La Fiscalía retiró el pedido para que Cristina Kirchner vaya a una cárcel común
Juan Manuel Villarreal
En una audiencia clave realizada este lunes en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, retiró el pedido para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla en un penal la condena de seis años en la Causa Vialidad, diferenciándose así de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola.
Sin embargo, Villar solicitó que se evalúe un cambio de domicilio para continuar con la prisión domiciliaria, alegando posibles riesgos y molestias a vecinos en el actual departamento de la expresidenta, ubicado en la calle San José al 1100, en el barrio de Constitución.
El escrito del fiscal y los argumentos de fondo
Previo al inicio de la audiencia ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Villar presentó su posición por escrito. Allí sostuvo que, dado que Cristina ya cumple con arresto domiciliario y no ha incumplido ninguna regla de conducta, no corresponde endurecer la modalidad de ejecución de la pena.
“Por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”, expresó. No obstante, advirtió que el domicilio actual genera un impacto en la paz pública y podría representar riesgos para la propia seguridad de la expresidenta, especialmente por su exposición en balcones y visitas constantes.
“La permanencia de la condenada en el domicilio indicado ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos”, remarcó el fiscal, y agregó: “Es lógico disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios”.

El uso de tobillera electrónica, en debate
Villar también pidió que se mantenga la tobillera electrónica. Argumentó que ningún juez puede eximir de su uso sin informes técnicos previos, lo que, según su interpretación, fue pasado por alto en resoluciones anteriores de la misma sala.
En paralelo, los abogados defensores de CFK, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, se opusieron al uso obligatorio del dispositivo de control y pidieron que se elimine la regla que obliga a la exmandataria a pedir autorización para recibir visitas que no estén previamente registradas.
Qué define la Cámara de Casación y cuándo
Con los argumentos de las partes sobre la mesa, los jueces tienen cinco días hábiles para resolver si Cristina Fernández puede continuar con su prisión domiciliaria en la misma vivienda, si debe mudarse, y si corresponde levantar el uso obligatorio de tobillera y el régimen de visitas restringidas.
La resolución será clave no solo para el futuro inmediato de la expresidenta, sino también para el tono judicial del año electoral, en un contexto donde la causa Vialidad sigue generando tensiones políticas y mediáticas.

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