Juan Manuel Villarreal
En un giro inesperado, la Justicia ha decidido apartar al Ministerio de Salud de la Nación del rol de querellante en la causa que investiga las muertes causadas por el fentanilo contaminado. La decisión, que fue anunciada este miércoles, se produce en medio de una creciente presión por las implicancias que los organismos de control podrían tener en la cadena de responsabilidades.
La causa del fentanilo contaminado ya ha dejado al menos 96 muertos en todo el país. El fentanilo, un potente sedante utilizado en hospitales y clínicas, fue encontrado adulterado con bacterias que resultaron en las muertes de varios pacientes. La principal inquietud es cómo este producto, fabricado por los laboratorios HLB y Ramallo, llegó a ser distribuido a distintos centros de salud sin que se detectaran los riesgos.
La decisión judicial de apartar al Ministerio de Salud de la querella se basa en la sospecha de que organismos públicos podrían tener responsabilidad en omisiones o hasta connivencias en la distribución de estos medicamentos contaminados. La resolución también hace referencia a los posibles conflictos de interés que podrían haber existido debido al rol del Ministerio en la gestión del sistema de salud y su vinculación con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Este miércoles por la noche, diez personas fueron detenidas por su presunta vinculación con los laboratorios HLB y Ramallo. Entre los detenidos se encuentra Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, quien se entregó junto con su abogado. Los demás arrestados incluyen a directores técnicos y ejecutivos de las empresas involucradas.
El juez Ernesto Kreplak, encargado de la causa, también ordenó que otras siete personas sean citadas para declarar la próxima semana. Estas nuevas citaciones surgen a partir de la creciente evidencia recopilada durante las investigaciones, que apuntan a posibles fallas en el control de la fabricación y distribución del fentanilo contaminado.
Además de las detenciones, el caso ha puesto bajo el microscopio el papel de los organismos encargados de supervisar los laboratorios que fabricaron el fentanilo adulterado. El Ministerio Público Fiscal está evaluando la responsabilidad de la ANMAT, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y otras entidades regulatorias en el caso. En particular, se están revisando las malas prácticas de manufactura que se habrían dado en los laboratorios y las posibles complicidades.
Los peritajes realizados por el Cuerpo Médico Forense han sido fundamentales para avanzar en la causa. El informe inicial mostró que 12 de los 20 casos investigados indicaron una relación directa entre las muertes y las bacterias encontradas en el fentanilo. También se han examinado los registros de producción de los laboratorios implicados, que han revelado varias irregularidades en los procesos de fabricación.
Uno de los casos más conmovedores es el de Giovanni, un bebé que nació en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba y que, debido al fentanilo contaminado, ha pasado casi toda su vida en el hospital. Este caso ha generado gran atención en los medios y en la opinión pública, ya que pone en evidencia la vulnerabilidad de los pacientes más pequeños ante estos productos defectuosos.
