Qué dice la ley de Glaciares y qué quiere cambiar Milei

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con una reforma de la ley de Glaciares y ya envió el proyecto al Congreso para que comience su tratamiento legislativo. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a redefinir aspectos centrales de la norma vigente con el objetivo de establecer criterios técnicos más precisos que permitan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.

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Desde el Ejecutivo sostienen que la legislación actual, sancionada hace más de 15 años, generó conflictos interpretativos que impactaron directamente sobre la actividad económica, en especial en las provincias con potencial minero.

Los argumentos del Gobierno para impulsar la reforma

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno fue contundente. Señaló que la “mal llamada ley de Glaciares” presenta graves falencias interpretativas que derivaron en inseguridad jurídica, paralización de inversiones y afectación de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

“A más de 15 años de su sanción, la norma ha sido utilizada de manera discrecional, bajo criterios ideológicos, para frenar el desarrollo económico”, remarcaron fuentes oficiales. En ese sentido, afirmaron que la reforma busca fijar reglas claras, fortalecer los estándares ambientales vigentes y proteger exclusivamente a los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva.

Qué establece la ley de Glaciares vigente

La ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial. Además, introduce el concepto de ambiente periglacial, que comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico.

En zonas de media y baja montaña, la norma también incluye a los suelos saturados en hielo que cumplen funciones de reserva de agua, ampliando de manera significativa el alcance territorial de las áreas protegidas.

El artículo 6, en el centro de la discusión

Uno de los puntos más sensibles de la ley es el artículo 6, que prohíbe una amplia gama de actividades en zonas glaciales y periglaciales. Entre ellas, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Este artículo es el principal blanco de la reforma impulsada por el Gobierno, que busca flexibilizar las restricciones para habilitar proyectos productivos, en particular vinculados a la minería, bajo parámetros técnicos más acotados.

Minería, provincias y un nuevo escenario de debate

Desde la Casa Rosada consideran que la redacción actual del artículo 6 bloqueó inversiones estratégicas y generó conflictos judiciales prolongados. La reforma apunta a redefinir qué áreas deben ser protegidas de manera estricta y cuáles pueden ser compatibles con actividades productivas controladas.

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El debate promete abrir un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional, sectores ambientalistas y algunas provincias, que ven en la modificación de la ley una oportunidad para reactivar economías regionales y atraer inversiones, en un contexto de ajuste fiscal y necesidad de dólares.