El Gobierno puso en marcha la privatización de AySA

El Gobierno dio el primer paso formal para privatizar AySA, la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. La medida fue anunciada este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

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El plan contempla la transferencia del 90% del capital accionario a capitales privados. El esquema será mixto: una licitación pública nacional e internacional para elegir un operador estratégico, más una oferta pública inicial (IPO) para abrir el juego a otros inversores.

Empleados accionistas y participación estatal residual

Adorni confirmó que el 10% restante del capital quedará en manos de los empleados de la compañía, bajo el Programa de Propiedad Participada, vigente desde la estatización de AySA en 2006. La operación estará regulada por la Comisión Nacional de Valores, y según el Gobierno, respetará estándares internacionales para garantizar transparencia y seguridad jurídica.

Argumentos del Ejecutivo: déficit, morosidad y sobrecosto

El vocero explicó que la decisión de privatizar responde a una carga económica "insostenible" para el Estado.
“Desde su estatización en 2006, AySA demandó 13.400 millones de dólares en aportes del Tesoro”, aseguró Adorni. Además, los costos operativos se dispararon: la dotación de personal creció un 90% y la morosidad de los usuarios trepó al 16%, cuando históricamente era del 4%.

También apuntó contra el uso político de la empresa: durante la última gestión, se destinaron 4.800 millones de dólares a la compañía, de los cuales solo 200 millones fueron a obras, y el 25% de esas obras se concentraron en Tigre y Malvinas Argentinas, distritos ligados a la cúpula anterior de la empresa.

Superávit 2024: un anzuelo para atraer inversores

Pese a las críticas, el Ejecutivo resaltó un dato clave: AySA logró superávit en 2024 gracias al aumento de tarifas, lo que mejora su perfil frente a potenciales compradores. En la Casa Rosada lo consideran una señal positiva para tentar a capitales privados: “La empresa hoy constituye una buena inversión”, señalaron fuentes oficiales.

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AySA nació en 2006 para reemplazar a Aguas Argentinas, empresa privatizada en los ‘90 y controlada por la francesa Suez, cuyo contrato fue rescindido tras múltiples incumplimientos. Entre 2006 y 2015, AySA incorporó al servicio de agua potable a 3 millones de personas y 2 millones más al de cloacas, elevando las coberturas al 83,3% y 63,3% respectivamente.

Ahora, con un nuevo intento privatizador, el Gobierno vuelve a usar una narrativa ya conocida: “La privatización permitirá modernizar el precio y la calidad del servicio”, dijo Adorni, replicando argumentos similares a los que se escuchaban durante el auge del modelo de los ‘90.

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AySA no es la única en la lista. La Ley Bases habilitó la venta de otras siete empresas públicas: Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos e Intercargo, entre las principales. El desguace del Estado impulsado por el Ejecutivo ya está en marcha, y el caso AySA es solo el primer capítulo.