Presuntos abusos en el Senado: la causa avanza con testimonios y peritajes mientras crece la presión política

La investigación judicial por los presuntos abusos sexuales cometidos por dos empleados del Senado bonaerense entra en una etapa clave. Mientras la fiscalía continúa recabando testimonios y analizando posibles maniobras que habrían frenado las denuncias en sus inicios, para este jueves está previsto el peritaje de los celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos, una medida considerada central para reconstruir cómo operaba la presunta organización.

En paralelo, el caso trascendió el plano judicial y abrió un frente político en la Cámara Alta bonaerense, donde La Libertad Avanza impulsa una comisión especial para analizar el funcionamiento interno de la institución, mientras que senadoras del bloque oficialista Unión por la Patria presentaron una iniciativa de acompañamiento a las víctimas y de reclamo de esclarecimiento de los hechos.

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En los últimos días, la causa sumó la declaración de Claudio Yacoy, abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, señalado por las denunciantes como parte de una supuesta maniobra que habría obstaculizado el avance de las denuncias en una instancia decisiva. Yacoy se presentó de manera espontánea ante la Justicia, aseguró que nunca fue notificado formalmente para declarar y negó haber realizado gestiones judiciales en el expediente.

Según consta en el acta judicial, la DDI intentó notificarlo sin éxito. El contacto se habría realizado a través de Melina Gaudino, exfuncionaria provincial mencionada reiteradamente en el expediente, quien —de acuerdo a una fuente judicial— habría facilitado un número telefónico erróneo. Para los investigadores, ese episodio se suma a una serie de inconsistencias que ahora son evaluadas bajo la hipótesis de un posible entorpecimiento de la investigación o incluso un eventual encubrimiento.

Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda.

El foco sobre intermediarios y el inicio fallido de las denuncias

Las denunciantes relataron que, tras decidir denunciar los abusos, durante meses creyeron que la causa judicial avanzaba. Según sus testimonios, se les aseguró que se habían presentado escritos, solicitado medidas de protección y mantenido reuniones con la fiscal y el juez interviniente.

Sin embargo, al concurrir personalmente a la fiscalía, descubrieron que no existía ninguna actuación judicial y que las denuncias ni siquiera habían sido formalmente ingresadas. Ese hallazgo expuso el rol de quienes habrían actuado como intermediarios.

Melina Gaudino fue mencionada por al menos tres denunciantes como la persona que se ofreció a ayudarlas. Según consta en el expediente, fue quien las puso en contacto con Yacoy y quien, durante meses, les aseguró que el proceso estaba en marcha.

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Tal como se desprende del material incorporado a la causa, Gaudino fue directora de Coordinación Municipal en el Ministerio de Seguridad bonaerense y fue apartada de ese cargo en diciembre de 2023. Durante 2024 se desempeñó como titular del área de Acceso a la Justicia de la Municipalidad de La Plata, puesto del que también fue desplazada a fines de ese mismo año.

Su conducta es hoy analizada por la fiscalía ante la sospecha de que pudo haber contribuido, por acción u omisión, a que las denuncias no avanzaran cuando las víctimas aún se encontraban bajo amenaza.

Peritajes clave y reacción política en el Senado

La causa principal tiene como imputados a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado bonaerense y referentes del movimiento kirchnerista La Capitana en La Plata. Permanecen detenidos desde fines de diciembre, procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019. La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, deberá definir si solicita la prisión preventiva.

Según la fiscalía, los acusados habrían montado una organización con rasgos sectarios denominada “La Orden de la Luz”, con un esquema sostenido de manipulación psicológica, amenazas y abusos. En ese marco, el peritaje de los celulares y otros dispositivos electrónicos previsto para este jueves 22 es considerado determinante para establecer comunicaciones, roles y la posible existencia de una red de protección alrededor de los imputados.

En paralelo, senadoras bonaerenses cercanas al kirchnerismo presentaron un proyecto declarativo dirigido a la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, para que el Senado se expida institucionalmente. “Esta casa legislativa no puede permanecer indiferente ante una denuncia de tal magnitud”, sostienen en el texto firmado por María Rosa Martínez y otras legisladoras, que reclama celeridad judicial, determinación de responsabilidades y contención para las víctimas.

Los investigadores estiman que podría haber al menos 20 víctimas, algunas menores de edad al momento de los hechos. Muchas aún no denunciaron, pero podrían aportar su testimonio como testigos en el avance de la causa.