Causa seguros: la Justicia ordenó analizar el celular de Alberto Fernández
El celular del ex presidente fue secuestrado en agosto del año pasado. Ahora peritos buscarán chats y archivos vinculados a la causa que investiga el direccionamiento de pólizas.
Política22 de mayo de 2025


La Justicia ordenó una nueva pericia sobre el celular del ex presidente Alberto Fernández, esta vez en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de corrupción relacionado con contratos de seguros durante su gestión. El teléfono ya había sido abierto hace un mes por un expediente de violencia de género, pero ahora los peritos deberán analizarlo en busca de conversaciones y archivos vinculados a la causa conocida como “Seguros”.
De la violencia de género al escándalo de los seguros
El teléfono y la tablet del ex mandatario fueron secuestrados el 9 de agosto de 2023 en su departamento de Puerto Madero. Desde entonces permanecieron bajo resguardo en una caja fuerte en la fiscalía de Ramiro González, quien investigó la denuncia por violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez.
Hace tres semanas, el juez Julián Ercolini ordenó extraer todas las conversaciones entre Fernández y Yañez, tanto en WhatsApp, Telegram y Signal, como en mensajes de texto y Facetime. Esa información sería presentada en breve en la causa donde Fernández ya fue procesado.
Palabras clave y chats con imputados
Antes de la presentación de ese informe, el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) —organismo que depende de la Procuración General— que se realice una búsqueda específica sobre la copia forense del celular y la tablet de Fernández. El objetivo: encontrar más de 50 palabras clave vinculadas al caso de los seguros.
Entre los términos que deberán buscarse figuran “bróker”, “intermediario”, “intermediación”, “nación seguros”, “póliza”, “PAS” y “máster”, además de nombres propios como Héctor Martínez Sosa, María Cantero, Daniel “El Gordo” Rodríguez, y otros exfuncionarios e intermediarios investigados.
Una trama con más de 100 teléfonos secuestrados
Desde que comenzó la causa en marzo de 2024, la Justicia secuestró más de 100 celulares. Algunos, como el de María Cantero —histórica secretaria de Fernández— aportaron pruebas significativas. En su dispositivo, por ejemplo, se hallaron fotos del ex presidente junto al broker Héctor Martínez Sosa en la quinta de Olivos.
Actualmente, quedan 40 teléfonos aún sin ser desbloqueados. Según fuentes judiciales, 30 están en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y otros 10 esperan una actualización de software para ser analizados. En este último grupo se encuentra el celular de Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos.
Chats con todos los investigados
El peritaje solicitado ahora sobre el teléfono de Fernández no solo implica una búsqueda por palabras clave. También se exigió copiar todas las conversaciones que el ex mandatario mantuvo con personas imputadas en la causa. Entre ellas, figuran: María Cantero, Héctor Martínez Sosa, el ex presidente de Nación Seguros Alberto Carlos Pagliano, Sebastián Díaz Bancalari, Gustavo Carlos García Argibay, Federico Alejandro D’Angelo Campos, Juan Santiago Fraschina, Andrés Severino y Mauro Damián Tanos.
La orden judicial especifica que los chats deben abarcar todas las aplicaciones de mensajería utilizadas durante el mandato presidencial de Fernández, es decir, entre 2019 y 2023.
Acusación: direccionamiento de contratos
La acusación contra Alberto Fernández en esta causa es contundente. Se lo señala como responsable de haber controlado un “mecanismo de direccionamiento” en la elección de brokers que firmaron contratos con organismos estatales. Según el juez Ercolini, Fernández “habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia” dentro del esquema, y se habría ocupado personalmente del direccionamiento cuando las gestiones previas fracasaban.
Ese esquema, según la investigación, benefició a un grupo reducido de empresas. La firma Bachellier, por ejemplo, encabezó el listado de comisiones cobradas: solo en 2022 percibió más de $700 millones. En total, solo el contrato con Gendarmería le generó ingresos por $1.363 millones.
Vínculos personales y comerciales
Los chats ya analizados de otros imputados revelaron detalles sobre la gestión de pólizas por parte de Martínez Sosa, quien compartía una estrecha amistad con Fernández. El broker incluso le contaba a su pareja detalles de reuniones, y llegó a fotografiarse con autoridades como Andrés Severino, entonces director nacional de Gendarmería.
Esa amistad, sin embargo, se quebró tras el estallido del escándalo. En su descargo, el ex presidente deslindó responsabilidades en su secretaria de toda la vida, María Cantero. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo”, sostuvo Fernández, quien agregó: “Ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. Esa declaración habría generado la ruptura definitiva con Martínez Sosa y su esposa.

La corriente interna del socialismo en PBA repudió el fallo, denunció la judicialización de la política y se diferenció del sector alineado con el radicalismo.

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