“El gatillo fácil es política de Estado”: la grave denuncia de Correpi tras la muerte de Thiago

La muerte de Thiago Correa, un niño de 7 años alcanzado por una bala en la cabeza durante un tiroteo entre un policía y cuatro presuntos delincuentes en La Matanza, reavivó un debate urgente y doloroso: el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), su fundadora María del Carmen Verdú aseguró que el gatillo fácil en Argentina “ya no es una excepción, es política de Estado”.

Las declaraciones de Verdú llegan luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendiera públicamente al oficial Facundo Daniel Aguilar, autor de los disparos que terminaron con la vida del menor. “Hace casi 35 años venimos denunciando que el gatillo fácil es una política de Estado. Lo que nunca había pasado desde el 83, salvo en los años de Macri con Bullrich, fue que el propio Gobierno lo fundamente”, sostuvo la abogada en entrevista radial.

Un tiroteo, 11 disparos y una víctima de 7 años

El hecho ocurrió el miércoles 4 de junio a las 23 horas en La Matanza. Aguilar, un agente de la Policía Federal recibido hace apenas seis meses, caminaba con su madre cuando fue abordado por cuatro jóvenes que presuntamente intentaron robarle. Según su testimonio, les entregó su mochila y su celular, pero disparó cuando vio que los agresores continuaban maltratando a su madre.

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El policía efectuó once disparos en menos de nueve segundos. Uno de esos tiros impactó en la cabeza de Thiago, que se encontraba a una cuadra del lugar, sobre los hombros de su padre esperando el colectivo. El nene murió tras ser trasladado de urgencia al hospital.

La investigación determinó que el arma de los supuestos delincuentes era de juguete. Aguilar aseguró que no sabía que había civiles en la línea de fuego: “Entre los agresores y yo no había nadie. Estaba oscuro y no se veía bien”, se justificó ante la Justicia.

Bullrich salió a respaldar al policía

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tardó en salir en defensa del efectivo. “Los responsables de lo que le pasó a Thiago son los delincuentes”, sentenció. Y fue más allá: anunció que su ministerio pedirá el cambio de carátula para los atacantes sobrevivientes, para que pasen de estar imputados por robo a tentativa de homicidio.

“Uno murió en la legítima defensa que realizó Facundo. Los otros salieron a matar”, dijo Bullrich en conferencia de prensa, apuntando la responsabilidad del crimen contra Thiago a los supuestos ladrones, pese a que la bala provino del arma del agente estatal.

“Legitimación del gatillo fácil”

Para Verdú, este caso es una prueba concreta de cómo la violencia institucional fue normalizada desde las más altas esferas del poder. “No necesitamos pruebas de que el gatillo fácil es política de Estado, te lo dice la propia ministra”, insistió.

La referente de Correpi advirtió que la doctrina Chocobar —impulsada por Bullrich en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri— volvió con más fuerza desde diciembre de 2023. “Aquel protocolo, que habilitaba a disparar a personas desarmadas, fue derogado en 2019 y solo con eso hubo 100 casos menos de gatillo fácil. Pero ahora volvió recargado: permite incluso disparar para evitar la fuga”, explicó.

Incluso alertó que el Gobierno busca trasladar ese enfoque al Código Penal, lo que significaría un respaldo legal permanente para situaciones como la que terminó con la vida de Thiago. “Eso se llama legitimación del gatillo fácil”, denunció.

La despedida de un padre destrozado

“Pa”, fue lo último que dijo Thiago antes de perder la conciencia en los brazos de su papá. Fabián Correa, su padre, estaba junto a él cuando lo alcanzó la bala perdida. En redes sociales, expresó su dolor: “Estoy destrozado, me dejaste hijito mío. Te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito”.