“Un modelo social y productivamente insostenible”: cierres, despidos y suspensiones agravan la crisis industrial bonaerense

El cierre de plantas, las suspensiones y los despidos en la provincia de Buenos Aires escalaron en las últimas semanas de la dimensión económica a la disputa política abierta entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei. En ese marco, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, fue categórico: se trata de “un modelo social y productivamente insostenible”.

El nuevo capítulo se escribió en las últimas horas con la decisión de Georgalos de avanzar con más suspensiones y una reducción salarial del 20% en su planta de Victoria. La empresa ya había suspendido durante tres meses a sus 600 operarios. El caso se sumó al cierre de FATE y a una lista creciente de empresas que bajaron la persiana o achicaron su producción en territorio bonaerense.

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Desde la Gobernación sostienen que el deterioro no es aislado ni sectorial, sino consecuencia directa del rumbo nacional. “El círculo vicioso del modelo nacional: ajuste y apertura comercial, caen la producción, los ingresos y el consumo, cierran empresas, crecen los despidos y el endeudamiento y vuelve a caer la producción. No es casual, es causal”, afirmó López al difundir el último informe sobre actividad económica.

Kicillof eleva el tono

La respuesta tuvo un punto alto la semana pasada, cuando Kicillof reunió a más de 150 representantes productivos junto a los ministros Augusto Costa y Javier Rodríguez. Allí, el gobernador responsabilizó directamente a la Casa Rosada por el escenario industrial.

“Todos los sectores industriales, turísticos, de la construcción o de servicios están viviendo una calamidad a causa de un Gobierno nacional que implantó una política antiproductiva”, afirmó. Y fue más allá: “Desde que llegó este Gobierno nacional cerraron 21 mil empresas y se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo: están cumpliendo a la perfección el plan de exterminio de la industria”.

Para la administración bonaerense, el conflicto excede lo económico y se inscribe en una disputa de modelos. En ese marco, la referencia a un esquema “social y productivamente insostenible” sintetiza la estrategia discursiva de la Provincia: ubicar la crisis industrial como resultado de decisiones políticas del Ejecutivo nacional.

El impacto territorial y el rol de los intendentes

La tensión también baja a los distritos. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, describió un panorama complejo: “El sector industrial está en serios problemas. En la mayoría de los casos no solo no se incorporó personal, sino que hubo despidos. Eso significa sueldos que dejan de ingresar a la comunidad”.

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Barenghi advirtió además que la caída de la actividad repercute en las finanzas municipales. “La baja en la coparticipación nos ha impactado muy negativamente, sobre todo en el sistema de salud”, explicó, al detallar que el hospital local es el único prestador para la comunidad.

En contraste, desde Las Heras, el intendente interino Juan Cerezo planteó que la reapertura del frigorífico regional —que había dejado a más de 220 familias sin empleo— busca ir “a contramano de la situación del país”. “Estamos viviendo tiempos en donde se está perdiendo mucho empleo”, sostuvo, y destacó el acompañamiento del Banco Provincia para sostener la reactivación.

Con más de 5.600 empresas cerradas y 62.000 empleos menos en territorio bonaerense entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, la discusión dejó de ser meramente sectorial para convertirse en eje de confrontación política. En palabras de López, “la destrucción de empresas y empleos es la norma bajo este Gobierno nacional”.