Cristina Kirchner apeló las restricciones de su prisión domiciliaria

La defensa de Cristina Kirchner apeló las restricciones impuestas a su prisión domiciliaria y logró que la Cámara Federal de Casación revise la decisión que mantuvo el uso de la tobillera electrónica, los límites al régimen de visitas y las condiciones para acceder a la terraza del edificio de San José 1111.

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El planteo fue presentado luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazara, el pasado 5 de junio, un pedido para flexibilizar las condiciones bajo las cuales la ex presidenta cumple la condena de seis años de prisión en la causa Vialidad. La decisión quedó ahora bajo revisión del máximo tribunal penal federal.

El juez de ejecución de la condena, Rodrigo Giménez Uriburu, había desestimado los planteos de la defensa para retirar el dispositivo de control electrónico, modificar el esquema de visitas vigente y ampliar el uso de la terraza, que actualmente está permitido durante dos horas por día.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostuvieron que la resolución incurrió en “arbitrariedad” y cuestionaron los fundamentos utilizados para mantener las restricciones.

Los puntos centrales de la apelación

Uno de los ejes del recurso apunta al régimen de visitas. La defensa señaló que el argumento utilizado para limitar los ingresos al domicilio fue la necesidad de preservar la tranquilidad del entorno, pero sostuvo que esa justificación carece de sustento empírico porque ningún vecino del edificio presentó quejas.

El planteo también cuestionó las limitaciones para el uso de la terraza. Según los abogados, la resolución no explica de qué manera una flexibilización de esa condición podría afectar la convivencia dentro del edificio.

Otro punto de la presentación fue la conducta de la ex presidenta durante el primer año de detención. La defensa sostuvo que no se valoró adecuadamente el cumplimiento de las reglas impuestas y planteó una situación que consideró paradojal: un presunto incumplimiento vinculado con una visita simultánea de nueve economistas derivó en un régimen más restrictivo, pero el acatamiento posterior de las obligaciones no generó ningún beneficio.

Además, los abogados cuestionaron que se haya descartado la aplicación del principio de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal 24.660.

La discusión por la tobillera electrónica

La continuidad de la tobillera electrónica es otro de los puntos centrales de la apelación. La defensa citó un relevamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación y sostuvo que ese mecanismo de control tiene carácter excepcional.

A partir de ese informe, los abogados argumentaron que las condiciones impuestas a Cristina Kirchner presentan una severidad superior a la que reciben la mayoría de las personas que cumplen prisión domiciliaria. También reiteraron que no existe riesgo de fuga que justifique el uso del dispositivo.

El Tribunal, sin embargo, rechazó los pedidos al considerar que el cumplimiento de las reglas de conducta no constituye por sí solo una razón suficiente para concluir que las restricciones vigentes hayan perdido su fundamento.

También sostuvo que el régimen progresivo de cumplimiento de penas fue diseñado para personas alojadas dentro del sistema penitenciario y que la prisión domiciliaria constituye una modalidad excepcional, con reglas propias de supervisión y control.

El antecedente de la advertencia judicial

La discusión se produce al cumplirse un año de la detención domiciliaria de Cristina Kirchner. En la misma semana, el juez de ejecución le llamó la atención y la advirtió por un acto de apoyo realizado frente al edificio donde reside.

Durante esa manifestación se desplegó una pancarta sostenida por una estructura que unía un balcón ubicado enfrente con el de la ex presidenta. Según la resolución judicial, esa situación generó riesgos para la seguridad.

Al rechazar el pedido de flexibilización, el magistrado también había mencionado la necesidad de preservar la tranquilidad del barrio y garantizar una convivencia pacífica entre los habitantes de la zona.

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Ahora, la Cámara Federal de Casación deberá resolver si mantiene las condiciones actuales o si hace lugar al planteo de la defensa. En paralelo, los abogados de la ex mandataria evalúan la posibilidad de llevar el reclamo a instancias internacionales si no obtienen una respuesta favorable en el ámbito local.