Cámaras del transporte bonaerense denuncian un presunto fraude millonario
Pamela Orellana


Las cámaras empresarias del transporte de pasajeros de la provincia de Buenos Aires denunciaron ante el Gobierno nacional un presunto esquema fraudulento que habría generado un perjuicio millonario al Estado. El planteo apunta contra empresas del Grupo La Nueva Metropol y se da en un contexto de máxima fragilidad del sistema, con paritarias estancadas y una creciente amenaza de conflicto gremial.
Según las presentaciones realizadas ante la Secretaría de Transporte de la Nación, cuatro entidades del sector estimaron que la operatoria denunciada habría provocado un daño de alrededor de 30 mil millones de pesos a la administración que encabeza Javier Milei. Las denuncias fueron elevadas en tres oportunidades —el 26 y 30 de diciembre y el 15 de enero— y, por ahora, mantienen carácter administrativo, aunque no se descarta una eventual judicialización.
El escrito lleva las firmas de Roberto Rodríguez (Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires), Daniel De Ingenis (CETUBA), Daniel Tenisci (CEAP) y Fabio Ferreira (CEUTUPBA), quienes reclamaron una intervención urgente de las autoridades nacionales ante la magnitud del perjuicio denunciado.
El eje de la denuncia
De acuerdo con las cámaras, las empresas del Grupo La Nueva Metropol habrían cobrado a los usuarios tarifas correspondientes a secciones más largas que los trayectos efectivamente realizados. Esa maniobra, sostienen, habría permitido percibir compensaciones estatales superiores a las que correspondían por cada viaje.
Los empresarios afirmaron que el presunto esquema se habría sostenido durante al menos nueve meses a lo largo de 2025 y que resultaría fácilmente verificable a partir de los registros del sistema de cobro y liquidación de compensaciones. En ese sentido, remarcaron que los hechos implicarían tanto un desvío de fondos públicos como una violación de la normativa vigente.

Además, advirtieron sobre un doble impacto negativo: por un lado, los pasajeros habrían pagado montos más altos por recorridos más cortos; por el otro, el resto de las empresas del sistema habría recibido menos recursos, dado que las compensaciones provienen de una misma masa de fondos.
“Elevamos la tercera presentación sorprendidos y desconcertados por la escasa repercusión que ha tenido en el seno de vuestra Secretaría la referida denuncia”, señalaron en el escrito dirigido al titular de Transporte, Luis Pierrini.
Subsidios, salarios y presión gremial
La denuncia se conoce en medio de un escenario cada vez más tenso en el transporte público. La última negociación paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a fracasar tras el rechazo sindical a una oferta salarial del 1%, lo que reactivó la amenaza concreta de un paro nacional.
Desde el gremio que conduce Roberto Fernández, calificaron la propuesta como una “burla” y advirtieron que los trabajadores no aceptarán ser “rehenes” de la disputa entre las empresas del AMBA y el Estado nacional. La UTA recordó que el salario básico del sector ronda los 1.370.000 pesos, con adicionales incluidos, y remarcó el carácter alimentario del ingreso frente a la inflación.
En la última audiencia virtual, las cámaras empresarias expusieron que la falta de actualización de los subsidios limita cualquier mejora salarial posible, en un contexto atravesado por crecientes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
Las partes acordaron un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para este martes a las 14, mientras el sindicato reclamó la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y advirtió que, sin avances concretos, el conflicto podría escalar con impacto directo en el servicio.

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