Sin acuerdo, el gobierno subió por decreto el Salario Mínimo

El Gobierno nacional formalizó, mediante la Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo, una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM): subirá a $317.800 desde el 1° de julio, en el cuarto tramo de un plan de cinco escalones que finalizará con un piso de $322.000 en agosto.

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La metodología implica aumentos mensuales desde abril ($302.600), pasando por mayo ($308.200), junio ($313.400), hasta completar el ciclo pactado.

Sin acuerdo en el Consejo del Salario: se impuso la resolución

La falta de consenso entre empresarios, sindicatos y el Estado en el Consejo del Salario derivó en la decisión del Gobierno de aplicar el aumento por decreto, en línea con el mecanismo establecido en mayo. El Ejecutivo se vio obligado a actuar tras no obtener los apoyos necesarios para ajustarlo mediante acuerdo tripartito.

Impacto en jubilaciones, desempleo y políticas sociales

Los jubilados que tienen un haber calculado en el 82% del SMVM aún no reciben ningún incremento, ya que el nuevo piso no supera el haber mínimo vigente. El seguro de desempleo se reajusta automáticamente según el SMVM —entre el 50% y el 100%—, beneficiando así a quienes están en situación de desempleo formal.

Becas y planes: más selectividad

El aumento redefine los umbrales de acceso para las Becas Progresar y programas sociales, ya que se calculan en función de múltiplos del SMVM, ampliando o restringiendo su cobertura.

El SMVM funciona como referencia obligatoria en la negociación salarial, especialmente en empleos informales o de bajo poder negociador. Sin embargo, según datos del INDEC, la canasta básica total (CBT) para una familia tipo superó los $850.000 en mayo de 2025, lo que ubica al nuevo salario mínimo en apenas el 37% de lo necesario para no ser pobre.

Inflación y poder adquisitivo: un combo adverso

Con una inflación mensual del 1,5% en mayo y una desaceleración anualizada al 43,5%, el SMVM sigue muy rezagado frente a los aumentos de precios.

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Sindicatos y organizaciones sociales advierten que el incremento “no cubre lo mínimo indispensable” y reclaman ajustes complementarios. El congelamiento de otras prestaciones sociales encendió alertas por el encarecimiento del costo de vida en un contexto de ajuste fiscal.