Abusos en la Legislatura: cómo operaba la presunta trama sectaria

El expediente judicial que investiga a dos empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales reiterados reconstruye una trama que, según la fiscalía, se habría extendido durante casi una década y combinó militancia, vínculos laborales y una estructura con características sectarias. La causa, a cargo de la fiscal platense Betina Lacki, avanza ahora sobre los detalles del funcionamiento interno del grupo y los mecanismos de captación y sometimiento denunciados por al menos seis mujeres.

De acuerdo con las actuaciones, los hechos investigados no se limitan a episodios aislados, sino que describen una dinámica sostenida de manipulación psicológica, amenazas y abusos, en un contexto de fuerte asimetría de poder. Algunos de los episodios denunciados habrían ocurrido incluso dentro de oficinas de la Cámara alta bonaerense, lo que le imprime al caso una gravedad institucional particular.

Los imputados, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, se negaron a declarar ante la fiscal y permanecen detenidos luego de que la Cámara de Apelación y Garantías Penal de La Plata rechazara un hábeas corpus y confirmara la legalidad de las detenciones.

Aunque ambos tuvieron militancia en la agrupación kirchnerista La Capitana, en el expediente judicial la estructura investigada no es política sino la denominada “Orden de la Luz”, señalada por las denunciantes como el ámbito donde se desarrollaron las prácticas de captación, sometimiento y abuso.

Fuentes de la causa indicaron que el funcionamiento interno del grupo excedía lo estrictamente político y reproducía dinámicas propias de organizaciones coercitivas. En ese marco, integrantes de La Capitana rechazaron públicamente las acusaciones contra Rodríguez y Silva Muñoz y aclararon que, por indicación de la defensa, no realizarán declaraciones mientras avance el proceso judicial.

La captación y la lógica sectaria

Según relataron las denunciantes, todas jóvenes y en situación de vulnerabilidad socioemocional, el primer contacto se daba a partir de ámbitos académicos, políticos o de militancia. La promesa era el acceso a pasantías o puestos dentro del Senado bonaerense. Una vez incorporadas, quedaban sujetas a una estructura jerárquica que, siempre de acuerdo con los testimonios, operaba bajo el nombre de “La Orden de la Luz”.

La investigación describe a Rodríguez como quien habría detentado un rol central, presentado como un líder con supuestos “poderes especiales” o atributos sobrenaturales, mientras que Silva Muñoz aparece señalada como facilitadora en los procesos de captación y sometimiento. Esa organización, según las constancias del expediente, excedía lo político y reproducía dinámicas propias de grupos coercitivos, con control económico, emocional y espiritual sobre las víctimas.

Abad: "El futuro se construye con diálogo, esfuerzo y compromiso colectivo"

Uno de los elementos clave era el conocimiento exhaustivo que los imputados tenían de la vida personal de las mujeres. Esa información, de acuerdo con la fiscalía, era utilizada para profundizar la dependencia y ejercer presión. En ese contexto, las denunciantes relataron que eran obligadas a donar parte de sus sueldos y a obedecer directivas bajo amenazas, incluyendo la pérdida de sus puestos laborales.

Abusos reiterados y ámbitos del Estado

Los primeros hechos denunciados se remontan a 2015. En ese año, una de las víctimas relató haber sido abusada tras un encuentro en un domicilio particular, cuando tenía 18 años. En 2016, otra joven de la misma edad denunció un abuso sexual ocurrido en un departamento de La Plata, que habría estado mediado por amenazas con armas blancas.

Entre 2016 y 2017, siempre según el expediente, los abusos se habrían vuelto reiterados y sistemáticos, con la participación necesaria de Silva Muñoz. Las denuncias describen un incremento progresivo de la violencia sexual y psicológica, que se habría extendido durante varios años. A partir de 2017, la causa incorpora referencias a rituales, mensajes intimidatorios y controles propios de una estructura sectaria.

La fiscalía también valoró especialmente que algunos episodios habrían tenido lugar en ámbitos de militancia y dependencias del propio Estado, utilizados como mecanismos de captación. Entre 2018 y 2023, las víctimas relataron una profundización del control, con prácticas coercitivas, violencia física y continuidad de los abusos.

Una investigación en expansión

La causa cobró un nuevo impulso tras las últimas tres denuncias presentadas a mediados de este año, lo que derivó en los allanamientos y detenciones concretados el 29 de diciembre. En los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, armas blancas y material digital que ahora es analizado.

Tras las indagatorias, la fiscal Betina Lacki cuenta con un plazo de 15 días para resolver la situación procesal de los imputados. Según fuentes judiciales, hay más de 50 testigos ofrecidos, y no se descarta que, a partir del análisis del material secuestrado, surjan nuevos hechos o se amplíen las imputaciones.