Glaciares en peligro: el oficialismo impulsa cambio legal

En una jugada que ya despierta fuertes rechazos, el Gobierno nacional avanzará con un decreto para modificar la ley de Glaciares (Nº 26.639), con el objetivo de ampliar las zonas habilitadas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas. Según confirmaron desde el oficialismo, la medida busca reducir el alcance de las áreas protegidas dentro del ambiente periglaciar para fomentar nuevas inversiones en sectores estratégicos.

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La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Economía en conjunto con la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, y apunta a otorgar mayor “seguridad jurídica” a proyectos de explotación que hoy están frenados por las restricciones ambientales.

Qué cambia con el nuevo decreto

La modificación, que se concretará a través de un decreto presidencial, pretende reducir las zonas vedadas para actividades extractivas, flexibilizando las condiciones para la liberación de residuos, el uso de químicos y la construcción de infraestructura vinculada al desarrollo económico.

Fuentes oficiales indicaron que se mantendrán restricciones para los glaciares descubiertos y cubiertos, y que se exigirá la presentación de informes de impacto ambiental para cada nuevo emprendimiento. No obstante, sectores ambientalistas y especialistas en derecho ambiental advierten sobre un serio retroceso en materia de protección ecológica.

La medida también trasladará facultades a las provincias para definir qué zonas podrán habilitarse para la actividad económica, un cambio clave que reaviva tensiones en torno al federalismo ambiental.

La ONU y los ambientalistas ya habían advertido

Los cambios que ahora se impulsan por decreto ya habían sido incluidos en las primeras versiones del proyecto de ley de Bases, aunque fueron eliminados ante la falta de respaldo legislativo. En ese momento, la ONU advirtió que la reforma era “regresiva” y podía afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”.

Desde la organización Jóvenes por el Clima Argentina, su presidenta Nicole Becker fue tajante: “Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, y subrayó que “esas zonas montañosas conservan muchísima agua”.

“En Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos en el mundo, están derritiéndose. El Perito Moreno, que ni siquiera es de los más afectados, perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años: eso equivale a 320 canchas de fútbol”, agregó. Becker concluyó con una advertencia contundente: “Nuestra vida en la Tierra depende de los glaciares. Proveen el 70% del agua dulce del planeta y ayudan a regular la temperatura global. No tiene sentido desprotegerlos aún más”.

Un fallo clave y un conflicto persistente

En 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley de Glaciares y dejó en claro que la responsabilidad de protección es compartida entre la Nación y las provincias. La norma obliga a realizar estudios de impacto ambiental y monitoreos permanentes, y prevé sanciones que van desde multas hasta el cese definitivo de las actividades.

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Además, establece la creación y mantenimiento de un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta clave para conocer y proteger estos ecosistemas.

Sin embargo, la ley fue desde el inicio eje de disputas con empresas mineras y con gobiernos provinciales interesados en habilitar explotaciones en zonas hoy vedadas. Con el nuevo decreto, el Gobierno vuelve a poner el tema en el centro de la agenda, priorizando las inversiones extranjeras por encima de las advertencias científicas y ambientales.