Protesta y audiencia clave por el conflicto en Georgalos
Despidos, paros y corte en la Panamericana: el conflicto en Georgalos escala y los trabajadores exigen reincorporación en una audiencia clave.
Política30 de junio de 2025

Este lunes por la mañana, trabajadores de la planta de Georgalos en Victoria volvieron a las calles con un corte en la Autopista Panamericana, acceso Tigre, para exigir la reincorporación de cinco operarios despedidos tras participar de medidas de fuerza. Acompañados por agrupaciones estudiantiles, organizaciones gremiales y sociales, los trabajadores denuncian despidos "discriminatorios y antisindicales" y exigen la intervención del gobierno bonaerense.
La protesta comenzó horas antes de una audiencia clave convocada para las 11 por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que ya había dictado la conciliación obligatoria, según informaron fuentes gremiales. Sin embargo, desde el sector denuncian que la empresa incumple con la medida. "Georgalos nos mantiene en relación de dependencia, nos paga el sueldo, pero no nos deja ingresar a planta", explicó Maximiliano Montero, uno de los despedidos.
Acusaciones cruzadas y clima de tensión
El conflicto comenzó el 5 de junio, cuando cinco operarios del turno mañana fueron separados de sus tareas tras una serie de paros que habían sido convocados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). "Tengo más de 20 años de antigüedad. Nos despiden por ejercer el derecho a huelga, es un acto inconstitucional", señaló Montero.
Desde la empresa, en cambio, aseguran que hubo "sabotajes" a las líneas de producción, pérdidas de turnos y daños materiales. Un comunicado interno de Georgalos advierte que "la solución de los conflictos no puede lograrse mediante actos extorsivos ni daños a la infraestructura".
El gremio lo niega y considera que se trata de un despido disciplinador. "Participaron 85 trabajadores de la medida, pero solo echaron a cinco. Es un mensaje para el resto", explicó Daniel Ávila, del Consejo Superior del STIA. Además, denuncia que la empresa canceló una audiencia previa y se negó a retrotraer los despidos.
Ajuste, flexibilización y responsabilidad del Gobierno
El delegado Andrés Torres, de la Agrupación Celeste y Blanca, vinculó los despidos con un "ajuste tremendo" que responde a las políticas económicas del gobierno nacional. "La empresa intenta adaptarse al nuevo escenario con menos personal y más producción al menor costo posible", afirmó.
Desde el STIA remarcan que los ritmos de trabajo se duplicaron, se redujo el número de operarios por máquina y cayeron los premios por productividad. "En lugar de dialogar, la empresa avanzó con los despidos y ahora incumple la conciliación", apuntó Ávila.
Los trabajadores consideran que se trata de un caso testigo. "Cuando se intenta ejercer un derecho, te echan. Están violando la Constitución", advirtió Montero. Además, reclaman mayor firmeza al sindicato nacional conducido por Rodolfo Daer, y esperan que el Gobierno de Axel Kicillof no ceda "a la voluntad de las empresas y su principal representante, Javier Milei".
Campaña en las calles y mirada puesta en la audiencia
El lunes 11 de junio los trabajadores ya habían realizado un corte parcial sobre el ramal Tigre de la Panamericana. También impulsaron acciones de difusión, afiches y actividades frente a la planta. La protesta de este lunes volvió a captar la atención mediática, con fuerte repercusión en redes sociales y presencia de dirigentes como el diputado nacional Nicolás del Caño, quien denunció la actitud de las fuerzas represivas.
Mientras la Gendarmería amenaza con desalojos, los trabajadores se aferran a la audiencia de este lunes como instancia decisiva. "Si se extiende la conciliación, tiene que ser con los despedidos adentro", exigieron.
El caso Georgalos se produce en un momento en que la empresa anunció inversiones por 100 millones de dólares para modernizar su planta de Córdoba. Sin embargo, desde la fábrica de Victoria denuncian que el ajuste lo pagan los trabajadores. Para el gremio, la estrategia empresarial apunta a instalar un precedente disciplinador bajo el paraguas de la "ley y el orden" promovido por la gestión nacional.
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