plan de recortes

La resolución oficial apunta a “mejorar la eficiencia organizacional” del Estado, argumentando que en los últimos años “se ha sobredimensionado la estructura organizacional de la Dirección General Impositiva (DGI)”. El Ejecutivo nacional sostiene que esta reforma busca una reducción de costos y un reordenamiento de las dependencias.

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Sin embargo, la noticia no cayó bien en las delegaciones involucradas. En San Nicolás, 35 trabajadores esperan definiciones sobre su futuro laboral, mientras que en Chivilcoy, el edificio local dejará de funcionar como distrito de ARCA, forzando a sus 30 empleados a depender de Mercedes o Junín. En Bolívar, la dependencia pasará a la órbita de Pehuajó, que a su vez gestionará trámites de Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pellegrini, Tres Lomas, Trenque Lauquen y Daireaux. Lo mismo ocurre en Navarro, donde el municipio manifestó su rechazo al cierre de la receptoría local, al considerar que afecta la autonomía comunal y complica el acceso a servicios.

El sindicato AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) realizó asambleas en distintas regiones para debatir la medida. En San Pedro, por ejemplo, los delegados de San Nicolás, San Pedro, Bragado y Chivilcoy se reunieron para analizar los pasos a seguir. El secretario general de AEFIP, Juan Martín Andrés, calificó la disposición como “una medida intempestiva” y aseguró que van a “resistir” el ajuste. “Siempre hemos advertido que se pretendía destruir nuestro organismo, vaciarlo. Se viene llevando a través de distintas medidas”, expresó.

Sindicatos en estado de asamblea

El conflicto escaló cuando Andrés reveló que “el miércoles conocimos que de los 68 distritos que se van a cerrar en nuestra región son los cuatro que tenemos: San Nicolás, San Pedro, Bragado y Chivilcoy”. Ante esta situación, los trabajadores se declararon en estado de asamblea y preparan acciones gremiales y judiciales para frenar la decisión.

“Nosotros vamos a interponer todas las medidas judiciales para impedirlo”, advirtió Andrés. Según el dirigente, los empleados de ARCA cuentan con una cautelar que hasta ahora ha impedido despidos masivos, aunque reconoció que el Gobierno presiona para que esa medida sea levantada. “A cada reunión que vamos nos extorsionan para que bajemos la cautelar”, denunció.

El sindicalista sostuvo además que ARCA “es el sostén del Estado” al recaudar los fondos necesarios para financiar educación, salud y justicia. “Pero para ellos —el Gobierno de Javier Milei— no es prioridad”, afirmó, agregando que “Dijeron que evadir impuestos era de héroes. Nos trató de hijos de puta el propio presidente”. Según Andrés, estas expresiones dejan en claro el desinterés oficial por mantener una estructura sólida en la recaudación fiscal.

Reclamos municipales y la resistencia local

Mientras los sindicatos buscan vías judiciales, varios municipios expresaron su rechazo al cierre de oficinas. En Navarro, la delegación de ARCA había sido inaugurada en septiembre de 2023 para evitar que los vecinos tuvieran que trasladarse a otros distritos. Desde la comuna señalaron que el cierre representa “un retroceso en materia de acceso a servicios públicos” y recordaron que la dependencia funcionaba en un edificio cedido por el municipio, sin generar costos extra para la administración local.

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Lo mismo ocurre en San Pedro, donde se anunció que la agencia dejará de existir físicamente en 45 días. Según AEFIP, más de 60 mil contribuyentes de la zona de la ruta 9 se verán obligados a viajar a Zárate, con la consiguiente pérdida de tiempo y mayores gastos de movilidad. “Están empecinados, quieren destrozarnos. Las autoridades del organismo dejan mucho que desear”, lanzó Andrés, quien calificó la decisión como parte de una ofensiva del Gobierno para desmantelar la estructura de recaudación.

Mesa de diálogo y futuro incierto

Pese a la resistencia gremial, el plan de reestructuración avanza. La próxima reunión de la mesa de diálogo entre AEFIP, SUPARA (Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina) y la parte empleadora está prevista para el martes 11. En el último comunicado de prensa conjunto, emitido este jueves, los sindicatos reclamaron una urgente recomposición salarial y manifestaron su preocupación por el cierre de distritos y receptorías. “No podemos admitir este atropello e improvisación donde se perjudica la situación laboral, personal y familiar de los trabajadores”, señala el texto, firmado por Hugo Álvarez (Secretario Adjunto) y Pablo Flores (Secretario General).

La incertidumbre se mantiene, mientras el Gobierno sostiene que el objetivo final es “mejorar el funcionamiento del Estado” y reducir gastos en áreas que considera sobredimensionadas. Sin embargo, el plazo de 45 días para concretar los cierres y la advertencia de los sindicatos sobre posibles acciones judiciales auguran un escenario de conflicto que podría extenderse más allá de la fecha tope del 31 de marzo, cuando finalicen los retiros voluntarios y desvinculaciones.