Juan Manuel Villarreal
En un clima de máxima tensión institucional, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aguarda en la sede del Partido Justicialista Nacional el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la causa Vialidad, que podría dejar firme una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Afuera, mientras tanto, se vive una jornada cargada de dramatismo político y social. Delegados sindicales enrolados en la CGT, encabezados por gremios como SMATA, ATE, La Bancaria y APL, protagonizan una serie de cortes masivos en rutas y autopistas del AMBA, en lo que denominan una muestra de resistencia ante lo que consideran un “acto de proscripción”.
Desde las primeras horas de la tarde de este martes, hubo interrupciones totales del tránsito en:
La convocatoria surgió de sectores combativos del sindicalismo, entre ellos trabajadores de fábricas automotrices y delegados gremiales, que se autoconvocaron con el respaldo tácito de la Confederación General del Trabajo. Según confirmaron desde InfoGremiales, la CGT emitió un duro comunicado titulado "La democracia está en peligro", en el que denuncia que el fallo sería parte de una operación de persecución judicial contra Cristina Kirchner.
Fuentes oficiales dejaron trascender que el Gobierno nacional evalúa enviar fuerzas federales para liberar los cortes y reforzar la seguridad en edificios públicos clave, en previsión de una escalada de las protestas. Se menciona un eventual despliegue de efectivos de Gendarmería y Prefectura en puntos estratégicos del AMBA.
La situación genera alarma en distintos sectores políticos. El dirigente social Juan Grabois habló directamente de un “Estado de sitio encubierto”, mientras que otros actores del arco kirchnerista, como los diputados Natalia Zaracho y Federico Fagioli, y el senador Oscar Parrilli, se hicieron presentes en la sede del PJ para respaldar a la ex mandataria.
Desde el fin de semana, militantes peronistas y agrupaciones afines a la ex presidenta mantienen una vigilia constante entre su domicilio en Constitución y la sede de la calle Matheu. Hoy, el movimiento cobró fuerza con la llegada de dirigentes sindicales, intendentes y legisladores que denuncian una maniobra judicial con fines electorales.
La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, fue contundente: “Es un golpe a la democracia”. En la misma línea se expresaron referentes del kirchnerismo que acusan al Poder Judicial de actuar bajo presión mediática y con el objetivo de inhabilitar políticamente a Cristina.
Fuentes judiciales ya confirmaron que los tres jueces firmaron sus votos, y sólo resta que se haga pública la decisión. Si el máximo tribunal rechaza los recursos de la defensa, la condena quedará firme y CFK deberá comenzar a cumplir su pena, abriendo un escenario incierto para el peronismo en plena campaña electoral.
