
Polémica por el operativo para trasladar carpinchos en Nordelta
La Justicia habilitó el traslado de carpinchos en Nordelta y estalló la polémica. Ambientalistas y vecinos cuestionan el operativo de la Dirección de Flora y Fauna bonaerense.

Más de 12 mil hectáreas quemadas y una investigación en marcha: la Justicia desmintió al Gobierno y reveló datos clave del incendio. Avanza la causa.
Política12 de enero de 2026
Juan Manuel Villarreal
En medio de la emergencia ambiental que atraviesa Chubut, el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, brindó nuevos detalles sobre la investigación que busca determinar cómo se iniciaron los incendios forestales que ya afectaron a más de 12.000 hectáreas en la zona cordillerana.
Según el último informe oficial, 22 de los 32 focos detectados en la provincia ya fueron completamente extinguidos, mientras continúan las tareas de los brigadistas en un operativo conjunto entre la Nación y la Provincia. No obstante, la Justicia mantiene el foco en identificar a los responsables del incendio que impactó de lleno en Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y áreas rurales cercanas.
De acuerdo con las pericias realizadas, el foco inicial se habría producido en un punto aislado del bosque, ubicado entre El Hoyo y Puerto Patriada, a unos 200 metros del único camino de acceso a la zona.
“El lugar está en el medio de la nada, equidistante entre la localidad de El Hoyo y Puerto Patriada”, explicó Díaz Mayer, quien precisó que el inicio del incendio se ubica minutos antes de las 15 del lunes 5, entre las 14.40 y las 14.50.
El fiscal confirmó que se detectó la presencia de acelerantes, compatibles con combustibles, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional. Además, indicó que se investiga la posibilidad de que hayan existido dos focos simultáneos.
“Estamos analizando cámaras de seguridad, antenas telefónicas, testimonios y entrevistas tomadas por la Policía para reconstruir quién estuvo en el lugar”, detalló.
Uno de los puntos centrales de la causa es determinar la motivación detrás del incendio. En ese sentido, Díaz Mayer fue contundente: “En ese lugar no había fogón, no había un asado, no era un sitio de recreación”.
El fiscal subrayó la gravedad del hecho al remarcar que, al momento del inicio del fuego, Puerto Patriada estaba colmado de turistas, con unas 3.000 personas y más de 800 vehículos, lo que puso en riesgo la vida y la salud de quienes se encontraban en la zona.
Consultado sobre un posible trasfondo vinculado a proyectos inmobiliarios, Díaz Mayer sostuvo que esa línea “está dentro de las posibilidades”, pero la relativizó: “El lugar es una ladera de montaña, no parece apto para ese tipo de desarrollo”.
Mucho más tajante fue al referirse a la acusación contra comunidades mapuches, una hipótesis impulsada desde el Gobierno nacional. “No, no. Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad que vivimos”, afirmó el fiscal.
También desmintió versiones difundidas en redes sociales que apuntaban a ciudadanos extranjeros como responsables del fuego: “Se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa”.
Las declaraciones de la Justicia provincial contrastan con la postura del Ministerio de Seguridad, que habló de “indicios preliminares” que vincularían los incendios con grupos terroristas autodenominados mapuches.
En esa línea, la exministra Patricia Bullrich publicó en redes sociales que, de comprobarse esa responsabilidad, “las van a pagar como terroristas”, mientras que el gobernador Ignacio Torres mencionó la existencia de grupos violentos con intenciones de generar caos.

Desde la Justicia chubutense, sin embargo, pidieron evitar especulaciones sin respaldo probatorio y centrar la discusión en los avances concretos de la investigación penal.
Díaz Mayer confirmó que se realizaron más de 50 intervenciones junto a la Policía y que se investiga, además, una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del incendio.
En caso de comprobarse el carácter doloso del hecho, el responsable podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, según advirtió el fiscal.

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