Los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein impulsan una reforma clave para cortar con la propaganda disfrazada de gestión.
Legislativas24 de mayo de 2025
Mariana Portilla
Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de ley que busca limitar la utilización partidaria de la publicidad oficial durante campañas electorales. El texto apunta directamente al corazón de la estrategia comunicacional del Gobierno, especialmente en un contexto caliente de cara a los comicios.
La iniciativa modifica la Ley 25.188 de Ética Pública y pone el foco en un tema sensible: los mensajes del Ejecutivo durante las campañas no podrán contener elementos que promocionen a funcionarios, ni directa ni indirectamente. Según el articulado, toda comunicación institucional deberá tener fines “educativos, informativos o de orientación social”, sin excepciones.
“Se encuentra absolutamente prohibida toda comunicación que suponga la promoción personal de autoridades o funcionarios”, remarca el texto. Esto incluye desde nombres y firmas hasta símbolos o imágenes que puedan vincularse con la identidad partidaria. Además, se vetan los mensajes que destaquen logros de gestión o ataquen a la oposición.
Esteban Paulón, diputado nacional del socialismo.
Los límites que impone el proyecto son tajantes:
-Nada de logros de gestión ni metas cumplidas en los anuncios oficiales.
-Prohibido hacer inauguraciones o lanzar planes durante la campaña si eso puede favorecer a la agrupación del Gobierno.
-Prohibido todo acto oficial que pueda asociarse a una estrategia para captar votos.
-Nada de imágenes de funcionarios, ni frases o símbolos que remitan a su partido político.
-El objetivo: evitar que el Estado sea usado como plataforma de campaña.
No se trata solo de un llamado de atención simbólico. El proyecto establece que el incumplimiento de estas reglas será considerado “una falta grave” y podría encuadrarse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre las sanciones previstas está inhabilitación para ejercer cargos públicos de 1 a 10 años; y la pérdida de espacios de publicidad audiovisual para la agrupación del Gobierno.
La iniciativa no surge en el vacío. Fue presentada luego de un fuerte cuestionamiento al vocero presidencial, Manuel Adorni, por el uso intensivo de anuncios oficiales en los días previos a las elecciones. Según el sitio Chequeado.com, entre enero y abril de 2025, Adorni dio una conferencia cada 9 días. Pero en los primeros 15 días de mayo, justo antes de las elecciones, la frecuencia trepó a una cada 3 días. La oposición lo acusa de usar la vocería como plataforma electoral encubierta.
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