Violencia de género: el Gobierno eliminó dos iniciativas clave

El Ministerio de Justicia resolvió dar de baja dos programas que integraban el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tras concluir que no daban respuesta suficiente a la demanda social en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Así lo dispuso la Resolución 466/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Fin del Registro de Organizaciones y del Programa Acercar Derechos

La decisión oficial puso fin a las resoluciones 575/2021 y 55/2022, lo que implica la eliminación del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad y del Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por Motivos de Género.

El primero de estos instrumentos fue impulsado durante la gestión de Ayelén Mazzina, quien entonces estaba al frente del Ministerio. Su objetivo era relevar, sistematizar y acompañar a organizaciones sociales que trabajaban con mujeres y personas LGBTI+ en todo el país, generando articulación institucional y fortalecimiento de redes.

Por su parte, el Programa Acercar Derechos estaba orientado a ofrecer una respuesta integral a personas en situación de violencia por motivos de género, con una perspectiva de proximidad, interseccional e intercultural.

Falencias detectadas por la Unidad de Auditoría Interna

Sin embargo, según lo que arrojó un informe de la Unidad de Auditoría Interna, el programa evidenciaba debilidades estructurales importantes. De acuerdo con el análisis, el 38% de los casos asistidos no registraban acciones de abordaje ni de seguimiento, lo cual generó una seria advertencia sobre la capacidad operativa del dispositivo.

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Además, el 75% de los casos mostraba acciones activas sin actualizar desde hacía más de seis meses, mientras que el 26% carecía directamente de una estrategia integral de abordaje.

Incumplimientos formales y debilidades operativas

El informe también dio cuenta de múltiples irregularidades formales, como la ausencia de vinculación entre registros primarios y auxiliares, informes sin la firma de profesionales intervinientes y documentación incompleta o ausente.

Todo esto, según detalla la resolución, debilitaba el respaldo documental y la capacidad de control interno sobre los procedimientos, afectando directamente el circuito de supervisión de personas asistidas.

En ese sentido, el texto fue concluyente: “La auditoría concluyó que el circuito implementado por el Ministerio para el seguimiento de las personas asistidas y la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control”.

Criterio de eficiencia y reorganización estatal

La medida fue firmada por el actual titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y forma parte de un proceso más amplio de simplificación y reorganización del Estado, bajo la premisa de priorizar intervenciones con resultados verificables.

“Corresponde reasignar los recursos públicos hacia iniciativas útiles para el bien común y respaldadas por evidencia empírica, que permitan verificar resultados concretos y medibles y que aseguren eficiencia en la implementación de acciones con impacto demostrable y evaluable”, remarcó la resolución.

Implementación de la derogación

Finalmente, se instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Auditoría Interna y la Subsecretaría de Gestión Administrativa para que se adopten todas las medidas necesarias a fin de garantizar la aplicación efectiva de la derogación, en el marco de las nuevas competencias establecidas luego de la reforma ministerial.